El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) murió este miércoles a los 86 años de edad, tras un deterioro en su salud durante las últimas jornadas, según confirmó a la prensa su abogado, Elio Riera.
El exmandatario, quien estuvo en la cárcel al ser condenado por delitos de lesa humanidad y posteriormente fue excarcelado en diciembre de 2023, falleció en casa de su hija Keiko Fujimori, donde se encontraba.
Poco antes, fuentes cercanas a la familia manifestaron que su estado de salud se agravó y, por tanto, se esperaba «lo peor». El hombre tenía cáncer en la lengua.
Hasta su fallecimiento, el exmandatario estuvo rodeado de polémicas. Siempre negó los delitos que se le imputaron y que, en la mayor parte de los casos, quedaron probados.
Figura polémica
Nacido en Lima en 1938, en una familia de clase media integrada por una pareja de inmigrantes japoneses, Fujimori supo convertirse en una de las figuras políticas más importantes y poderosas en la historia del país.
Y de las más polarizantes, ya que todavía hoy existe un sector de la población que lo defiende y respalda su década de Gobierno, a pesar de los múltiples casos de corrupción y de las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en esa época.
El argumento que suelen dar a su favor es que «puso orden» y terminó con la violencia política que arrastraba Perú en la década de los 80 con las guerrillas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) como protagonistas. Pero, a cambio, Fujimori encabezó un régimen que se extendió gracias a un autogolpe de Estado y en el que las autoridades impusieron sus propias tácticas de terror.
Nada de ello podía anticiparse en el joven que en los años 50 se graduó de ingeniero agrónomo y que después se convirtió en profesor de la Universidad Nacional Agraria, luego en rector y, ya en 1987, en presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Parecía que la vida académica sería su destino.
Pero faltaban solo tres años para las elecciones que, contra todos los pronósticos, lo convertirían en presidente.
De las elecciones al autogolpe
En 1990, Fujimori se postuló por primera vez a la Presidencia de Perú. Era un candidato marginal, desconocido. La contienda la protagonizaban el escritor Mario Vargas Llosa, que era el amplio favorito, y Luis Alva, el abanderado del oficialismo que tenía todas las de perder, dado el desprestigio del entonces presidente Alan García.
Pero el rector universitario se erigió como el candidato sorpresa. En la primera vuelta, Vargas Llosa obtuvo el 32,5 % de los votos y Fujimori, el 29 %. Por primera vez en la historia de Perú, se tuvo que realizar un balotaje que se llevó a cabo el 10 de junio.
Fujimori arrasó con el 62 %. No tenía experiencia de Gobierno, ni en la política, ni un programa, ni equipo. Había ganado con la promesa de combatir al neoliberalismo, aunque de inmediato se convirtió en uno de sus representantes más fieles. Ofreció combatir la pobreza y la corrupción y terminar con los privilegios, pero hizo todo lo contrario.
A las mentiras de su campaña le sumó el autoritarismo. El 5 de abril de 1992, apenas dos años después de haberse colocado la banda presidencial, Fujimori encabezó un autogolpe de Estado al disolver, con el uso de las Fuerzas Armadas, el Congreso e intervenir el Poder Judicial. Dejó de ser un presidente para ejercer como dictador con plenos poderes.
Aunque en 1993 se emitió una nueva Constitución, la democracia peruana quedó herida de muerte.
Además, desde el inicio de su mandato, Fujimori contaba con el auxilio de Vladimiro Montesinos, su jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, una de las figuras políticas más oscuras de América Latina y quien operó el entramado de corrupción y persecución a todo tipo de opositores. Hoy cumple una pena de 25 años de prisión, desde donde jamás ha dejado de ofrecer sobornos.
En 1992, el Gobierno tuvo dos hitos que dispararon una popularidad en favor de Fujimori que pervive hasta hoy: capturó a Víctor Polay Campos y a Abimael Guzmán, líderes del MRTA y Sendero Luminoso.
Gracias en parte a estas detenciones, el presidente se reeligió en 1995 con el 64 % de los votos. Es decir, más de los que había recibido apenas cinco años antes.
Poder perpetuo
En la cúspide de su poder, Fujimori impulsó una ley de amnistía que beneficiaba a todos los representantes del Estado involucrados en violaciones de derechos humanos.
Aún contaba con el apoyo mayoritario de la población, que se fortaleció en diciembre de 1996 con la crisis que desató la toma de más de 800 rehenes que el MRTA secuestró en la Embajada de Japón en Lima y a los que, gracias a la intervención del Vaticano, fue liberando en las semanas siguientes.
Cuatro meses después, con la mirada internacional puesta en Perú, una operación militar, que se transmitió en vivo por televisión, rescató a las decenas de rehenes que quedaban en la sede diplomática. Fue el último fracaso de la guerrilla.
La crisis económica y los frecuentes casos de corrupción ya afectaban al Gobierno. En plena debacle, Fujimori comenzó a maniobrar para alargar su permanencia en la silla presidencial. Con el pretexto de que la nueva Constitución se había aprobado en 1993, afirmó que la de 1995 había sido su «primera» elección. La de 1990 no contaba, así que volvería a postularse en 2000.
