El Gobierno de España ha dado un paso más hacia la exhumación de los restos del exdictador Francisco Franco al aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes el decreto ley que la ampara jurídicamente, a través de una modificación de la Ley de Memoria Histórica.
En concreto, la Vicepresidenta del Gobierno ha aclarado que «el próximo viernes empezarán los trámites para la exhumación de los restos de Franco».»Lo tenemos que hacer por la dignidad de nuestra memoria. Y lo hacemos pensando en el futuro de la gente más joven», añadió.
Se trata de una de las medidas más controvertidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y la decisión de este viernes supone el inicio de un complejo procedimiento político y judicial que pretende culminar con los restos del dictador fuera del Valle de Los Caídos.
Urgencia y Respeto
La Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha declarado en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, que «la exhumación de los restos de Francisco Franco se tiene que hacer con urgencia», explicando que se llevará a cabo «con todas las garantías correspondientes en el que la familia será oída y tendrá un plazo de 15 días para hacerse cargo de los restos de su familiar».
Con respecto a los familiares del exdictador, cuya explícita oposición a la inhumación ha sido el principal obstáculo que ha tenido que afrontar el Ejecutivo, la Vicepresidenta ha garantizado que podrán conservar los restos «en el lugar que quieran indicar».
En caso de que la familia discrepase, no se pronunciara o no indicara ningún lugar, «el Gobierno, mediante este procedimiento, decidirá en qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos», explicó Carmen Calvo.
Una decisión precedida por la polémica
Desde que el Gobierno expresara su intención de acometer el traslado de los restos, la polémica al respecto ha formado parte de la actualidad social y política de España, y las reacciones se han ido sucediendo a lo largo de las semanas.
Una de las más significativas fue la aparición, a principios de julio, de una campaña anónima en las calles de España y en las redes sociales, que incluía carteles con fotografías de Franco y la imagen de la cruz del Valle de los Caídos, todo ello junto al lema ‘El Valle no se toca’.
Dos semanas más tarde, alrededor de un millar de personas de ideología franquista se manifestaron en el propio Valle de los Caídos en señal de protesta por el anuncio del Gobierno de proceder a la exhumación de los restos del dictador. La convocatoria había sido realizada por un grupo de ultraderecha que propuso «una peregrinación nacional patriótico-religiosa» para impedir «el expolio que los rojos pretenden perpetrar».
Pese a todo, el presidente Sánchez insistía poco después, el 17 de julio, en sede parlamentaria, en señalar que «ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura» y confirmó la determinación de su Ejecutivo en «proceder a la exhumación de los restos» del dictador.
Al día siguiente se puso de manifiesto la firme oposición de varios familiares de Franco, sin duda uno de los principales obstáculos que el Gobierno ha tenido que afrontar para lograr la exhumación. En concreto, los siete nietos de Franco firmaron un acta conjunta en la que amenazaban con denunciar al Ejecutivo de Sánchez por «profanación de tumbas».
La huella histórica del franquismo en el Valle de los Caídos
Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un lugar de peregrinación para nostálgicos de la dictadura franquista y ha recibido turistas con frecuencia.
El monumento fue concebido por el propio Franco como un lugar conmemorativo para honrar a los caídos en la Guerra Civil española (1936-1939), y no hay consenso sobre si el dictador tenía realmente intención de utilizarlo como mausoleo para ser enterrado en él.
El recinto, que cuenta con una enorme cruz de 150 metros de alto, una Basílica excavada en la roca al pie de la cruz y una hospedería monástica con 150 habitaciones que hoy se encuentran a disposición de los turistas, se terminó de construir en 1959 y se estima que, entre ese año y 1983, más de 30.000 cuerpos fueron trasladados allí y depositados en sus criptas, desde diversos puntos de España. Por eso el Valle de los Caídos se considera también la mayor fosa común de España.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha acometido la exhumación de los restos de Franco en virtud de una reforma de la Ley de Memoria Histórica, que fue promulgada en 2007 por el Ejecutivo también socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero, aunque fue derogada ‘de facto’ en las legislaturas siguientes por el gobierno del Partido Popular: bajo el mandato de Mariano Rajoy no se asignó ninguna partida presupuestaria para su aplicación efectiva.
En mayo de 2017, no obstante, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, presentada también por el Psoe, que pedía al Gobierno la exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, entre otras medidas. El texto recibió el apoyo de Ciudadanos y Podemos, mientras que el Partido Popular se abstuvo.
(RT)
