La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización con estatus consultivo ante el ECOSOC de la ONU y representación permanente en Nueva York y Ginebra, emitió una declaración condenando enérgicamente la política exterior “imperialista” del presidente estadounidense Donald Trump, acusándolo de violar el derecho internacional y promover una estrategia de injerencia y coerción en América Latina y el Caribe, con especial impacto en Venezuela y Brasil.
La AAJ recordó que, desde el siglo XX, Estados Unidos ha mantenido una política de intervencionismo en la región, basada en la Doctrina Monroe, el panamericanismo del modelo Truman y la teoría del “perímetro de seguridad”, ejecutada mediante invasiones, bloqueos económicos, lawfare y apoyo a gobiernos títeres.
Sin embargo, bajo la administración Trump, esta injerencia ha alcanzado niveles alarmantes, con amenazas militares, sanciones unilaterales, manipulación judicial y campañas de desinformación. Ejemplos recientes incluyen: La amenaza de usar la fuerza militar para “recuperar” el Canal de Panamá (2025), la designación de carteles de droga como “terroristas” para justificar intervenciones en México y Colombia y el reforzamiento del bloqueo contra Cuba, vigente por más de 60 años.
El 22 de julio, el embajador designado por Trump en Argentina, Peter Lamelas, declaró ante el Senado estadounidense que buscaría “neutralizar la influencia china” en las provincias argentinas, acusando sin pruebas vínculos corruptos. Además, afirmó que “apoyará al presidente Milei” y vigilará los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner y el caso AMIA, admitiendo una manipulación de la justicia argentina.
“Estas declaraciones son una violación flagrante de la soberanía y evidencian la falta de independencia judicial en Argentina bajo presión externa”, denunció la Asociación Americana de Juristas.
El 30 de julio, Trump impuso un arancel del 50% a Brasil, condicionando su retirada a que el gobierno de Lula da Silva detuviera el juicio contra Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado en 2022. Además, el Departamento del Tesoro incluyó al juez Alexandre de Moraes en la Ley Magnitsky, bloqueando sus cuentas en EEUU por liderar el proceso contra Bolsonaro.
“Esto es un ataque a la independencia judicial y un intento de golpe de Estado blando”, señaló la AAJ, respaldada por organizaciones brasileñas de derechos humanos.
Mientras Chevron (ex Standard Oil) recibió permiso para reanudar operaciones petroleras en Venezuela, el Departamento de Estado, bajo Marco Rubio, acusó al presidente Nicolás Maduro de liderar el “Cártel de los Soles” (una supuesta organización terrorista) y ofreció 50 millones de dólares por su captura, sin presentar pruebas.
La AAJ recordó que Trump ya había admitido planes para derrocar a Maduro y apoderarse del petróleo venezolano, y condenó el secuestro de 236 migrantes venezolanos en El Salvador, en condiciones comparables a campos de concentración.
“Trump trata a América Latina como su patio trasero”, afirmó Vanessa Ramos, presidenta de la AAJ. “Exigimos a los gobiernos del mundo repudiar estas prácticas y defender la soberanía de los pueblos”.
La declaración concluye con un llamado a organizaciones jurídicas y civiles a denunciar estas acciones y exigir el cese inmediato de las sanciones unilaterales.
(teleSUR)
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