En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas informó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está ahondando sobre una presunta red de corruptela que se instauró en el estado La Guaira y que tiene como autores materiales e intelectuales a distintos representantes jurídicos que hacen uso de su poder para chantajear a la ciudadanía a través de falsos expedientes y obtener ganancias monetarias.
Rojas apuntó que hay fiscales, jueces y policías involucrados en este juego de intereses. “¿Cuál es el modus operandi de la develada red? La potencial víctima es citada por un funcionario policial para informarle que está siendo investigado por tales y cuales delitos; pero que sí cancela una determinada cantidad en dólares esos delitos quedarán borrados”, detalló el periodista.
Una de las víctimas de este fraude legal es Ezio Simone Di Carlo, cuya hermana falleció de un infarto tras la emisión del falso reporte policial, el cual fue estructurado por Jhonatan Araujo, adscrito a la dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana.
Di Carlo acudió a la sede de la Fiscalía Superior del estado La Guaira el 2 de noviembre del 2023, dado a que recibió una citación por parte de Araujo a través de WhatsApp. En esa ocasión, la víctima respondió a la convocatoria en compañía de su abogado, el señor Marcos Rojas.
¿Por qué lo citaron?
El motivo del citatorio estaba anclado en la estafa contra la ciudadana Zulay Urbina; pero al cabo de unos días el contexto inicial dio un giro de 180 grados.
“Él (Di Carlo) decidió acudir a la Fiscalía Superior por el temor a ser intimidado en la sede policial; sin embargo, una fiscal auxiliar de dicho ente le ordenó a trasladarse hasta la sede de la Policía Nacional Bolivariana”, comentó.
Al llegar a la sede fue recibido por Araujo, quien le abre un expediente al incluir el número de serie y tomar un registro fotográfico.
“Realizado ese trámite, Di Carlo se retiró del despacho policial; pero nuevamente es citado vía WhatsApp. El 23 de noviembre, desde el despacho policial, el funcionario Jonathan Araujo, le formula una serie de acusaciones, entre ellas estafa y violencia sexual. Posteriormente, el mencionado agente policial le dice que para salir de ese despacho es necesario que le entregue la suma de 60 mil dólares, a lo cual Di Carlo responde que solo posee 200 dólares en su cuenta bancaria”, relata Rojas.
Al no obtener el soborno en efectivo, Araujo propuso que desistiera de su vehículo: “Él (Araujo) dice que acepta bienes y sugiere entregarle la camioneta al abogado Pascual Napolitano, como pago de los honorarios por haberlo acompañado a esa comparecencia. El policía prosigue y pidió 10 mil dólares para la fiscal segunda del Ministerio Público La Guaira y para su persona un apartamento ubicado en la urbanización Concresa, municipio Baruta, además de otro que queda en las residencias Puerto Escondido, Catia La Mar, estado La Guaira. Es decir, querían dos apartamentos”.
La extorsión arrojó una baja civil
Al ver que no conseguían que la víctima cediera a sus demandas, tanto el policía como los abogados implicados procedieron a difundir un falso expediente que llegó a la hermana de Di Carlo.
“La idea era que esa historia llegara a oídos de la hermana de Di Carlo, quien al escuchar esos cuentos, falleció de un infarto. A raíz de la denuncia formulada por la víctima, el sistema de justicia abrió una investigación, solamente, al funcionario policial Jonathan Alfonso Araujo González, como presunto responsable de la extorsión ejercida sobre Di Carlo”, señaló el periodista.
A Araujo se le acusó de extorsión agravada y agavillamiento; no obstante, la jueza que presidió el caso, Leydis Romero García, desestimó el delito.
“La jueza Leydis Romero García no encontró que el funcionario policial, ni los dos abogados, hayan cometido delito alguno. Tampoco ordenó la devolución de los bienes a la víctima que le quitaron al momento en que lo estaban extorsionando. Ante ese callejón sin salida, la víctima, Ezio Simone Di Carlo solicitó la intervención de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia donde consignó un avocamiento. (…) En el avocamiento, la víctima denunció a la jueza Leidys Romero García como la responsable de proteger a la presunta red de corrupción integrada por policías, jueces y fiscales del Ministerio Público que operan desde el estado La Guaira”, resaltó.
Para conocer más detalles haga clic en el video adjunto.
(Laiguana.tv)
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