Esta cifra es ampliamente inferior a los 12.000 millones de dólares que la petrolera reclamaba inicialmente ante este organismo adscrito al Banco Mundial, del cual el Estado venezolano oficializó su retiro el 25 de julio de 2007 con el objetivo de salvaguarda el ejercicio de su soberanía.
De acuerdo con la sentencia del arbitro internacional, 1.411 millones de dólares corresponden al pago por concepto de nacionalización del campo de Cerro Negro; 179, 3 millones de dólares por la nacionalización del proyecto La Ceiba y otros 9 millones por recortes de producción y exportaciones entre 2006 y 2007.
De dónde proviene el acuerdo petrolero con Exxon
En 1997, la empresa estadounidense Mobil (posteriormente absorbida por Exxon) suscribió un acuerdo con Pdvsa para extraer petróleo pesado en la localidad de Cerro Negro, Estado Monagas, en un contrato otorgado durante la llamada política de «Apertura Petrolera», aplicada por los gobiernos de la IV República, los cuales no garantizaban el manejo soberano del Estado venezolano sobre los recursos energéticos.
Por tal motivo, en mayo de 2007 el Comandante Hugo Chávez, concretó la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, en donde se encontraba el proyecto con Exxon, con el objeto de poner fin al proceso de privatización de la industria petrolera, iniciado durante la década de los años 90.
Esta acción permitió garantizar a la nación una mayoría accionaria de por lo menos 60% en la conformación de las empresas mixtas establecidas, para llevar a cabo la exploración, extracción y procesamiento de crudo en esta área de 55 mil kilómetros cuadrados, que comprende los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico y Bolívar, y que almacena la reserva más grande de crudo del planeta.
De igual modo, permitió consolidar la nacionalización de 33 convenios cooperativos, 11 proyectos de asociaciones y todas las operaciones acuáticas, taladros y actividades de compresión de gas y de agua desarrollas en la FPO, la mayor reserva de petróleo del mundo.
Sin embargo, cuando Chávez emitió el decreto de nacionalización, ofreció una cantidad de recursos para indemnizar a las empresas participantes, que fue aceptada por la gran mayoría, a excepción de Exxon Mobil, que la rechazó, y procedió a demandar a venezuela en tribunales internacionales.
En 2008, Exxon Mobil sufrió un revés judicial cuando un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de bienes por 12.000 millones de dólares de Pdvsa y a finales de diciembre de 2011, la Cámara de Comercio Internacional acordó que la petrolera estatal venezolana debía compensar a Exxon Mobil con 907,58 millones de dólares por los activos que fueron nacionalizados en el 2007.
De este monto, Pdvsa sólo debía cancelas 255 millones de dólares, tras substraer un conjunto de créditos que había suministrado a la empresa norteamericana.
La transnacional Exxon Mobil ha estado atacando la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela continuamente durante los últimos siete años, impugnando la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco y la extinción de los convenios de asociación firmados por PDVSA durante la apertura petrolera de los años 90, todas acciones lideradas por el Comandante Supremo Hugo Chávez en el marco de la Política de Plena Soberanía Petrolera. Este ataque comenzó con un intento de hacer poner de rodillas a PDVSA mediante un abusivo proceso que sólo puede ser calificado de “terrorismo judicial”, cuando Exxon Mobil obtuvo de una corte en Londres una orden de congelamiento de activos de PDVSA con alcance mundial (la infame “Mareva injunction”).
En ese entonces la Exxon Mobil afirmó que PDVSA le debía 12 mil millones de dólares por la nacionalización del Proyecto Cerro Negro y que esa poderosa transnacional necesitaba protección de la corte en Londres. La firme defensa de PDVSA tuvo éxito en derrotar esta maniobra abusiva de ExxonMobil, demostrando que sus acciones fueron totalmente infundadas. En el arbitraje que Exxon Mobil inició contra PDVSA ante la Cámara de Comercio Internacional, PDVSA logró demostrar que los reclamos de ExxonMobil eran sumamente exagerados y que, si ExxonMobil hubiera tenido algún interés en negociar un acuerdo de buena fe, hubiera podido obtener la compensación apropiada mediante un acuerdo amigable.
En aquel entonces, a principios del año 2012, ExxonMobil trató de restarle importancia al éxito de PDVSA, informando a todo el mundo que su reclamo principal seguía siendo de miles de millones de dólares ahora en contra del Estado Venezolano ante el CIADI. A tal efecto, la transnacional utilizó el cuestionado sistema internacional de arbitraje de inversión, el cual se ha prestado muchas veces para agredir la soberanía de Estados e imponer indemnizaciones punitivas a diferentes países a fin de inhibirlos en el ejercicio de su soberanía permanente sobre la explotación de sus recursos naturales.
Pero ahora, aún dicho sistema ha rechazado las pretensiones exageradas de Exxon Mobil. El tribunal arbitral del CIADI acaba de emitir su laudo definitivo en el caso, poniendo fin a las especulaciones infundadas que han venido circulando por varios años de que la República tendría que pagar una indemnización de miles de millones de dólares a Exxon Mobil y confirmando que el nivel de compensación buscado por Exxon Mobil por la nacionalización siempre ha sido exorbitante y completamente injustificado, tal como la República ha dejado claro desde el principio del litigio en 2007. El monto total de la compensación determinado por el tribunal arbitral por los antiguos Proyectos Cerro Negro y La Ceiba es de 1.591 millones de dólares, monto que no guarda relación alguna con las pretensiones irrazonables de Exxon Mobil en este caso, que ascendían a alrededor de 20 mil millones de dólares. Estas absurdas cantidades buscadas por transnacionales como Exxon Mobil y Conoco, si fueren tomadas en serio por tribunales arbitrales, podrían resultar en la destrucción de la economía de muchos países y en el colapso total del sistema de derecho internacional.
Cabe señalar que el tribunal arbitral del CIADI ha reconocido un crédito en favor de la República por el monto ya pagado por PDVSA de 907 millones de dólares en 2012 para el Proyecto Cerro Negro, que deberá descontarse, además de los interés, del monto del laudo, quedando así reducido sustancialmente el monto restante a pagar. No obstante que la suma ya pagada por PDVSA debería haber puesto fin a la disputa relativa a la compensación por el Proyecto Cerro Negro, el monto global determinado por el tribunal arbitral del CIADI para el conjunto de los proyectos de Exxon Mobil en el país se encuentra dentro del rango razonable considerado por la República en 2007, cuando la República hizo sus mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo amigable, los cuales fueran abruptamente rechazados por Exxon Mobil en esa oportunidad.
La decisión del tribunal arbitral deja claro que este litigio de siete años de duración, de proporciones gigantescas y maniobras escandalosas de Exxon Mobil, fue totalmente innecesario, no sirviendo a propósito legítimo alguno. El retiro de Venezuela del CIADI, que se produjo en 2012 como reacción a elementos del sistema de arbitraje de inversión con los cuales disentimos, en forma alguna disminuyó nuestro criterio de reconocer el principio de compensación justa por la nacionalización, pero lo que la República no ha aceptado ni nunca aceptará es doblegarse frente a reclamos exorbitantes. El éxito final en este litigio se debe a la firme determinación de la República de ser fiel a ese principio fundamental.
Una vez mas la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno, instituciones y trabajadores le salen al paso y logramos derrotar las agresiones de los poderosos intereses transnacionales, y a sus agentes nacionales que de manera vergonzosa los apoyan en el país. Reiteramos que Venezuela se respeta, estamos decididos a defender nuestra independencia y soberanía en cualquier escenario.
VIVA EL COMANDANTE CHAVEZ!!!
