Mali, Burkina Faso y Níger anunciaron este martes su salida de la Corte Penal Internacional (CPI). En un comunicado conjunto, acusaron a este organismo de ser “un instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo”, y de llevar a cabo una “justicia selectiva”. Aunque también señalaron que la salida tendría carácter inmediato, lo cierto es que el Estatuto de Roma por el que se constituyó la CPI, prevé que la retirada no tenga efecto hasta un año después de su notificación a las Naciones Unidas.
Estos tres países forman la Alianza de Estados del Sahel (AES), una confederación creada en 2023 como un pacto de defensa mutua y espacio de colaboración en distintos ámbitos. Entre sus prioridades se encuentra la consecución de una mayor autonomía política, militar y económica, por lo que no han dudado en abandonar organismos como la Comunidad Económica de Estados del África Occidental y en cortar los lazos económicos y militares con Francia.
Esta búsqueda de mayor soberanía suma ahora un nuevo escalón con la salida de la CPI, a la que acusan de imparcialidad y de haber sido incapaz de juzgar los crímenes por la que fue creada. En su opinión, este tribunal de justicia creado en 1998, “ha atacado implacablemente a ciertos actores que quedan fuera del círculo cerrado de beneficiarios de la impunidad internacional institucionalizada”, aduciendo el doble rasero al dirigir la mayoría de sus investigaciones hacia líderes africanos y no hacer lo mismo con los países occidentales.
En su lugar, Mali, Níger y Burkina Faso anunciaron que sus respectivos ministros de Justicia habían mantenido reuniones los dÍas previos para “fortalecer la integración jurídica y judicial”, lo que se concretará en la creación de “una corte penal del Sahel y de derechos humanos”, encargada de juzgar delitos como crímenes contra la humanidad, genocidio o terrorismo en estos territorios. También anunciaron, a través del primer ministro de Níger Ali Lamine Zeine, la creación de una prisión de alta seguridad conjunta con el objetivo de “liberar” a los miembros de la AES “del recurso a las instancias jurisdiccionales internacionales”.
A la decisión de abandonar la CPI no parece ajena la posibilidad de que esta pueda ser usada en contra de las juntas militares que se han hecho con el poder en los últimos años a través de golpes de Estado. Diversos organismos las han acusado en diversas ocasiones de abusos graves y crímenes como desapariciones forzosas, el asesinato de civiles o ejecuciones extrajudiciales en el marco de la lucha contra las distintas insurgencias yihadistas que operan en los tres países. A esto cabe sumarle una creciente persecución de la disidencia política y también cabe señalar que uno de sus mayores aliados, el presidente ruso Vladímir Putin, tiene actualmente una orden de arresto de la CPI.
Organismos de derechos humanos ya han denunciado con vehemencia la decisión de Mali, Níger y Burkina Faso. Por ejemplo, desde Amnistía Internacional lo consideran “una afrenta a las víctimas y los supervivientes de los crímenes más graves y a todas las personas que luchan contra la impunidad en estos países y en todo el mundo” y llama a estos países a “reconsiderar urgentemente su decisión”. Por su parte, desde Human Rights Watch, han denunciado que la salida “pondrá en peligro el acceso a la justicia de las víctimas de crímenes atroces” y acusa a las juntas militares de “ser cada vez más represivas” y de haber cometido crímenes de guerra y “posibles crímenes contra la humanidad”.
La Corte Penal Internacional, cada vez más cuestionada
La salida de los países de la AES se suma a una tendencia global que ha puesto en entredicho la legitimidad y la eficacia de la CPI, a la que muchos países, especialmente del llamado Sur Global, acusan de hipocresía y de estar sesgada en contra de estos países. De forma paradigmática, el 80% de las comunicaciones abiertas en este organismo están relacionadas con países africanos, y los líderes africanos abarcan 10 de los 15 casos abiertos actualmente por la CPI.
Concebido como un tribunal independiente con la intención de juzgar a personas individuales por algunos de los crímenes más graves como genocidio o crímenes de guerra, solo 123 de los 197 Estados reconocidos por Naciones Unidas han firmado y ratificado sus estatutos fundacionales. Entre estos se encuentran importantes potencias como China e India que nunca firmaron el Estatuto de Roma o países como Rusia, Estados Unidos o Israel que firmaron y posteriormente retiraron su firma.
A esto cabe sumarle un creciente número de países que han optado por retirarse formalmente de la CPI. El primero de ellos fue Burundi en 2017, quien anunció su retirada tras la apertura de una investigación por la represión de opositores en la crisis política de 2015. Posteriormente, en 2019, Filipinas anunció su salida acusando a la CPI de ser utilizada con fines políticos y de no respetar su soberanía tras el inicio de una investigación por la muerte de miles de personas en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”.
Ahora, con la salida de los países de la AES, ya son cinco los que la han abandonado, lo que, más allá de la consecuencia directa sobre sus poblaciones, muestra el grave deterioro de todo un sistema de justicia internacional cada vez más cuestionado. Cada vez más países cuestionan la legitimidad y eficacia de los organismos globales y del sistema global basado en reglas, las cuales muchos consideran impuestas. En su lugar, crecen las alternativas regionales en muchos ámbitos, lo que incluye la justicia. Aunque esto pueda resultar en una mayor soberanía, también pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos en todo el mundo y perjudica la rendición de cuentas en un contexto de mayor conflictividad global.
(descifrandolaguerra.es)
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