El abogado estadounidense, Jhon Pate, asesinado el domingo en Caracas, estuvo procesado por el delito de apropiación indebida en un caso relacionado con la compra de los activos de la linea aérea Aeropostal en el año 1996, de acuerdo con registro periodísticos y del poder judicial venezolano, que son de acceso público.
Asimismo Pate fue demandado por cobro de honorarios profesionales por su defensores en una serie de procesos penales a los que se vio sometido luego de un tribunal de Caracas determinó que era cómplice de la apropiación indebida en perjuicio de una corporación financiera de EEUU, que participaba con socios locales en la reprivatización de la aerolínea propiedad del Estado.
En el litigio por el cobro de honorarios actuaron los juristas Augusto Matheus Pinto y José García Guevara, además de Alberto Arteaga Sánchez, un antiguo decano de la facultad de derecho de la Universidad Central de Venezuela y defensor del presidente Carlos Andrés Pérez, destituido tras un antejuicio de mérito por un caso de desvío de fondos públicos.
Pate, quien fue localizado muerto en su apartamento de un exclusiva urbanización del sureste de la capital venezolana, era uno de los dos socios principales del reputado escritorio jurídico De Sola Pate & Brown, dedicado a asuntos corporativos, asistencia empresarial y propiedad intelectual. El otro socio es Arturo De Sola Lander, ligado a acaudaladas familias de la burguesía venezolana y al menos a un exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia.
Con Pate, quien tenía 70 años, fue localizada herida su novia, Sally Elizabeht Evans, de 67 años, con quien convivía, según declaró un hijo del estadounidense, citado por medios internacionales. La mujer también es estadounidense, aunque está radicada en la nación suramericana desde hace muchos años, pues su familia es o fue la fundadora de Danibisk, una popular marca de galletas. El Ministerio Público informó que fue ingresada a un centro médico aunque no precisó la magnitud de sus lesiones.
De acuerdo con el diario El Universal, del 15 de agosto de 1997, el Tribunal XIV Superior Penal, a cargo de la juez Carmen Marina Dávila, ordenó la detención del director general de Corporación Alas de Venezuela, Nelson Jesús Ramiz, y de su esposa y socia, Haydelen Velásquez Morales, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida calificada.
El fallo también afectó al representante legal de ambos, John Ralston Pate, quien está indiciado como cómplice en el delito de apropiación indebida calificada y además por estar presuntamente incurso en el ejercicio ilegal del Derecho.
De acuerdo con el relato del abogado Manuel Barreto, representante en el área penal de Alas International, la apropiación indebida habría ocurrido presuntamente con 21 millones de dólares que Alas International habría entregado (al equipo conformado por Ramiz, Pate y Velásquez) para la compra de los activos que pertenecían a la desaparecida línea aérea Aeropostal Venezolana.
Alas International habría entregado inicialmente un millón de dólares necesarios para participar en la venta judicial que se iba a hacer de los activos de la aerolínea. Ese dinero era para un depósito en garantía que debía hacerse en el tribunal y que tenía carácter reembolsable, una vez que fuera concluida la venta.
Una vez obtenida la buena pro Corporación Alas de Venezuela ganó el remate -no hubo otro oferente- y pudo adquirir los activos de Aeropostal por 20 millones de dólares.
Este dinero también habría sido remitido por Alas International.
De acuerdo con la versión del abogado Barreto, en el contrato suscrito entre Alas International y Nelson Ramiz -y su esposa Haydelen Velásquez- se estableció que todos los bienes adquiridos pertenecían a Alas International y que por tanto Ramiz se obligaba a transferirlos inmediatamente, pues había actuado únicamente en condición de comisionista, por lo cual le correspondía sólo el 5% del valor total de la transacción.
En 2008 la línea de aviación fue vendida al Grupo Makled, una familia de ascendencia siria, perteneciente a la burguesía comercial del centro del país. Sin embargo los vínculos de su integrante más prominente, Walid Makled, con el narcotráfico, terminó por forzar al Estado a hacerse cargo de la firma y la opera actualmente como empresa pública.
(La-tabla.blogspot.com)
