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En detalle: Latinoamérica en alerta ante nuevo Plan Cóndor para derrocar gobiernos progresistas
Octubre 4, 2016
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El recién finalizado Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP), celebrado en Ecuador, tuvo como eje central de la agenda de trabajo la discusión sobre la preocupación de varios países de la subregión ante la reactivación del Plan Cóndor, iniciativa del Gobierno de Estados Unidos para derrocar los gobiernos progresistas (Venezuela, Honduras, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Argentina) que han emergido en América Latina durante los últimos años, cuyos modelos no alineados a la política estadounidense se han constituido en un obstáculo para la preservación del status quo y el modelo hegemónico implantado por el país del Norte en varios países durante décadas.

 

Uno de los principales impulsores de este debate fue el propio anfitrión del evento, el presidente Rafael Correa, quien desde principios de este año ha venido alertando sobre la nueva estrategia injerencista de Estados Unidos, basada ahora en la actuación de jueces y parlamentarios de los mencionados países que se han constituido en fichas para sentar las bases y defenestrar gobiernos defensores de los intereses populares, a través del Poder Legislativo y Judicial, teniendo como los casos más emblemáticos Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y, más recientemente, Dilma Rousseff en Brasil.

 

Correa manifestó a través de una entrevista concedida a la cadena televisiva Russia Today que lo que ocurre actualmente en América Latina no es una restauración conservadora, sino un nuevo Plan Cóndor con ataques judiciales y económicos que no tiene ni límites ni escrúpulos.

 

“Actualmente hay una judicialización de la política y golpes parlamentarios que atentan descaradamente contra la integración regional”, explicó el mandatario, quien acotó al respecto que “ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal”.

 

De igual forma, el jefe del Estado ecuatoriano manifestó que el intento de agredir a los gobiernos de izquierda de América Latina que se han instaurado mediante el voto popular no constituye un hecho novedoso.

 

“Siempre han tratado de desestabilizarnos y agredirnos: mire el golpe de Estado en abril de 2002 contra Hugo Chávez; en 2008 los intentos de desestabilización en Bolivia; 2009 en Honduras; 2010 en el propio Ecuador; 2012 Paraguay”, refirió.

 

La reedición del Plan Cóndor busca la coordinación de los dirigentes de derecha en América Latina para aislar del contexto regional a las naciones con gobiernos progresistas.

 

El nuevo Plan Cóndor busca el revanchismo político de la derecha al destruir y desprestigiar los avances sociales alcanzados por los gobiernos de tendencia socialista.

 

Esto se evidencia con la llegada en diciembre de 2015 del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, cuyas primeras medidas fueron despidos masivos, censura de medios de comunicación, privatizaciones y ataques contra países que no comulgan con sus políticas, como Venezuela.

 

EL CASO VENEZOLANO

 

En la entrevista antes referida, Correa denunció la “doble moral” existente en la Organización de Estados Americanos (OEA) al recordar cómo se trata el caso de Venezuela en el organismo y cómo el caso de Brasil pasa desapercibido.

 

“A Venezuela la acusaron de demorar el referéndum y la llevaron a Washington y le quisieron aplicar la Carta Democrática. Suponiendo que esto sea cierto, es diez mil veces más grave lo que ocurrió en Brasil, un golpe parlamentario”, resaltó.

 

La tesis de Correa fue compartida en el referido foro por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien indicó que Venezuela tampoco escapa de esta realidad.

 

“El Gobierno de Venezuela también ha sido víctima de un nuevo Plan Cóndor como ha sucedido con otras naciones de la región”, advirtió la ministra.

Reiteró su denuncia sobre la “existencia de 70 bases militares estadounidenses en nuestro continente”, e instó a los gobiernos de los países de la región a exigir el retiro de estas bases “porque lo único que traen son políticas belicistas a nuestra región”.

 

En el contexto del III Encuentro Latinoamericano y Progresista 2016, la ministra exhortó a los gobiernos progresistas de Suramérica a luchar “con la fuerza reveladora de los pueblos” por la defensa de la soberanía e independencia de las naciones.

 

En este sentido, Rodríguez instó a repensar la integración como mecanismo para transformar el modelo de desarrollo de los pueblos y del ser humano.

 

Dijo que es posible preservar el derecho al desarrollo de los pueblos, así como el derecho a la paz, el derecho a la Patria, el derecho al futuro, reconocido además en tratados internacionales, expresó.

 

La jefa de la diplomacia venezolana refirió además la acción de sabotaje a la política exterior de nuestro país, producto de la triple alianza conformada por los gobiernos derechistas de Paraguay, Argentina y Brasil, al tratar de impedir el ejercicio legítimo de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur.

injerencia y guerra económica

 

A esta situación denunciada por Rodríguez se suma la permanente presión ejercida desde la Organización de Estados Americanos, liderada por su secretario general, Luis Almagro, para aplicar sanciones a Venezuela, en virtud de una supuesta violación a los derechos humanos y garantías políticas.

