El retiro abrupto del almirante de cuatro estrellas de la Marina que supervisaba los ataques militares estadounidenses contra barcos en el Caribe está generando alarmas sobre la validez de los ataques y los planes más amplios de la administración Trump en la región.

En una decisión sorpresiva, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el jueves que el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EEUU (Southcom), dimitirá a finales de año, dos años antes de lo previsto. El Southcom supervisa todas las operaciones en Centroamérica y Sudamérica, y varios medios han informado de que Holsey y Hegseth mantenían diferencias respecto a la misión estadounidense en el Caribe.

La inesperada partida de Holsey, programada para el 12 de diciembre, significa que Southcom se queda sin su principal comandante militar en un momento en que la administración Trump está aumentando las fuerzas estadounidenses en el Caribe y atacando cada vez más a buques frente a las costas de Venezuela que, según dice, «transportan drogas» (más recientemente el jueves).

“Todo lo que estamos viendo está haciendo sonar las alarmas”, declaró Brian Finucane, abogado de seguridad nacional del International Crisis Group, una organización especializada en resolución de conflictos. “El reforzamiento militar en el Caribe, estos ataques ilegales a buques allí… el gobierno habla de posibles acciones en Venezuela. Nada de esto se está llevando a cabo con la autorización del Congreso”.

El anuncio de retiro de Holsey se produce en un momento en que la administración Trump ha intensificado constantemente sus acciones y retórica contra el gobierno venezolano, trasladando discretamente a unos 10.000 soldados, además de buques de guerra, aviones de combate y un submarino nuclear, al Caribe en apoyo de lo que las autoridades describen como «operaciones antinarcóticos». La mayoría de los militares están estacionados en Puerto Rico, con ocho buques de la Armada y un submarino en la región.

Hegseth dijo la semana pasada que el Departamento de Defensa está formando un nuevo grupo de trabajo conjunto antinarcóticos para “aplastar” a los cárteles de la droga, que operarían en el área de responsabilidad del Southcom.

Y el miércoles Estados Unidos envió tres bombarderos B-52H sobre la zona como «una misión de demostración», confirmó el viernes el Comando Sur de la Fuerza Aérea estadounidense.

El ejército estadounidense también ha llevado a cabo seis ataques contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, que han causado la muerte de al menos 29 personas desde septiembre. El último ataque, contra un semisumergible, dejó a dos sobrevivientes retenidos a bordo de un buque de la Armada. El presidente Trump anunció el sábado que los dos sobrevivientes serían repatriados a Colombia y Ecuador. Sin presentar pruebas, funcionarios del gobierno han alegado que las embarcaciones transportaban drogas como justificación para atacar a las personas a bordo como si fueran combatientes en una guerra.

Pero la campaña de seis semanas ha generado alarma entre algunos expertos legales y legisladores demócratas, quienes cuestionan si la administración está siguiendo las leyes de la guerra y si está tomando en cuenta el consejo de sus principales oficiales militares.

El miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed (DR.I.), calificó la salida de Holsey como “preocupante”, dadas las crecientes preocupaciones de un posible conflicto de Estados Unidos con Venezuela.

“En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en todo el Caribe y las tensiones con Venezuela están en un punto de ebullición, la salida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad dentro de la cadena de mando”, dijo Reed en un comunicado.

«La renuncia del almirante Holsey solo profundiza mi preocupación de que esta administración está ignorando las lecciones duramente aprendidas de campañas militares estadounidenses anteriores y el consejo de nuestros combatientes más experimentados», agregó Reed.

Las operaciones en el Caribe provocaron tensiones entre Hegseth y Holsey, este último expresó su preocupación por la misión y los ataques a los presuntos barcos con droga, informó The New York Times.

Todavía no está claro quién reemplazará a Holsey, quien es uno de los dos únicos oficiales negros de cuatro estrellas que lideran un comando combatiente estadounidense.

Ahora es el último de más de una docena de líderes militares que han sido despedidos o expulsados por Hegseth, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown Jr., quien es negro; la primera mujer jefa de operaciones navales, la almirante Lisa Franchetti; y la representante del ejército estadounidense ante el comité militar de la OTAN, la vicealmirante Shoshana Chatfield.

Pero la destitución de Holsey es particularmente notable porque ocurre en un momento en que la Casa Blanca está usando un poder extraordinario para combatir lo que afirma es una «guerra contra las drogas».

A principios de este mes, Trump notificó al Congreso que Estados Unidos está ahora en un “conflicto armado” con cárteles de la droga que el gobierno ha designado como organizaciones terroristas, ofreciendo una tenue justificación legal para los ataques contra buques.

“Atacamos un submarino, y era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el viernes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien se sentó junto a Trump, no ofreció detalles del ataque y se limitó a decir que “Estados Unidos ha estado llevando a cabo una operación narcoterrorista en curso”.

Fuera del ejército estadounidense, Trump pareció confirmar el miércoles que permitió a la CIA realizar operaciones en Venezuela.

Finucane, exabogado del Departamento de Estado, dijo a The Hill que, legalmente, la justificación de la administración «no pasa la prueba de la seriedad».

“Las justificaciones legales que la administración ha presentado para los asesinatos premeditados en el Caribe son completamente insuficientes”, declaró. “No hay conflicto armado, Estados Unidos no está involucrado en una guerra en el Caribe; por lo tanto, estas personas no son objetivos legítimos, los barcos no son objetivos legítimos, y la administración carece de fundamento legal para cometer estos asesinatos premeditados”.

Pero es poco probable que los ataques a embarcaciones hagan algo para detener el ingreso de drogas a Estados Unidos, ya que la gran mayoría pasa por tierra a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

En un esfuerzo por evitar que Trump posiblemente use fuerzas estadounidenses en Venezuela sin la aprobación del Congreso, el senador Tim Kaine (demócrata de Virginia), junto con los copatrocinadores, los senadores Adam Schiff (demócrata de California) y Rand Paul (republicano de Kentucky), forzarán una votación sobre una resolución de poderes de guerra, prevista para las próximas semanas.

“El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin debate público ni votación. Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberación antes de la guerra”, declaró Paul el viernes.

Esta iniciativa marca la segunda vez que los senadores intentan bloquear el aumento de fuerza de Trump en el Mar Caribe. La semana pasada, una votación sobre una resolución separada —que buscaba impedir que el ejército estadounidense atacara más barcos presuntamente narcotraficantes en el Caribe sin la aprobación del Congreso— fracasó por 48 votos a favor y 51 en contra, aunque contó con el apoyo de Paul y de otra republicana, la senadora Lisa Murkowski (Alaska).

(The Hill)

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