Si en los próximos días Marcos no puede marcharse, es decir, hacer su maleta, despedirse de la familia, agarrar un avión en el aeropuerto de La Habana y aterrizar en cuestión de minutos en Estados Unidos, será por haber obedecido la ley. Ha esperado nueve largos años para reencontrarse con su padre. Se negó a pagar un coyote, recorrer cualquier ruta migratoria por Centroamérica, arribar a México y cruzar la frontera. Ahora, que llegó el día de su cita en la embajada de La Habana, Donald Trump ha dicho que Cuba es uno de los 12 países cuyos ciudadanos tendrán restricciones para viajar a Estados Unidos desde este lunes. Marco está nervioso. La familia y los amigos no se lo pueden creer. Nadie sabe exactamente lo que va a pasar.
“Todos están destruidos. Son nueve años de su vida que dejan de tener sentido”, asegura su amiga Mabel Cuesta, una académica cubana radicada en Houston, que compartió el testimonio con EL PAÍS. “Esperó este tiempo para hacer un proceso legal, tal como demanda el Gobierno estadounidense, y el premio a esa voluntad de legalidad es castigarlo”.
Marco, de 32 años, a quien cambiamos el nombre para proteger su proceso legal, se presentó el pasado jueves en la sede diplomática de La Habana para solicitar un visado F2B, conferido a hijos e hijas solteras, mayores de 21 años. Aunque el trámite fue aprobado, el visado aún no ha sido emitido por parte de los funcionarios consulares. A las 12.01 a.m. de este lunes todo cambió para los cubanos como él, tanto inmigrantes como no inmigrantes, con visados del tipo B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J. “Ahora está en un limbo, a lo mejor no puede viajar”, dice Cuesta.
Son las consecuencias que empieza a cosechar la última de las medidas a la que acudió la Administración Trump para frenar la entrada de extranjeros al país, tal y como se propuso desde su primer día en la Casa Blanca, y tal como hizo en su primer mandato. Si en 2017 las prohibiciones de viajes fueron destinadas a unos ocho países, en su mayoría musulmanes, hoy el veto se extiende a otros de África y Medio Oriente, y, de este lado del mundo, a Haití, Cuba y Venezuela. La diáspora de estas dos últimas naciones, particularmente afectadas desde la reelección del republicano, no dudaron en respaldarlo en las elecciones de noviembre.
De Cuba, Trump ha dicho en su reciente anuncio que es un Estado patrocinador del terrorismo, cuyo Gobierno “no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos”, que se ha negado “históricamente” a aceptar la repatriación de sus nacionales y que, por si fuera poco, tiene una tasa de “estancias excesivas” en el país tras el vencimiento de visados B-1/B-2 (7,69%), y otra del 18,75% de visados F, M y J.
De Venezuela, el actual presidente expone razones similares: que el país “carece de una autoridad central competente o cooperativa” para expedir pasaportes o documentos civiles, que no cuenta con medidas adecuadas de control y verificación, que se ha negado “históricamente” a aceptar de vuelta a sus nacionales, y que tiene una tasa de “estancias excesivas” tras vencimiento de visados B-1/B-2 del 9,83%.
“Espero que la comunidad lo esté sintiendo como una estocada más”
La restricción a cubanos y venezolanos viene precedida por la suspensión del parole humanitario o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les conferían ciertos beneficios en Estados Unidos. Poco a poco, el Gobierno les ha ido arrebatando permisos de trabajo, garantías legales, y cualquier tipo de ayuda de la que gozaran. Cathy Camionero, una venezolana de 54 años que reside en Virginia, cree que, más que una medida para garantizar “la seguridad nacional”, como dice Trump, se trata de una acción “racista, para segregar, para justificar acciones que no están respetando el debido proceso”, dice.
Caminero asegura que, muchos como ella, no podrán recibir este año a sus familiares de visita desde Venezuela, quienes normalmente asisten a las graduaciones de sus hijos. “Esta es una época de vacaciones y graduaciones, muchos en este país esperamos a que vengan los nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, a presenciar las graduaciones de nuestros hijos, que les ha tocado crecer o graduarse aquí. Ahora no pueden venir a celebrar con nosotros”, cuenta.