 

Almagro no solo se ha limitado a ejercer presión contra el Gobierno venezolano apelando a su investidura, sino que ha emitido opiniones de manera recurrente sobre los asuntos internos del país, especialmente en materia política.

 

Adicionalmente, a la práctica injerencista de varios factores de la derecha internacional en la política interna del país, en Venezuela se han aplicado otras estrategias de tipo económico diseñadas desde Estados Unidos.

 

Desde el año 2013, año en que Nicolás Maduro asume la Presidencia de la República, se desató la llamada guerra económica traducida en acaparamiento y escasez artificial de productos de primera necesidad para provocar el debilitamiento institucional y situaciones de caos similares a las que se dieron en Chile en 1973 durante los meses previos al alzamiento militar encabezado por Augusto Pinochet que devino en el derrocamiento y asesinato del presidente Salvador Allende.

 

Varios economistas y especialistas en la materia han denunciado que en Venezuela esta práctica no es un fenómeno casual ni de data reciente, sino que el mismo se ha producido de manera reiterada desde que la Revolución Bolivariana llegó al poder en 1999.

 

En un reciente ciclo de foros sobre economía venezolana realizado en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), varios participantes expusieron que, curiosamente, cada vez que se acercaba un evento electoral, se registraba una baja en la oferta de productos de primera necesidad que se patentizaba en una gran cantidad de anaqueles vacíos en los abastos y supermercados.

 

Una vez culminado el proceso, los especialistas acotaron que, como por arte de magia, los artículos de la canasta básica comenzaban a aparecer en los expendios sin que los grandes productores y empresarios dieran una explicación razonable al respecto.

 

¿QUÉ FUE EL PLAN CÓNDOR?

 

El Plan Cóndor u Operación Cóndor, como también se le conoció, fue un plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia), la contrarrevolución cubana y los servicios secretos de Francia en la década de los años 70.

 

Su objetivo fundamental fue constituir una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, con la cooperación directa de los Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por sus siglas en inglés, con el fin de eliminar los movimientos políticos opositores a los referidos regímenes, principalmente organizaciones de izquierda.

 

La Operación o Plan Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando se contó con una verdadera red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina.

 

El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay (desde 1954) cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de João Goulart, en 1964. Después de una serie de golpes de Estado en Bolivia llegó al poder el general Hugo Bánzer en 1971. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet y la Junta Militar, con el apoyo y las instrucciones de la CIA estadounidense, derrocaron al presidente Salvador Allende, quien según la versión dada en aquel momento, se suicidó en la casa gubernamental de La Moneda durante el bombardeo.

 

Coincidiendo con el plan general de “ajustar” el Cono Sur, donde crecían movimientos populares de envergadura, también en 1973 se instaló la dictadura cívico-militar en Uruguay y solo tres años después, el 24 de marzo de 1976, una Junta Militar, presidida por el general Jorge Rafael Videla, tomó el poder en Argentina derrocando a Isabel Martínez de Perón, bajo cuyo gobierno ya había comenzado a actuar la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en una coordinación criminal con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

 

PRIMEROS PASOS DE LA OPERACIÓN

 

Uno de los primeros contactos para iniciar la organización ocurrió a mediados de 1975, cuando viajó a Paraguay el subdirector de la DINA (policía secreta de Chile), coronel Mario Jahn, miembro de las Fuerzas Armadas de ese país.

 

En esa ocasión, invitó al coronel Benito Guanes, jefe del D-2 del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paraguayas, a participar en la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional que se realizó en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de ese año.

 

El 25 de noviembre de 1975, fecha oficial de la creación del Plan Cóndor, los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron con Manuel Contreras, el jefe de la policía secreta de Chile (DINA).

 

En esa reunión se habrían establecido las bases de la Operación Cóndor con los seis países latinoamericanos, a los cuales en 1978 se les habría unido Perú y Ecuador.

 

A partir de 1976, la DINA chilena y su par argentino, la SIDE, fueron la vanguardia del Plan Cóndor.

 

Si bien algunos de los gobiernos de facto negaron la existencia del Plan Cóndor, los documentos desclasificados de la CIA indican lo contrario.

 

El 22 de diciembre de 1992, un importante volumen de información sobre la Operación Cóndor salió a la luz; estos archivos recibieron el nombre de “archivos del terror”; en ellos se detalla el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

 

Algunos de estos países han utilizado desde entonces secciones de este archivo para procesar a exoficiales del ejército.

 

Los archivos cuentan 50 mil personas asesinadas, 30 mil desaparecidos y unos 400 mil encarcelados.

