El balance de 2018 en lo que a la industria petrolera se refiere podría resumirse en la idea de la simultaneidad de los desastres, de la tormenta perfecta.

No es que todos los eventos hayan ocurrido este año, pero muchos de los problemas que eran secretos se desvelaron en toda su oscura intensidad. Varias son Las claves de la crisis múltiple. Veamos algunas de ellas:

Caída dramática de la producción

Por decisiones estratégicas tomadas hace ya varios años y falta de oportunas correcciones de rumbo, la industria petrolera nacional, que debía alcanzar los 6 millones de barriles diarios en 2019, a duras penas está llegado al millón de barriles por día en la actualidad. 

A finales de la primera década del siglo, Pdvsa apostó por el desarrollo de los crudos extrapesados se la Faja del Orinoco, pero el rápido desarrollo de la explotación de los petróleos de lutitas, mediante la técnica de la fractura geológica (fracking) cambió drásticamente las condiciones del mercado. Los jerarcas de la casa matriz venezolana no supieron (o no quisieron) entender los vientos que soplaban y se atrincheraron en la Faja, que ha perdido su rentabilidad inicial y requiere de costosísimos equipos para obtener crudos mercadeables.

La caída de la producción es dramática y la tendencia es a seguir disminuyendo, pese a todos los planes anunciados por el presidente Nicolás Maduro. Expertos en la materia aseguran que se requiere de un decidido plan de reactivación de pozos convencionales, lo que exige un aumento del número de taladros en operación, lo que implica que serán necesarias inversiones fuertes en este campo.

Bloqueo financiero y deuda

La posibilidad de desarrollar ese tipo de planes de inversión está profundamente menoscabada por el bloqueo financiero que sufre Pdvsa, como parte de las denominadas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

Este bloqueo le ha impedido a la empresa venezolana tener acceso a préstamos e, incluso,  pagar sus deudas a pesar de tener los recursos disponibles para hacerlo.

Adicionalmente, sobre los activos de Pdvsa en el extranjero han actuado las empresas acreedoras de la República, como es el caso del conjunto de demandas intentadas contra Citgo.

Graves casos de corrupción

2018 ha sido el año de las grandes revelaciones en materia de corrupción dentro de la industria de los hidrocarburos. La magnitud de los montos robados al patrimonio público es difícil de imaginar para el ciudadano corriente.

Las irregularidades se han detectado tanto en los más altos niveles directivos como en las más diversas dependencias. Dos expresidentes de la empresa han sido privados de libertad. Uno de ellos, Nelson Martínez, falleció en prisión, sin que se hubiese avanzado en el juicio. El otro, Eulogio Del Pino, sigue detenido. Rafael Ramírez, quien fue el hombre más poderoso de la industria durante casi una década, es investigado por el Ministerio Público mientras se mantiene fuera de Venezuela.

El daño financiero causado por la corrupción es una de las causas de la caída de la producción, pues se trata de fondos que muy bien podrían estar dedicándose a los planes de rescate de campos.

Pérdida de mano de obra

La industria petrolera carga con una calamidad compartida con otros muchos sectores, pero que en este caso se convierte en un agravante de la crisis generalizada: la deserción de personal calificado.

Profesionales, técnicos y obreros especializados de Pdvsa se sumaron hace tiempo a la ola de migrantes laborales, conquistados por la ofertas de empresas de países vecinos o lejanos.

Este fenómeno general se agudizó a partir de la vigencia del Plan de Recuperación Económica, decretado en agosto por el presidente Maduro, pues uno de sus efectos iniciales fue aplanar las tablas salariales de todo el sector público.

Trabajar en Pdvsa había sido siempre un privilegio por muchas razones, entre ellas por las escalas salariales superiores al resto de los organismos estatales. Al desaparecer esta ventaja, muchos empleados precipitaron sus planes de marcharse.

Este éxodo de mano de obra calificada compromete severamente la viabilidad de los planes de reactivación de pozos convencionales, que solo pueden ser encomendados a personal con conocimientos y experiencia.

Retraso en decisiones clave

Una de las grandes heridas por las que se ha venido desangrando la petrolera venezolana es el contrabando de gasolina. Con su política de precios, el Estado ha terminado por sostener a una industria ilegal de la que se benefician particulares venezolanos (civiles y militares), mafias de las naciones vecinas y hasta otros gobiernos, como es el caso del colombiano que exporta gasolina trasegada ilegalmente desde Venezuela.

En agosto, al anunciarse el referido plan económico, nacieron las esperanzas de que este cáncer sería extirpado, ya que uno de los componentes básicos del programa era el aumento del precio de los combustibles hasta los niveles internacionales y la preservación del subsidio al ciudadano venezolano mediante un mecanismo que incluyó un nuevo registro vehicular y el empleo del carnet de la Patria. Sin embargo, esta medida no ha avanzado y transcurridos cuatro meses, los precios siguen siendo ficticios, mientras las enormes sumas destinadas al subsidio van a enriquecer a los mismos elementos mencionados.

Ejecutar la política ya anunciada permitiría eliminar el contrabando, racionalizar el consumo y redirigir la producción de gasolina hacia el mercado externo.

El hecho de que la gasolina esté siendo literalmente regalada (los pagos del usuario son solo propinas  para los bomberos) causa muchas dudas en la población acerca de la sostenibilidad de la oferta. Por esta razón, los automovilistas son tan vulnerables a los rumores de desabastecimiento y esto ha hecho frecuentes las colas en las estaciones de servicio, sin que exista una justificación real.

Colapso del servicio de gas

Por si todas las crisis simultáneas fueran pocas, el deterioro del suministro de gas en bombonas ha escalado a niveles de colapso. Muchas comunidades han retrocedido a épocas que se creían superadas, pues personas de todas las edades deben madrugar y pasar largo tiempo en colas, a la espera de los camiones, muchas veces para adquirir el producto con sobreprecio, en una operación de bachaquerismo abiertamente aceptado.

Las más afectadas por esta deficiencia son las comunidades urbanas y rurales pobres, las que no tienen acceso al gas directo. El daño a su calidad de vida es difícil de cuantificar y abona al descontento de gruesos sectores de la población, especialmente en el interior del país.

(LaIguana.TV)