El desabastecimiento que atraviesa Venezuela en materia alimentaria ha impactado negativamente en el sistema económico del país. La escasez creciente ha empujado a los ciudadanos a adquirir bienes en el mercado ilegal a precios muy superiores, contribuyendo con la propagación de esta actividad. La creciente inflación ha obligado al venezolano a reestructurar su presupuesto y a destinar la mayor parte a intentar satisfacer necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, el transporte y las medicinas.
El Gobierno Nacional asegura que esto responde a una “guerra económica” contra la nación que llevan adelante sectores productivos privados y agentes internacionales. Los empresarios nacionales se defienden y señalan como causas de la escasez a las políticas económicas implementadas por el Estado, así como las agrícolas y jurídicas que han desencadenado la paralización del aparato productivo y ocasionado gran deterioro de la producción de alimentos.
El expresidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Manuel Felipe Larrazábal, señalaba a finales del 2015 que las dificultades de la industria venezolana presentaba cuatro causas principales:
– Restricción al acceso de divisas.
– Falta de pago de la deuda con los proveedores extranjeros.
– Congelamiento de precios.
– Disminución de la actividad laboral.
Para Pasqualina Curcio, profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Simón Bolívar, el desabastecimiento en Venezuela es causado por una“disminución de la oferta de bienes de primera necesidad” en el mercado debido a tres principales razones:
– Disminución relativa de las importaciones.
– Acaparamiento de bienes de primera necesidad.
– Contrabando de extracción en las fronteras: colocación de los bienes en otros mercados.
A su juicio, el fenómeno de la escasez no responde a una disminución de la producción, alega que los niveles de producción medidos por el PIB Total y el PIB Agrícola han aumentado en promedio 75% y 25% durante 2003 y 2013, respectivamente. Tampoco responde a una caída de las importaciones, que según su estudio han aumentado en promedio 388,9% y 571,7% desde 2003 hasta 2013, respectivamente.
Debilitamiento del aparato productivo
Para Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Economía, tres elementos han incidido de manera definitiva en la profundización del desabastecimiento:
En primera instancia señala la destrucción del aparato productivo interno debido a “políticas gubernamentales de acoso y estatización de empresas; así como la falta de garantías, regulaciones y controles”; lo que a su juicio se ha traducido en la caída de la producción y la imposibilidad de responder frente al incremento de la demanda de mercado.
En segundo lugar, opina que la implementación del control de cambio desde el año 2003 se ha traducido en una mayor dependencia de las importaciones:
“El control lo que ha hecho es sobrevaluar el bolívar, es decir, ha abaratado en términos comparativos los bienes que se pueden adquirir afuera. Esa sobredependencia ha contribuido a destruir el aparato productivo interno porque con importaciones baratas muchos productores internos no pueden competir».
El desplome en los precios del petróleo en 2015 agudizó la crisis económica por la que atravesaba el país, porque incidió directamente en la capacidad para la producción. La nación sufrió la reducción en más del 50% de sus ingresos por concepto de la renta petrolera y esto se tradujo en un recorte de las divisas destinadas para las importaciones.
Según un informe emanado por la Gerencia de Estadísticas y Análisis Estratégico del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), entre los meses de enero y julio de 2015, en comparativa con el mismo lapso del año 2014, la asignación de divisas disminuyó 65% al pasar de $6.866 a $2.416 millones.
En tercer lugar, Larralde ubica a los controles de precios implementados por el Gobierno Nacional desde 2012 en algunos productos y asegura que han ocasionado un declive en la producción. Explica que cuando la autoridad fija el precio de venta de un bien por debajo del costo de producción, “nadie quiere producirlo”.
Asegura que el reciente ajuste de la estructura de costos desarrollado por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) en algunos artículos “es una medida insuficiente pues se mantiene un desequilibrio entre oferta y demanda”.
A su juicio estos mecanismos institucionales son “sumamente perversos” porque lejos de garantizar la estabilidad de precios lo que han hecho es incrementarlo. “Nosotros somos la única nación de América Latina con controles de precio extendidos y también somos el país con la inflación más alta del mundo”, apunta.
El desmantelamiento de los controles, un cambio unificado, la promoción de la competencia, el fomento de la confianza y la garantía de propiedad son, según Larralde, los ingredientes de la receta “necesaria” para mejora la capacidad de inversión y lograr la estabilidad de precios.
Inflación
Los venezolanos se han sido sometidos a un proceso inflacionario que ha crecido de manera acelerada e incontrolada. Según cifras del Banco Central de Venezuela para 2015 la inflación acumulada se ubicó en 180,9%, con incidencia especial en en el sector de alimentos. La contracción del PIB fue de 5,7%, el sector público creció 1,1% , mientras que el privado experimentó un decrecimiento de 8,4%.