 

Según esta documentación, otros países como Perú cooperaron en diversos grados, proporcionando información de inteligencia en respuesta a las peticiones de los servicios de seguridad de los países del Cono Sur.

 

A pesar de que la nación inca no se encontraba en la reunión secreta de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, hay pruebas de su colaboración con los regímenes de esta subregión.

 

Los “archivos del terror” también revelaron la cooperación, en mayor o menor grado, de los gobiernos de ese entonces de Colombia y de Venezuela.

Se ha alegado también que la organización paramilitar colombiana conocida como Alianza Americana Anticomunista pudo haber cooperado con el Plan Cóndor.

 

Entre tanto, Brasil firmó el acuerdo más tarde (en junio de 1976) y se negó a involucrarse en acciones fuera de América Latina.

 

La Revista Qué Pasa reveló el 22 de agosto de 1978 que la CIA envió a sus principales embajadas en Sudamérica la siguiente advertencia: “La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión”.

 

Un documento del Departamento de Estado, fechado el 18 de agosto de 1976, revela que el para entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, y otros oficiales del mismo departamento habían sido informados que entre los planes de la Operación Cóndor se incluían “asesinatos de subversivos, políticos y figuras prominentes tanto dentro de las fronteras nacionales como en países del Cono Sur y el extranjero”.

 

LAS CONSECUENCIAS DEL PLAN

 

La aplicación de la Operación Cóndor trajo consigo una terrible secuela de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, encarcelamientos y persecuciones en varios países del Cono Sur.

 

El 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, el general de ejército chileno, exministro de Defensa durante el Gobierno de Salvador Allende, Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, fueron asesinados por una bomba activada a control remoto.

 

El autor material del atentado fue el ciudadano estadounidense Michael Townley, agente de la policía secreta de Chile.

 

Sin embargo, las operaciones no siempre se trataron de asesinatos, también se ocupaban de la captura y entrega de personas consideradas “sediciosas” o “subversivas” por los distintos regímenes dictatoriales, así como el robo de niños.

 

En noviembre de 1978 ocurrió en Brasil el llamado “Secuestro de los Uruguayos”.

 

Bajo el consentimiento del régimen militar brasileño, altos oficiales del ejército uruguayo viajaron en secreto con dirección a Porto Alegre. Allí secuestraron a una pareja de militantes de la oposición política uruguaya, Universindo Rodríguez Díaz y Lilian Celiberti, junto con sus dos hijos, Camilo y Francesca, 8 y 3 años de edad.

 

Los Archivos del Horror de Paraguay de 1992 constituyen una de las evidencias más poderosas de la represiva dictadura de ese país. Según estos archivos, en la ciudad de Lambaré, en 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50 mil muertos, 30 mil desaparecidos y 400 mil presos.

 

Juan Bordaberry se autoproclamó dictador en Uruguay, prohibiendo al resto de los partidos políticos su participación e incluso su existencia.

 

En este país el golpe de Estado se dio en el año 1973 y perduró hasta 1985, lapso en el que se asesinó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció a una gran cantidad de personas, bajo el argumento de la lucha contra la “subversión”.

La caravana de la muerte: el horror en Chile

 

Una vez instaurada la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, el pueblo chileno vivió una verdadera historia de horror con el sinnúmero de crímenes perpetrados por el nuevo régimen mediante la llamada Caravana de la Muerte. Pinochet designó frente a la operación de exterminio al general del ejército Sergio Arellano Stark, quien junto a otros oficiales realizó un recorrido de norte a sur para localizar, aprehender y asesinar disidentes políticos y aliados del derrocado presidente Salvador Allende. El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973 a bordo de un helicóptero Puma del ejército, cuyo recorrido inicial incluyó ciudades del centro y sur de Chile: Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. A su paso dejó 26 personas muertas. En el norte de Chile la misión partió el 16 de octubre de 1973, recorriendo las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. El saldo de muertos fue de 71 personas. El regreso definitivo a Santiago tuvo lugar el 22 de octubre de ese año.

Alas de largo alcance

 

Las alas del Plan Cóndor no solo volaron sobre el territorio suramericano sembrando la muerte, sino que también se extendieron a otros países. El canciller chileno durante el Gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, fue asesinado por la explosión de un coche bomba en Washington, el 21 de septiembre de 1976. Su asistente, el estadounidense Ronni Moffitt, también murió en el atentado. El 6 de octubre de 1976, un avión de pasajeros de la empresa Cubana de Aviación, con 73 personas a bordo, fue objeto de un atentado explosivo durante el trayecto que realizaba entre las islas de Barbados y Jamaica, con destino final a la ciudad de La Habana. No hubo sobrevivientes. El crimen fue orquestado en Caracas por los terroristas cubanos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila, quienes contaron con el apoyo de la CIA, junto a los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo, quienes colocaron los artefactos explosivos.

 

(Ciudad Ccs)