Hace 71 años un Gobierno de importantes avances democráticos liderado por Isaías Medina Angarita fue derrocado con un golpe de Estado llamado “revolución” por los dirigentes del puntofijismo, líderes que no atendieron las demandas populares, sino que preservaron los intereses del capital extranjero y abrieron paso a un período de dictadura y bipartidismo hasta 1998.
Por ganar la Presidencia en unas elecciones de segundo grado contra Rómulo Gallegos (1941) y prolongar la hegemonía andina iniciada en 1899 –con Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras– los opositores a Medina, ex militar y luego político, le cobrarán su victoria con campañas de descrédito que opacarán en la opinión pública la apertura democrática iniciada por su Gobierno.
Medina, ex ministro de Guerra (Defensa), veía en la prensa a “unos defensores de las ideas que mejor convienen a la colectividad. Y en la libertad de expresión del pensamiento, una de las mayores conquistas de la civilización”, como lo cita Carlos Alarico Gómez en su libro Los sesenta. Historia de la hegemonía andina, donde explica que los dirigentes de Acción Democrática (AD), especialmente Rómulo Betancourt, aprovecharán esta libertad para atacarlo.
El impulso de los cambios generados luego de la muerte de Juan Vicente Gómez permitieron que las fuerzas políticas contaran con una audiencia informada, una fuerza trabajadora organizada y el surgimiento de sus líderes políticos cuyas arengas impactarán a la opinión pública y un grupo de oficiales jóvenes con ideas en contra del gomecismo.
A la luz de estas libertades el Partido Comunista de Venezuela (PCV) logró su legalización el 9 de octubre de 1945 –nueve días después tumbarán a Medina– evento que no agradó a los Estados Unidos y que fue aprovechado por AD, autodefinido como anticomunista, para alinearse con Estados Unidos, que está por iniciar la Guerra Fría contra la Unión Soviética, país donde Venezuela abrió su embajada ese mismo año.
“La reforma constitucional propuesta por Medina para eliminar la cláusula anticomunista de la Constitución del 36, ha sido tomada evidentemente por los extremistas de izquierda como un permiso del Gobierno para que realicen sus actividades abiertamente”, manifestó preocupado Joseph Flack, encargado de negocios de la embajada de EEUU.
Respecto a los negocios, a las compañías petroleras no les agradó la reducción de sus ganancias a raíz de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos (1943) que exigió la entrega de informes técnicos al Estado, unificar el régimen de concesiones para establecer ganancias en parte iguales (fifty-fifty), llevar la contabilidad y refinación de crudo en el país, además de obligar a pagar los impuestos y eliminar las exoneraciones aduanales.
Este aspecto y su enfrentamiento a los latifundistas con la Reforma agraria (1945) generaron el apoyo a su derrocamiento desde el extranjero y el poder económico, que se asentaría en una generación de jóvenes oficiales descontentos con los privilegios de los militares llamados “chopos de piedra”, vinculados a la vanguardia que conquistó el poder en 1899 y que estableció el paradigma de la sucesión andina en el poder.
El voto universal, directo y secreto, fue uno de los derechos que Medina no alcanzó a conceder e insistió en propiciar un gobierno civil mediante un pacto en el que propuso al tachirense Diógenes Escalante como candidato de consenso, sin embargo, su salud mental será un impedimento y el Partido Democrático Venezolano, organización política partidaria del Gobierno, eligió a Angel Biaggini, quien haría la reforma constitucional necesaria para celebrar unas elecciones de sufragio universal.
“Nuestra fórmula consistiría en la escogencia de un ciudadano extra-partido”, planteó Rómulo Betancourt a los factores políticos en una carta enviada el 13 de octubre, propuesta cuyo rechazo alertó a la Unión Patriótica Militar (UPM), liderada por Marcos Pérez Jiménez, que luego del mitin adeco del 17 de octubre, en el Nuevo Circo de Caracas, activará el golpe de Estado.
“Tendría que llegarse a la triste conclusión de que, en nuestro medio, pequeños desniveles culturales o profesionales despertaban ambiciones que iban contra la base misma de las fuerzas armadas”, manifestó Medina en Cuatro años de democracia (1963), quien en la mañana del 18 de octubre ordenó detener a los oficiales comprometidos en la conjura y sale de Miraflores a los cuarteles, para no regresar.
Ese día hubo enfrentamientos en el Cuartel San Carlos, la Escuela Militar (La Planicie), Miraflores y alzamientos en Maracay, Valencia y Mérida; a las nueve de la noche se proclama el apoyo a AD a través de Radio Nacional y doce horas más tarde, el 19 de octubre, Medina será detenido hasta que el30 de noviembre sea expulsado del país.
Luego de esta maniobra de espaldas a la militancia de AD y comprometida con los militares, Rómulo Betancourt asumirá la presidencia de una Junta revolucionaria de gobierno, integrada por Carlos Delgado Chalbaud, Mario Vargas (UPM), Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios (AD) y Edmundo Fernández, quienes darán fin a la hegemonía andina y con el signo del golpismo abrirán paso a una política nada revolucionaria de servilismo a EEUU y la oligarquía por más de 50 años.
“Respetaremos las concesiones y contratos otorgados a inversionistas extranjeros”, dijo Betancourt en su mensaje a la nación el 30 de octubre, “Venezuela necesita aporte de capitales importados para desarrollar sus veneros inéditos de riqueza y para continuar la completa explotación de los que están en pleno desarrollo. Es compatible esta decisión con la otra de procurar, con serena firmeza, un trato equitativo en las relaciones entre el Estado y los inversionistas”.
Esa será la mácula que retrasará la creación de una empresa estatal petrolera, que creará mecanismos para otorgarle a la burguesía las divisas por concepto de las ventas del crudo e instaurará una economía de importación que atrofiará la industria nacional, que hará concesiones aparentes a las demandas de un pueblo cuyo voto será una cifra para justificar el bipartidismo, basado en un modelo proselitista y clientelar.
Medina Angarita regresará al país en 1951 y fallecerá en Caracas el 15 de septiembre de 1953. “Por mi causa no habrá en Venezuela ni un exiliado, ni un preso político, ni un partido disuelto, ni un periódico clausurado, ni una madre que derrame lágrimas por la detención o el exilio de su hijo”, dijo en uno de sus discursos, y lo cumplió; algo que no hicieron Pérez Jiménez, ni Betancourt, Raúl Leoni o Rafael Caldera, mucho menos Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera y Jaime Lusinchi.
