Era de esperarse. Más bien, mucho habían tardado los diputados de la mayoría derechista en tomar acciones destinadas a “arrimarles la canoa” a los empresarios de radio y televisión. El momento llegó, a través una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que pretende hacerlos de nuevo propietarios absolutos, reyes y señores, no de sus empresas, sino del espectro radioeléctrico. Es la esencia del neoliberalismo que pugna por retomar posiciones, tras haber desplegado la más vil de las estrategias, la que ha implicado el hambre y el empobrecimiento agudo del pueblo.
Cabe suponer que los propios interesados reclamaron que se agilizara ese cambio legislativo. Pasaron factura por los favores concedidos a los dirigentes de la MUD que ahora ostentan los cargos de diputados. Reclamaron su parte del botín como lo que son: integrantes de la coalición de fuerzas políticas y económicas que ha tomado posesión del Poder Legislativo y espera también abordar el Ejecutivo en breve plazo.
La reforma apunta a la privatización del espectro, a la destrucción sistemática de la comunicación alternativa y comunitaria y a la instauración de la censura contra cualquier mensaje revolucionario, incluso contra el mismo presidente de la República, ya que pretende limitar las cadenas de radio y TV.
Más allá de esos contenidos específicos del sector telecomunicaciones, esa propuesta legislativa es una muestra, un demo, de lo que haría la Asamblea Nacional controlada por la derecha, si no tuviera la contención de otros poderes públicos: aplicar en Venezuela una receta de capitalismo salvaje sin necesidad de haber ganado unas elecciones presidenciales.
Lo que ocurre con esta ley es, además, un aviso de muchas otras acciones que el Parlamento está perpetrando silenciosamente y que cristalizarán si, por una causa u otra, el país quedara bajo control de la alianza burguesa.
Los sectores que esperan por decisiones similares son muy variados. Por ejemplo, está la poderosa industria farmacéutica multinacional, que aspira a normas jurídicas que le permitan ejercer un mayor control del que ya tienen sobre el mercado de las medicinas y apropiarse de la enorme diversidad botánica de nuestras selvas para obtener de ellas los principios activos de sus costosísimos productos. Para alcanzar esta meta, los laboratorios cuentan con diputados directamente a su servicio, quienes, con sus gestiones, están retribuyendo el financiamiento de campañas políticas y hasta de lujos personales. Por sus declaraciones los conoceréis.
El episodio de la Ley de Telecomunicaciones marca la reanudación de los esfuerzos de la AN contrarrevolucionaria por desmontar los avances logrados por el socialismo en casi 18 años de lucha. El caso más emblemático hasta ahora ha sido la ley mediante la cual se pretendió privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela, al hacer posible la reventa de las casas y apartamentos en el mercado abierto. Hasta ahora, esa y otras tentativas similares han sido frenadas por decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero todo indica que vendrán muchos más movimientos en el mismo sentido.
Para poder contenerlas de manera firme, todas y cada una de esas iniciativas legislativas de la derecha deben ser rechazadas no sólo por la institución judicial, sino también por el Poder Popular, por las organizaciones de la gente, por las comunidades. De lo contrario, más tarde o más temprano, tal como ya lo ha hecho en países de la vecindad suramericana, la derecha logrará su objetivo de restaurar el neoliberalismo. Así de importante es lo que está en juego.
(Clodovaldo Hernández / [email protected])