Sin embargo, esta es una medida que no le sorprende, porque su comunidad ha sido de las más apaleadas desde la llegada de Trump al poder. “Un día nos quita una cosa, otro día otra, quiere deportar venezolanos sin negociar el debido proceso, pero a la vez negocia con Nicolás Maduro. Hay mucha incongruencia en este Gobierno”, sostiene.
Por eso algunos sienten que esta —como otras de las leyes antiinmigrantes dictadas por la Casa Blanca— llega como una especie de deslealtad a comunidades que le dieron el voto a Trump, y que ahora sienten que el presidente les dio la espalda. Cuesta asegura que se trata de un “abandono más”, de una “traición más”. Su comunidad, la cubanoamericana, es fiel votante republicana y “este presidente, desde que llegó al poder, no ha hecho más que seguir marginando a las partes más vulnerables de la familia cubanoamericana, o sea, a quienes todavía están en Cuba, o a quienes llegaron en los últimos años”.
“Es una demostración más de cómo en este orden supremacista blanco, todo sujeto alterno que demuestre otredad —y tal es el caso cubano, aunque no quieran admitirlo— va a estar marginado y básicamente puesto en una situación de desventaja”, dice la académica. “Espero que la comunidad lo esté sintiendo como lo que es, como una estocada más a la posibilidad de reinventarnos en el exilio”.
Una medida “arbitraria y profundamente cruel”
La decisión de prohibir y restringir viajes de ciudadanos de una docena de naciones vino aparentemente tras el ataque de un ciudadano egipcio a un grupo que proclamaba la liberación de los rehenes en Gaza. Aunque Egipto no comparece en la lista de países censurados, bastó el incidente para que Trump arremetiera una vez más con quienes intentan llegar a Estados Unidos. “No los queremos”, dijo en un video en el que anunció la nueva medida que ha puesto en vilo a los turistas, viajeros comunes, estudiantes y familiares. Por eso ya ha comenzado a ser rechazada por varios grupos y organizaciones.
“Estamos hablando de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses que no podrán ver a sus abuelos, tías, tíos, sin excepciones”, dijo a este diario María José Espinosa, experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA). “Estas personas tienen visas válidas por cinco años. Son personas con documentación regular, que han venido al país a visitar a sus familias, o a participar en intercambios académicos, comerciales y culturales”.
Según Espinosa, la historia reciente demuestra que las prohibiciones de viaje, como las implementadas bajo la administración Trump, “no han demostrado ser herramientas eficaces para prevenir amenazas reales de terrorismo. Más bien, han aislado a Estados Unidos y han debilitado su posición en el mundo”. Y aunque la medida le parece “arbitraria y profundamente cruel”, la directora de CEDA va más allá e insiste en que también es confusa desde el punto de vista legal y “promueve el caos”.
“La proclamación dice que quienes ya tienen visas podrán mantenerlas, por otro lado una vocera del departamento de Estado dijo que incluso si las personas ya tienen una visa, no podrán utilizarla mientras la proclamación esté vigente”, afirma. “Resulta curioso que luego de tantos años preparando esta proclamación, la versión final sea tan confusa”.
Ciertamente, la medida ha causado no poca ansiedad y confusión en varios ciudadanos que tenían previsto viajar pronto al país. Aunque el anuncio dice que las personas con visas vigentes quedan exentas de la prohibición, así como quienes tienen residencia permanente, los deportistas o los afganos beneficiarios del programa de visas de inmigrantes especiales, entre otros, en realidad nadie se siente a salvo del alcance de la orden de Trump.
“Cuando suceden noticias como estas es inevitable sentir preocupación y desasosiego”, dice una joven cubana que pidió permanecer en el anonimato, y quien está a punto de llegar a la Universidad de Pensilvania a estudiar un doctorado. “Yo siempre he sentido que cualquier cosa puede afectar mi entrada a Estados Unidos. Nada te garantiza entrar, incluso teniendo visa aprobada”. Aunque está preocupada por su futuro desde el inicio de la nueva administración, dice que ahora “la atmósfera se percibe más tensa de lo común”. “Mi estatus como ciudadana de uno de los países incluidos en esta y otras listas es de absoluta vulnerabilidad e inestabilidad”, insiste.
(El País)
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