El partido político Voluntad Popular (VP), cuyo coordinador nacional y fundador es el opositor encarcelado Leopoldo López, emitió un comunicado el domingo 13 de noviembre donde cuestionó los acuerdos alcanzados el sábado en la mesa de diálogo, e instó a sus seguidores a conformar un “Gran Movimiento Cívico de Defensa de la Constitución”.
La intención del movimiento sería lograr que la Asamblea Nacional (AN), reactive el “juicio político” y declare el abandono del cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro para “elegir un nuevo presidente”.
Asimismo, el llamado de VP a sus seguidores es a “desbordar las calles de gente ejerciendo su derecho constitucional a la protesta hasta que se consiga mediante la presión popular cívica el cambio deseado”.
En el comunicado se afirmó que el proceso de diálogo donde participan representantes del Gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha sido “inoficioso” y no resuelve “la principal aspiración del pueblo venezolano: elegir un nuevo gobierno”.
Voluntad Popular remarca en su comunicado que el único culpable de la crisis económica que atraviesa el país es “el régimen”.
“El pueblo sabe que la crisis económica no es culpa de ningún boicot o sabotaje, ni la inseguridad de paramilitares armados; la inmensa mayoría de los venezolanos sabe que Nicolás Maduro, y su régimen, es el único responsable por su incapacidad, por convalidar la corrupción, por negarse a rectificar el modelo fracasado. No es la Unidad ni los venezolanos quienes debemos asumir esa responsabilidad, como se informó ayer como uno de los resultados. Esto solo servirá para encubrir la corrupción e ineficiencia del gobierno”, se declara en el comunicado.
Entre los acuerdos anunciados el sábado al término de la segunda reunión plenaria de diálogo están que se levante el estatus de desacato de la AN, la elección de dos nuevos rectores electorales, resolver el abastecimiento de medicinas y alimentos y, según la MUD, nuevas liberaciones de opositores encarcelados.
Sobre este tema, VP exige que se reconozca como “presos políticos” a quienes el Gobierno llama “personas detenidas”.
(LaIguana.TV)
