El secretario corporativo de la ONG trinitense Pescadores y Amigos del Mar (FFOS, por sus siglas en inglés), Gary Aboud, denunció que el régimen de Estados Unidos le revocó la visa por sus críticas a los ataques ejecutados por tropas gringas en el mar Caribe y el océano Pacífico a supuestas embarcaciones del narcotráfico.
Según una nota publicada en el portal Newsday, Aboud emitió un comunicado en el que lamentó la situación y precisó que la noticia la recibió el pasado viernes 21 de noviembre.
El texto señala que “la reciente revocación de mi visa estadounidense plantea serias dudas sobre si potencias extranjeras y nuestro propio gobierno, están intentando intimidar o castigar a las voces de la sociedad civil que se manifiestan. Las ONG no son enemigas del Estado, somos un pilar fundamental de cualquier democracia que funcione. Sin una sociedad civil independiente que exija cuentas al poder, no puede haber transparencia, ni supervisión, ni protección contra los abusos de autoridad”.
Más adelante se recalca que ellos no son los únicos que han condenado estos ataques, y refiere que organismos internacionales y Gobiernos han mostrado su desacuerdo con estos hechos.
“La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado los ataques de ‘inaceptables’ y ha exigido una investigación independiente. Human Rights Watch los ha calificado de ‘ejecuciones extrajudiciales’. Organismos internacionales advierten que estas acciones violan la Carta de las Naciones Unidas y sientan un peligroso precedente mundial. Ningún país del mundo ha apoyado a Estados Unidos en estas ejecuciones extrajudiciales”, señala el comunicado que más adelante expone que: “Aquí en nuestro país, nuestra primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, declaró públicamente que los ‘mataría a todos violentamente’ y aún no ha condenado la muerte de dos trinitenses en estos ataques. Si la comunidad internacional reconoce estos asesinatos como ilegales, ¿por qué nuestra propia líder los apoya? Si Estados Unidos tiene información de inteligencia que rastrea a estos supuestos ‘narcoterroristas’, entonces que presente esa información ante un tribunal, en lugar de lanzar misiles letales en aguas internacionales”.
Por su parte, el régimen de Trinidad y Tobago respondió a Aboud, señalando que: “el Gobierno de Trinidad y Tobago no tiene nada que ver con las decisiones o medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos o la Embajada estadounidense en Trinidad y Tobago en relación con sus políticas de visados o inmigración. Estas cuestiones son competencia exclusiva de EEUU”.
Cabe recordar que desde el pasado 2 de septiembre, cuando iniciaron los bombardeos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico, han sido asesinadas por la Administración Trump más de 80 personas.
Se sospecha que entre las víctimas se encuentran dos pescadores trinitenses Chad Joseph y Rishi Samaroo.
Hasta los momentos el régimen gringo no ha proporcionado una sola prueba de que estas lanchas hayan sido utilizadas por el narcotráfico para trasladar drogas hacia ese país, que está certificado por organismos internacionales como el mayor consumidor de estupefacientes del mundo.
(Laiguana.tv)
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