Las pérdidas y los daños económicos dejados por el apagón son multimillonarios y transversales: abarcan tanto al Estado venezolano como a las empresas y a las familias. Es obvio que tendrán repercusión no solo en lo inmediato sino durante el mediano plazo en el conjunto de la economía nacional y en la de los particulares.
Los expertos en esta materia indican que los daños son básicamente los activos afectados. Por ello, la estimación de los daños puede medirse en términos monetarios valorados según el costo de reposición de dichos activos, es decir, el valor requerido para reponerlos.
Mientras tanto, se considera como pérdidas “los bienes que se dejan de producir y los servicios que se dejan de prestar durante un lapso que se inicia tan pronto ocurre el desastre, y se prolonga hasta que se alcanza la recuperación y la reconstrucción total”. La anterior es una definición aplicada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en un documento de 2014 referido a desastres como terremotos, huracanes e inundaciones, pero que también es aplicable a un evento como el apagón del 7 de marzo.
La CEPAL señala que los daños pueden contabilizarse en el momento en que se producen, pero las pérdidas no, pues sus repercusiones en términos económicos perduran por un cierto tiempo.
En este tipo de acontecimientos surgen, además, gastos adicionales, rubro en el que los especialistas ubican las erogaciones requeridas para la producción de bienes y la prestación de servicios necesarios a causa del desastre, como la compra de agua potable, servicios especiales de comunicaciones, combustibles, lubricantes, plantas eléctricas, uso de vehículos y contratación de personal temporal.
Daños y pérdidas del Estado
Los daños y las pérdidas que ha sufrido el Estado son la magnitud más significativa. Solo las autoridades podrán hacer un estimado real una vez que terminen todas las evaluaciones. Este conjunto de perjuicios puede dividirse en varios renglones:
Daños y pérdidas directas derivadas del corte eléctrico. En esta categoría se ubican los enormes gastos en los que ha tenido que incurrir el Estado en la reposición del servicio, incluyendo equipos dañados o destruidos y los pagos extraordinarios a investigadores, expertos, técnicos y obreros.
Asimismo es necesario incluir acá las pérdidas derivadas de la paralización de actividades productivas en otras industrias y servicios a cargo de entes estatales. Naturalmente el primer lugar en la lista lo ocupa el sector petrolero. La parada en la actividad extractiva, de transporte, refinación y exportación es especialmente sensible debido a la baja estructural en la producción que viene experimentando PDVSA desde hace varios años.
Otros campos en los que surgieron gigantescos gastos no previstos para reponer los servicios son el suministro de agua potable y los sistemas masivos de transporte.
Daños y pérdidas indirectas. Con el apagón se han dañado equipos en muchas instituciones públicas, desde ministerios y grandes empresas estatales hasta módulos de salud o pequeñas escuelas rurales. Estos activos averiados o destruidos se suman, en muchos casos, a una lista ya larga de problemas y déficits que existían antes de la falla eléctrica nacional.
Entre los perjuicios sufridos por el Estado deben incluirse los de todos los Poderes Públicos, en sus diversos niveles: desde la presidencia de la República hasta cada una de las alcaldías, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el más modesto tribunal, organismos de seguridad civiles y militares, empresas públicas, mixtas o de propiedad social y cualquier otro ente cuyo presupuesto dependa en alguna medida de fondos públicos.
Daños y pérdidas en el sector privado
La situación que sufre el Estado se replica, en su correspondiente dimensión, en las diferentes unidades de producción del sector privado: desde las grandes corporaciones monopólicas u oligopólicas hasta las firmas personales y los emprendimientos. Naturalmente, las empresas de mayor dimensión están en capacidad de absorber mejor los perjuicios que las pequeñas y medianas.
A diferencia del Estado, el sector privado resuelve este tipo de acontecimientos imprevistos trasladando al consumidor o usuario los costos de reposición y el llamado lucro cesante, es decir, lo que se dejó de ganar en un tiempo determinado. Es lo que hace la mayoría de los empresarios en condiciones normales, así que nada de raro tiene que lo hagan en circunstancias especiales.
Desde que se inició el más reciente intento de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, en enero, han ocurrido varias situaciones de vandalismo (saqueos y conatos de saqueo) en perjuicio de empresarios privados. Así pasó en sectores populares las noches de los días 23 y 24 de enero tras la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado”. Fueron eventos en los que participaron guarimberos estilo 2017 y delincuentes comunes de las respectivas zonas.