Y así lo hizo. A pesar de las protestas masivas, compitió y se declaró ganador frente al economista Alejandro Toledo. Los comicios quedaron bajo lo sospecha de fraude. Tanto, que incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios países europeos desconocieron los resultados y denunciaron las arbitrariedades de Fujimori, quien ignoró todos los reclamos y volvió a asumir la Presidencia.
Fue entonces que estallaron los ‘vladivideos’, como se bautizó la filtración de videos que demostraban que Vladimiro Montesinos grababa a políticos, empresarios y todo tipo de personajes cuando les entregaba sobornos. Así después podía chantajearlos. La cleptocracia en su máximo esplendor. El escándalo le costó el cargo al todopoderoso asesor, quien terminó huyendo del país.
Fin de la impunidad
Fujimori realizó a fines de 2000 una gira internacional en Asia que debía terminar en Panamá para participar en la X Cumbre Iberoamericana. Pero jamás llegó.
A sabiendas de que el cerco en su contra se estaba cerrando, el ingeniero agrónomo aprovechó que tenía la nacionalidad japonesa y se fugó a Tokio. Desde ahí, renunció por fax a la Presidencia que había ocupado durante los últimos 10 años. Las formas eran tan anómalas, que el Congreso rechazó la renuncia y lo destituyó. A partir de entonces, el Gobierno encabezado por Alejandro Toledo solicitó la extradición de Fujimori, pero Japón siempre se negó.
En noviembre de 2005, evadiendo las órdenes de captura internacional que había en su contra, Fujimori llegó en un vuelo privado a Chile, donde quedó detenido, aunque la Justicia chilena tardaría casi dos años en extraditarlo.
El 22 de septiembre de 2007, finalmente, Fujimori fue llevado a Perú para comenzar a pagar por sus crímenes.
Por las masacres de Barrio Altos y La Cantuta, crímenes de lesa humanidad ocurridos en 1991 y 1992 y que dejaron un saldo de 25 muertos, fue condenado a 25 años de prisión. En otras causas también se le encontró culpable de usurpación de funciones, lesiones graves, abuso de autoridad, secuestro agravado, peculado doloso, apropiación de fondos, falsedad ideológica en agravio del Estado, sobornos, interceptaciones y escuchas telefónicas y la compra ilegal de medios de comunicación, entre otros. La lista de delitos parecía interminable.
Parecía que no podría evadir el castigo pero, en la Navidad de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo benefició con un «indulto humanitario» solicitado por los abogados defensores con el pretexto de su avanzada edad y estado de salud. En medio de la condena de una parte de la sociedad peruana y las celebraciones de otra, y con críticas de organismos internacionales de derechos humanos, Fujimori se fue a su casa. Le duró poco. Casi un año después, la Suprema Corte de Justicia determinó que debía volver a prisión.
Fujimori pasó casi cuatro meses internado en una clínica hasta que fue llevado de nuevo a la cárcel. La polémica continuó desde entonces por las privilegiadas condiciones carcelarias del expresidente, quien era el único preso en un espacio de 800 metros que incluía dormitorio, sala, un taller para que pueda pintar, biblioteca, enfermería y el acceso a un jardín en el que cultivaba flores, entre otras comodidades que lo convertían en una detención única en su tipo en un país que padece hacinamiento carcelario.
Maniobras y más juicios
Durante las campañas presidenciales de 2021, su hija, Keiko Fujimori, reconoció que, si ganaba, una de sus primeras medidas sería indultar a su padre. Después de un largo conflicto postelectoral no tuvo más remedio que reconocer su derrota frente a Pedro Castillo, por lo que el debate sobre la detención del expresidente se enfrió en la agenda pública.
El 17 de marzo de 2022, sin embargo, el Tribunal Constitucional sorprendió al declarar fundado un habeas corpus interpuesto por Gregorio Parco Alarcón, un abogado que ni siquiera era defensor de Fujimori y que pedía que se revirtiera la anulación del indulto. El expresidente podía quedar en libertad.
Varias encuestas demostraron que el país estaba dividido en dos, ya que entre el 43 % y el 52 % se manifestó a favor de que el expresidente fuera liberado. Los márgenes de error de cada sondeo implicaban un empate técnico entre ambas posturas, las cuales también se reflejaban en las redes sociales.
Poco antes había comenzado el juicio por el caso de miles de mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000.
A Fujimori se le acusó de haber puesto en marcha una política de planificación familiar violatoria de los derechos humanos que lo único que buscaba era esterilizar a mujeres de escasos recursos para que su gobierno pudiera demostrar una reducción de la pobreza.
La resolución del Tribunal Constitucional que permitía la libertad de Fujimori quedó paralizada gracias a un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que advirtió que, antes de concretar la medida, el Estado peruano debía informar el trabajo que había realizado para investigar, juzgar y sancionar los crímenes por los que Fujimori estaba condenado.
En agosto de 2022, sus abogados presentaron, sin éxito, un nuevo recurso para insistir con su liberación.
A principios de febrero de 2023, nuevamente, la Justicia peruana rechazó un recurso presentado por la defensa del exmandatario, que buscaba anular la sentencia de 25 años de prisión; por tanto, se determinó que continuaría cumpliendo su condena en prisión.
No obstante, en diciembre de 2023, fue liberado por orden del Tribunal Constitucional, en consideración a su avanzada edad y precario estado de salud.
(RT)
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