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La oposición venezolana participa directamente y ha avalado sin objeciones las 19 auditorías realizadas hasta ahora al sistema electoral con miras a los comicios parlamentarios de este domingo 6 de diciembre. Sus técnicos, expertos con credenciales incuestionables y seleccionados por los propios partidos opositores, están acreditados también para las cuatro auditorías restantes, del total de 23 que estable el Poder Electoral en Venezuela para este proceso. Esta noticias no ha sido publicada en medios internacionales.

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha prestado apoyo técnico para las elecciones primarias celebradas por la autollamada Mesa de la Unidad Democrática (Mud), que agrupa partidos de la derecha. El 17 de mayo de este año, la MUD celebró elecciones en 33 de los 87 circuitos electorales del país, para elegir a 42 de sus 167 candidatos a la Asamblea Nacional. Ese proceso fue organizado técnicamente por el CNE con la misma plataforma electoral que se utilizará el 6D. Esta información tampoco ha sido publicada por la prensa extranjera.

 

Las empresas de comunicación vinculadas a la derecha dentro y fuera del país dieron amplia y destacada cobertura, como un «hecho político», al asesinato del dirigente del partido Acción Democrática (AD) en Altagracia de Orituco, Luis Manuel Díaz, tras finalizar un acto proselitista en esa localidad del estado Guárico. En cambio, las investigaciones que han revelado que el fallecido dirigente de AD tenía un expediente policial por diversos delitos y que el móvil del crimen fue una disputa entre bandas delictivas que operaban en el estado llanero, han sido silenciadas internacionalmente.

 

La profusión de denuncias y ataques contra el Consejo Nacional Electoral contrasta con el ocultamiento de noticias como la organización por parte del árbitro electoral venezolano de las primarias de la derecha para elegir a su candidato presidencial de 2012, Henrique Capriles; y de los comicios internos del partido de extrema derecha Voluntad Popular, celebrados en julio de 2011 y en los que fue electo como coordinador nacional Leopoldo López, sentenciado por la justicia venezolana por su responsabilidad en acciones de violencia relacionadas con el plan golpista que en 2014 cobró la vida de 43 personas.

 

En todos los procesos electorales del país son acreditados observadores nacionales. Para las parlamentarias del 6D están habilitadas organizaciones como Red de Observadores Electorales de Venezuela, Fundación por un pueblo Digno, Observatorio Electoral Venezolano, Proyecto Social y Asamblea de Educación —muchas de ellas cercanas a la oposición—, que han presenciado y certificado las auditorías y demás actos fijados en el cronograma electoral. Sin embargo, medios foráneos optan por ignorar esta realidad.

 

Tampoco es noticia la presencia de acompañantes internacionales, que cumplen con sus labores en país de acuerdo con las normas y leyes vigentes, además en plena concordancia con el cronograma publicado desde principio de año por el CNE. Ni lo son las credenciales técnicas de los acompañantes del Consejo Latinoamericano de Expertos Electorales (Ceela) y de la misión de Unasur, ni los perfiles de los invitados del Poder Electoral y las organizaciones políticas.

 

Las noticias censuradas sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela forman parte de una campaña de descrédito que favorece las falsas denuncias de fraude y abona el camino al desconocimiento de los resultados y a la violencia. Esa campaña se alimenta también de mentiras como la supuesta suspensión o limitación de las elecciones en los 23 municipios fronterizos de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, que se encuentran en un estado de excepción para enfrentar el paramilitarismo y contrabando que no tiene implicación alguna en los derechos políticos, y en los que, por tanto, se realizarán los comicios en las misma condiciones que en el resto del país

 

(AVN)