García Larralde ubica los orígenes de la inflación en el país en “un déficit fiscal sostenido que lleva más de 5 años, con financiamiento del Banco Central de Venezuela y con emisión de dinero sin respaldo que se traduce es en un poder adquisitivo en la calle que no tiene contrapartida en bienes y servicios, entonces tienes un desequilibrio entre demanda y oferta, que se expresa en términos de capacidad de compra que se traduce en inflación”.
Sostiene que la escasez genera expectativas “muy adversas”, lo que hace que la población procure comprar cuanto antes todo lo que pueda conseguirse, arrasando inventarios en cuestión de horas, lo cual exacerba un desequilibrio entre demanda y oferta. De esta forma, pueden utilizarse los inventarios para la promoción del acaparamiento y posteriormente vender los productos a precios especulativos marcados por la pauta de la ola inflacionaria.
Por otra parte, los principales gremios de productores del país como Fedeagro, Fedenaga, Convecar acuñan el control de cambio y factores vinculados a expropiaciones como elementos incidenciales en los desequilibrios económicos reinantes. Aseguran que ha mermado la confianza y la voluntad de los empresarios agroalimentarios a fomentar inversiones en el país.
Consecuentemente, se ha restringido el aprovechamiento de las tierras y los costos de producción y gastos operativos han sido trasladados al consumidor a través de un precio más alto en el producto final. Por tal razón, para realizar las compras de alimentos, el ciudadano debe emplear un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos mensuales.
Mercado ilegal de Bachaqueros
La experiencia del control de precio en el sector alimentos y productos de higiene personal ha generado el fenómeno colateral de un mercado ilegal dominado por los llamados “bachaqueros”. Personas dedicadas a comprar productos escasos y revenderlos con sobreprecio en un mercado negro, sea a domicilio, mercados informales o en la calle.
Algunos precios en este mercado superan en la actualidad hasta 72 veces el costo establecidos por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde). Esto lo refleja el indicador Cesta Petare de Hinterlaces, que de manera quincenal realiza un seguimiento de abastecimiento y variación de precios en la venta de los 42 rubros regulados (canasta básica y artículos de higiene personal) entre los bachaqueros del Mercado de Petare (Caracas).
Para Pasqualina Curcio, la proliferación del mercado ilegal ha respondido a variables ajenas a la producción. Asegura que el desvío de mercancía es el motor que alimenta estas redes informales de venta especulativa:
«El problema no es ni la producción ni el consumo sino la distribución que, desde hace dos o tres años para acá, se ha desarrollado bajo un mecanismo que ha hecho que el producto no llegue a los supermercados».
Larralde opina que estos precios solo reflejan el enorme desequilibrio entre oferta y demanda, aderezado del ingrediente especulativo facilitados por los precios regulados.
“Cuando se está en la situación de precios absurdamente regulados que no guardan correspondencia con el costo como los alimentos, los medicamentos… Por supuesto que aparecen todos estos elementos intermediarios y no son solamente los pequeños bachaqueros, también hay grandes mafias que negocian».
Asegura que la reciente actualización de precios efectuado por la Sundde en artículos como harina de maíz, pollo y papel sanitario no van a contribuir de manera determinante en la normalización del abastecimiento. Sostiene que efectivamente va a incidir en la “legalización un mayor precio”, pero que no tendrá mayor incidencia porque ya mucha gente está pagando ese precio o mayores para adquirir insumos básicos.
Desequilibrio de precios
La crisis económica ha obligado al venezolano a realizar una reestructuración de su presupuesto. Las compras de bienes inelásticos a precios muy superiores a los establecidos ha arrojado la clase trabajadora asalariada (más del 80% de la incorporada al sector laboral), que vive de un sueldo nominal, a desviar recursos destinados a equipamiento textil, calzado o recreación para invertirlos en los prioritarios: alimentos, transporte, educación y salud; explica Curcio.
Añade que en el momento que los precios se incrementan producto del desabastecimiento,el poder adquisitivo del ciudadano (salario nominal/ nivel de precios) se ve mermado y eso trae implicaciones económicas y sociales.
Larralde concuerda con que existe un grave desequilibrio entre capacidad adquisitiva y precios. Asegura que la capacidad adquisitiva depende en última instancia de la productividad y que ante el panorama de los precios del petróleo, rondando sus niveles históricos más bajos, “el Gobierno Nacional no está en capacidad de compensar la caída de los salarios con transferencias o subsidios”.
Señala que en la coyuntura económica el Ejecutivo pudiese lograr programas de apoyo a sectores de menores recursos, pero enfatiza que esa no es la solución. Apuesta como única posibilidad de superación de la crisis, una política de incentivos a la producción nacional:
“Debemos mejorar la productividad y ayudar a aquellos que lo necesitan mientras se recupera la economía. Hay que potenciar la generación de incentivos para que la economía crezca, para que se invierta y se mejore la productividad y de esta forma se generen empleos productivos con salarios cada vez mejor remunerados. Todo eso sea en un clima de competencia interna y con las importaciones, de forma tal que se estabilicen los precios y ese desequilibrio terrible entre remuneración y precios se vaya revirtiendo”.
