Los resultados de las elecciones municipales del 9 de diciembre le aportan una nueva cuota de poder al gobierno nacional. Los cinco procesos electorales cumplidos desde mediados de 2017 han creado un balance ampliamente favorable, cercano a la hegemonía, para la Revolución Bolivariana, que acaba de arribar a su vigésimo aniversario.
El plan de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente y adelantar un cronograma de elecciones que ya cubrió todas las que estaban pendientes, ha dado frutos para el gobierno, en términos de acumulación de poder. En sentido contrario, las estrategias opositoras de violencia focalizada, internacionalización del conflicto interno y abstencionismo han tenido efectos desastrosos para su bando político.
Al cierre de 2018, el chavismo tiene entre sus haberes políticos constituidos legalmente:
- Poder Ejecutivo Nacional. Presidente, vicepresidenta ejecutiva, 32 ministros, 148 viceministros y 480 empresas del Estado. El mandato del presidente fue renovado en las elecciones de mayo y le corresponde iniciar su nuevo sexenio el 10 de enero de 2019.
- Poder Regional. 19 gobernadores con mayoría en sus respectivos Consejos Legislativos. 4 protectores de estado en las entidades donde gobierna la oposición.
- Poder Municipal. Más de 300 alcaldes a los que se suman desde esta semana 591 concejales.
- Poder Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, con más de 500 integrantes, todos electos en planchas revolucionarias, pues la oposición no quiso participar en los comicios.
- Poder Popular. Paralelamente, el gobierno ha logrado avances en la organización de las instancias locales a través de los consejos comunales y comunas. Aunque estos niveles tienen frecuentes roces con el statu quo gubernamental, a la hora de las confrontaciones con la oposición han desempeñado su rol de factores revolucionarios.
La oposición: dividida y mermada
Mientras tanto, los sectores opositores terminan el año viviendo una de las peores situaciones en dos décadas.
El único poder que controlan ampliamente, la Asamblea Nacional, ha sido declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que buena parte de sus funciones han sido asumidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente, dentro del Parlamento se ha roto la unidad opositora, lo que ha debilitado aún más su posición frente al gobierno.
La movida política de la convocatoria de la ANC, a mediados de 2017, neutralizó además uno de los poderes del Estado que había pasado a estar bajo control opositor a principios de ese año: el Ministerio Público, componente fundamental del Poder Ciudadano. La primera medida de la Constituyente fue destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz, y designar a Tarek William Saab.
La política de llamar a la abstención en todas las elecciones convocadas por la ANC (salvo la de gobernadores, en octubre de 2017) ha colocado a la oposición en una situación de inédita debilidad, incluso en municipios radicalmente antichavistas como es el caso de Baruta, en la región metropolitana del estado Miranda.
Cuando el presidente Nicolás Maduro fue reelecto, en mayo pasado, el reconocido analista Luis Britto García declaró para LaIguana.TV que ya la Revolución no tenía a mano ninguna excusa, dado el enorme poder que había logrado acopiar. Luego del resultado de las elecciones municipales, esa afirmación se refuerza aún más: en el tablero está todo el poder, en fila, en línea.
La pérdida sostenida de poder político por parte de la oposición no significa, sin embargo, que carezcan de otro tipo de poderes, entre ellos el control especulativo de la economía y el que deviene del bloqueo financiero internacional al que ha sido sometido el país.
(LaIguana.TV)
