El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha dirigido sendas comunicaciones a los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, demandando de ellos respuestas sobre la situación de los 252 venezolanos secuestrados en Estados Unidos y privados ilícitamente de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La versión, aún extraoficial, fue divulgada por el abogado venezolano Ignacio Ramírez, quien aseguró tener fuentes confiables.
La comunicación remitida por Türk a los dos mandatarios expresa la preocupación del ente multilateral en tono al trato de los migrantes en general en EEUU, pero hace hincapié en la situación de los venezolanos que se encuentran, en la práctica, secuestrados en El Salvador.
“Hay un deterioro del estado de derecho en EEUU para los migrantes, del que se ha hecho cómplice Bukele. El Alto Comisionado ha hecho un emplazamiento bastante fuerte, aunque dentro de los cánones de la diplomacia multilateral”, dijo Ramírez, presidente de la Federación Nacional de Derechos Humanos de Venezuela (Fenaddeh).
El gobierno venezolano ha protestado por la inacción del Alto Comisionado, pero esta información parece indicar que el funcionario sí ha realizado gestiones al respecto. Trascendió que Trump y Bukele tienen oportunidad para responder al llamado de Türk hasta el 16 de junio. En caso de que no haya respuesta, el organismo de la ONU hará pública la carta.
Presión internacional da resultados
Por otro lado, un grupo de expertos y relatores vinculados a Naciones Unidas emitieron un comunicado conjunto de reclamo del secuestro de los 252 connacionales, luego de las gestiones realizadas por el gobierno nacional y después de que Ramírez, a nombre de Fanaddeh, presentara el caso ante el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias, con el respaldo de una parte de los familiares de los venezolanos.
La participación de los familiares ha sido fundamental porque ni el gobierno de EEUU ni el de El Salvador han procedido siquiera a identificar a las personas privadas de libertad. Por eso, Fenaddeh recomienda a los que aún no lo han hecho a que presenten sus recaudos ante la representación del Alto Comisionado en Caracas, en las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicada en la urbanización Los Palos Grandes.
Los funcionarios y especialistas que suscribieron el documento forman parte de los llamados mandatos de la ONU, entidades y grupos de trabajo que no forman parte de la estructura central de la organización, pero sí disponen de sus plataformas y apoyo para realizar sus actividades. Este pronunciamiento tiene un gran peso en el escenario intergubernamental.
Los expertos que firmaron la carta son Ben Saul, relator especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo; los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Gabriella Citroni (presidenta-relatora), Grażyna Baranowska (vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez, Mohammed Al-Obaidi (miembros); por el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, lo suscribieron Laura Nyirinkindi (presidenta), Claudia Flores (vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić y Haina Lu (miembros); asimismo, Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; Siobhán Mullally, relatora especial sobre la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; George Katrougalos, experto Independiente sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo; Cecilia M. Bailliet, experta independiente sobre Derechos Humanos y Solidaridad Internacional; Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados; y Gehad Madi, relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes.
Estas gestiones demuestran que han surtido efecto tanto las denuncias formuladas por el gobierno y otras entidades del Estado venezolano, como la labor de organizaciones no gubernamentales y de los familiares de los migrantes secuestrados.
(Clodovaldo Hernández / Laiguana.tv)
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