La justicia argentina deberá decidir si envía o no a Venezuela a Guillermo Rafael Boscán Bracho (El Yiyi), quien fue capturado en esa nación el lunes pasado.
La detención de alias El Yiyi en la provincia de Corrientes, se produce por parte de la Policía Federal de Argentina porque este poseía una notificación roja de Interpol que obliga a los 194 países adheridos a la Policía Internacional capturar a los delincuentes requeridos y entregarlos vía extradición al tribunal que lo solicita. Los agentes de esa nación chequearon la documentación y constataron dicha notificación roja.
En este caso, El Yiyi tiene tres órdenes de aprehensión: 9CS302722, 13C269392022 y 00523. Las dos primeras emitidas en abril de 2022 por los tribunales 9° y 13° de control de Maracaibo. Y una más reciente del Tribunal 3° de Control Antiterrorista de Caracas.
Esas referencias judiciales están contenidas en la ficha de Interpol A-6370/8-2022, expediente 2022/41307, donde se señala que El Yiyi es buscado para un proceso penal por nueve delitos: extorsión, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, obstrucción a la libertad de comercio.
El Yiyi dirige una organización delictiva que opera en Zulia, donde extorsiona a comerciantes, empresarios y agroproductores. Y aquellos que se opongan, son hostigados por las células de El Yiyi, quienes lanzan artefactos explosivos contra las residencias de las víctimas o locales comerciales de estas.
Por fuentes judiciales conocimos que ya Venezuela activó el proceso de extradición para que Argentina entregue a alias El Yiyi. Pero existe expectativa en cuanto a la decisión que puedan tomar las autoridades judiciales argentinas, criticadas por Venezuela porque incautaron en junio de 2022 un avión de la estatal Emtrasur.
Ese proceso llegó a su fin en mayo pasado, cuando la Cámara Federal de La Plata tomó una decisión judicial que dejó el campo abierto para que la aeronave venezolana fuera enviada a Estados Unidos, país que considera terroristas a los tripulantes del avión.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro catalogó el hecho como una “violación flagrante de las libertades del aire, conforme al artículo 140 de la Ley Orgánica de la Autoridad Aeronáutica Civil”.
Esas autoridades judiciales argentinas son las mismas que debatirán el pedido de extradición de Venezuela para que envíen a alias El Yiyi.
Venezuela y Argentina suscribieron la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que los obliga a prestarse mutua cooperación en la persecución de delincuentes prófugos incursos en el diseño de grupos criminales para cometer “delitos atroces”, entre otros.
La Asamblea Nacional venezolana aprobó el 14 de agosto de 2001 la Ley Aprobatoria de la “Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional”. Esa misma Convención fue ratificada por Argentina el 19/11/2002, según documentos de Naciones Unidas.
(Eligio Rojas / Últimas Noticias)
