Los gobiernos de la IV República se caracterizaron por la torturas, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos que aplicaron contra los dirigentes de izquierda y el pueblo, un práctica que quedó evidenciada el 27 de febrero de 1989 cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) masacró a la población. Este miércoles se cumplen 30 años de esos hechos.
El 16 de febrero de 1989, casi 15 días después de tomar posesión como presidente de la República, por segunda vez, CAP, anunció un «paquete económico» que incluía acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y someterse a un programa de supervisión para obtener 4.500 millones de dólares en tres años, privatizar empresas no estratégicas en manos del Estado, liberar las tasas de interés activas y pasivas con un techo de 30%.
La medida también contemplaba la liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica, congelación de cargos en la administración pública, incremento de las tarifas de servicios públicos como teléfono, electricidad, agua y gas, y aumentar en 100% el precio de la gasolina.
El Caracazo
El 27 de febrero de 1989, todo comenzó en Guarenas, estado Miranda, donde tuvo lugar una protesta espontánea cuando los usuarios de esa ruta interurbana fueron sorprendidos con un alza de las tarifas del pasaje, que de forma arbitraria superó el 100%. Sumado a ello estuvo el desconocimiento del beneficio estudiantil, que implicaba pagar solo la mitad del pasaje.
Aquella manifestación dejó como saldo vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinados de heridos, informó ese día diversos noticieros de televisión, y cuyo reporte se puede ver en la red youtube.
La protesta se propagó de forma inmediata hacia zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, El Valle, Nuevo Circo, La Hoyada, Catia y en La Guaira (estado Vargas), Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Barcelona (Anzoátegui) y Ciudad Guayana (Bolívar).
Aquel estallido social se caracterizó por la espontaneidad. Sus acciones no tuvieron un liderazgo visible, ni fueron organizadas por partido o grupo político alguno, refiere el libro Cronología de una Implosión, la década final de la IV República.
El Plan Ávila contra el pueblo
En la madrugada del 28 de febrero el presidente Pérez, ordena mandar a la calle al Ejército con licencia para utilizar armas de fuego. En la tarde anuncia la suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda con el fin de reprimir al pueblo insurgente.
Los derechos a la libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad individual, individual de domicilio, derecho a la reunión y a la manifestación pacífica previstos en la constitución de 1961, fueron suspendidos.
A partir de allí arreció la represión de los cuerpos de seguridad contra el pueblo en zonas populares como Petare, La Vega, Catia, El Valle, entre otros sectores.
Mientras el país permanecía militarizado, el 1 de marzo el gobierno de Pérez firma una carta de intención con el FMI solicitando un préstamo para la aplicación del paquetazo. Seis días después fue suspendido el toque de queda y comenzaron a reactivarse las actividades en la nación.
Cuatro millones de balas disparadas
El 4 de marzo de 1989, el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez justificó los acontecimientos y se refirió al estallido social como un descontento de los pobres contra los ricos. «El estallido popular fue una lección de los pobres contra los ricos y no contra el gobierno», dijo en declaraciones que reseña el libro Cronología de una Implosión.
Aquel año la revista SIC, del Centro Gumilla publicó lo siguiente: «Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado. Para él la cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no solo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza. Los de arriba, sin embargo, a causa de su mala conciencia se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo y unos abandonaron inmediatamente el país o al menos pusieron a sus hijos a salvo y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa».
Agrega la publicación: «No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo. El ataque vino por la acción combinada de la policía y el ejército y el enemigo fue el pueblo. Y los muertos fueron todos del pueblo. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez».
Según la cifra oficial emanada por el gobierno de entonces, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 300 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Aunque aún no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas, diversas investigaciones y publicaciones aseveran que las víctimas ascendieron al número de 3 mil.
Reivindicación a las víctimas
Como un acto de justicia, en noviembre de 1999, el Gobierno bolivariano reconoció la responsabilidad del Estado venezolano en estos sucesos.
El 11 de noviembre de 1999, más de diez años después de El Caracazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la violación de los derechos fundamentales de 44 víctimas.
A finales de 2006, el Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, por medio del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no fueron acogidas por las sentencias, refiere el libro Cronología de una Imposión.
El 30 de abril de 2007, el Comandante Chávez, ordenó el retiro de Venezuela del FMI, al cancelar totalmente la deuda externa, y destacó: «Cerramos un ciclo histórico de endeudamiento con el FMI y el BM que comenzó en 1989 el ex presidente Carlos Andrés Pérez, al firmar un acuerdo (…) causante del Caracazo»:
(AVN)