El fenómeno de los saqueos (que en algunos casos fueron abortados) se acentuó durante las horas del apagón, en particular después de que el propio Guaidó emitiera una declaración vía Twitter en la que prácticamente justificaba acciones contra la propiedad privada. Quienes le tomaron la palabra no fueron por alimentos o medicinas, sino por bienes costosos como los que se venden en algunas tiendas del Centro Sambil de Maracaibo o por la cerveza en depósitos de Empresas Polar.
A los daños y pérdidas sufridos por este número reducido de empresas deben sumarse otros, no violentos, derivados de la falta de energía eléctrica para la conservación de materias primas o productos que requieren refrigeración como carnes, pescados, rubros de charcutería y ciertos medicamentos.
Del mismo modo hay que contabilizar los gastos ocasionados por averías temporales o permanentes en los equipos de las empresas, causados por el corte eléctrico y por las oscilaciones del flujo de corriente luego del restablecimiento del servicio, acentuados –de acuerdo a la versión oficial- por las siguientes fases del sabotaje, el ataque electromagnético del sábado 9 y las acciones específicas contra algunas estaciones y subestaciones eléctricas, en días posteriores.
Se trata de un renglón de gastos que ya muchas empresas han incorporado a sus egresos corrientes, debido a las fallas recurrentes de la electricidad en muchas regiones del país. Pero a raíz del apagón surgieron casos especiales y se vieron afectadas compañías ubicadas en zonas donde regularmente no ocurren interrupciones.
En los registros de las empresas industriales hay que anotar como pérdidas la falta de producción durante los días que se prolongó la suspensión de actividades por el apagón y la recuperación del suministro de energía.
Daños y pérdidas personales y familiares
El tercer escalón de los efectos económicos negativos es el de los daños y las pérdidas que tocan al patrimonio de los individuos y las familias.
Aquí hay que anotar las pérdidas de alimentos por falta de refrigeración, las fallas de electrodomésticos por las variaciones de tensión y los gastos imprevistos para compra de agua, comida preparada y otros productos.
En la contabilidad de las pérdidas habría que incluir todos los sobreprecios especulativos que los ciudadanos comunes debieron pagar para acceder a bienes y servicios escasos en los días de la emergencia.
Difíciles de cuantificar, pero muy reales, son las oportunidades de trabajo o de negocios que muchas personas desperdiciaron debido a la situación irregular. Esto vale especialmente para trabajadores por cuenta propia, especialmente aquellos cuyos oficios dependen de que funcionen normalmente las actividades laborales, educativas y de transporte público.
Lo que debería venir
Esta revisión de los diferentes niveles y campos de daños y pérdidas que generó el apagón nacional da una idea de su magnitud de desastre y es en sí misma una denuncia que exige establecer responsabilidades.
La envergadura de los perjuicios tanto para el Estado como para el sector privado y las familias obliga a realizar investigaciones que establezcan con rigurosidad quiénes fueron los culpables de la anormalidad. De comprobarse la tesis expuesta por el gobierno nacional acerca de un sabotaje multimodal, una parte sustancial de la colectividad nacional aspira a ver a los perpetradores debidamente sancionados.
Igualmente, todo el país consciente espera que se sancione a quienes han desempeñado funciones en el sector eléctrico y, por incompetencia o por corrupción, han permitido el deterioro de unas instalaciones e infraestructuras de tanto valor estratégico.
Y esto es solo lo la material
La revista de los diferentes tipos de daños y pérdidas que deja un evento como el apagón del 7 de marzo es muy parcial porque aún no se conocen los números concretos. Pero, sobre todo, es parcial porque toca únicamente lo económico.
Un hecho de esa naturaleza, sobre todo por el contexto de asedio internacional en el que se produce, genera efectos traumáticos en ámbitos no materiales, como el psicológico y el sociológico.
Bajo la hipótesis del sabotaje, está claro que alterar a las personas en lo individual y propiciar enfrentamientos entre conciudadanos era uno de los objetivos.
Venturosamente, en este caso, el resultado que se aprecia a simple vista no es daños y pérdidas, sino, por el contrario, de logros y ganancias, pues la contingencia trajo consigo una recarga de conciencia social y de la solidaridad.
(LaIguana.TV)
