Las mal llamada sanciones de Estados Unidos, a las que Lucrecia Hernández aconseja denominar medidas coercitivas unilaterales, son causas directas de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas por tales acciones, como es el caso del pueblo venezolano desde 2014.
Hernández es directora de la ONG de derechos humanos Sures, que ha elaborado un exhaustivo informe en el que se detallan todas estas medidas y sus efectos sobre la salud, la alimentación y otros derechos de los venezolanos.
La abogada conversó con LaIguana.TV sobre ese tema y también respecto al financiamiento de las ONG de derechos humanos.
A continuación, una versión del diálogo que sostuvo con el periodista Clodovaldo Hernández:
-Sures se diferencia de otras organizaciones de derechos humanos en su enfoque del tema ¿cierto?
-Nuestra ONG trata de mostrar otra visión de los derechos humanos: una visión crítica y contrahegemónica, que rompe con la creación de que el sistema de derechos humanos solo se sustenta en las violaciones que cometen los Estados. Eso estaba bien para 1945 cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, pero el mundo ha cambiado y hay otros actores que tienen mucha más fuerza que los Estados y deben ingresar como agentes violadores de derechos humanos. En esta situación están muchas empresas privadas transnacionales e, inclusive, personas naturales que pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos, según la normativa internacional. Se trata de tener una posición más amplia, crítica, abarcativa del tema.
-¿Qué señala el informe de Sures en torno al peso de las represalias ilegales de Estados Unidos y otros países en la situación de los derechos humanos de los venezolanos?
-Nosotros hemos venido trabajando el tema de las medidas coercitivas unilaterales que se vienen dictando contra los Estados. Principalmente estudiamos el caso de Venezuela. Allí partimos también de la diferencia conceptual que existe entre “sanciones” y “medidas coercitivas”. Nosotros sostenemos que no debe hablarse de sanciones porque eso, desde el punto de vista jurídico, supone que el Estado castigado ha cometido un acto reprochable, una infracción y por eso le es pasible una sanción desde el punto de vista jurídico…
-También implica darle legitimidad al que aplica la medida, como si tuviera derecho a hacerlo ¿No es así?
-Exacto. Es como si se hubiera infringido una norma convenida entre ambos. En este caso no es así. Por eso decimos que se trata de medidas coercitivas aplicadas unilateralmente con la única finalidad de cambiar el régimen legal y político de otro Estado. Eso significa violar los derechos de las personas que han elegido ese gobierno. Nosotros hemos venido haciendo una sistematización de las medidas coercitivas que se iniciaron en 2014, aunque desde mucho antes había habido actos de presión. En noviembre 2014, el Congreso de EEUU dicta la Ley 113-278, que establece restricciones económicas y comerciales muy fuertes contra el Estado venezolano, fundamentalmente contra Pdvsa, que produce más de 90% de las divisas que requiere el país, y contra el Banco Central de Venezuela, que es la autoridad en la política cambiaria. Se ha querido tergiversar el sentido de las sanciones, diciendo que eran aplicadas a determinados funcionarios del Estado y por eso no afectaban al pueblo. Pero si uno lee los textos de estas medidas coercitivas, se da cuenta de que están directamente relacionadas con la economía nacional. Además, muchos de los altos funcionarios a los que se les aplican estas medidas tienen cargos de elección popular. Por eso también podemos decir que esas medidas dificultan la participación de estos funcionarios, electos democráticamente, ante instancias internacionales.
Una larga historia
Hernández explicó que al año siguiente, 2015, se dictó la Orden Ejecutiva del entonces presidente de EEUU, Barack Obama, en la que se cataloga a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de EEUU. A partir de ese momento se inicia una escalada y se pone en la mesa el tema de la intervención como una posibilidad en la agenda de EEUU para Venezuela. “En 2016 no se aplicó ninguna medida, pero en los años 2017, 2018 y lo que va de 2019 se han incrementado paulatinamente estas medidas. En el gobierno de Obama se dictaron 2, mientras en el gobierno de Trump, hasta el día 22 de marzo, ha habido 24 medidas coercitivas, solo por parte de EEUU. Se trata de una escalada de violencia a partir de 2017”.
-¿Cómo afectan esa medidas los derechos humanos concretos de la población?
-Tenemos que en Venezuela, la mayoría de los medicamentos necesarios para garantizar el derecho a salud son importados. Y se importan de los países que han aplicado sanciones. 34% vienen de EEUU, el país que más sanciones ha aplicado. También se importan de Canadá, que también las ha aplicado, y de Italia y Suiza, que lo han hecho a través de la Unión Europea. Esos países no permiten que sus medicinas lleguen a Venezuela. Lo mismo pasa con insumos y equipos necesarios para garantizar el derecho a la salud. Ese es un hecho objetivo. Nuestras investigaciones manejan datos aportados no solo por el gobierno, sino de investigaciones académicas hechas en los países de origen de las exportaciones de medicamentos. Algo parecido ocurre con los alimentos, que en parte se importan desde EEUU, Canadá, Brasil y otros Estados que han imposibilitado la comercialización y la distribución. Por otro lado el cierre de las cuentas que tenía el Banco Central en bancos corresponsales, como CitiBank, Commerce Bank, el Deutsche Bank, también ha impedido que el Estado venezolano pague por esas compras de medicinas y alimentos.
-¿De esa manera se afecta las compras incluso a otros países que no han emitido sanciones?
-Exactamente. Tenemos el ejemplo de Brasil que, sin ser un gobierno aliado de Venezuela, ha pedido el cese de las medidas coercitivas porque no tienen manera de pagar la factura de la electricidad que le vende Venezuela para sus estados fronterizos.
También afectados los CLAP
La directora de Sures dijo que es necesario hacer una distinción entre la garantía del derecho a la salud y el derecho a la educación. Estima que el derecho a la salud ha sido el primer afectado porque en alimentación se han encontrado alternativas y, además, Venezuela produce buena parte de lo que consume. “Lo que ha pasado es que, durante mucho tiempo, hemos tenido una dependencia de alimentos que no se producen en el país y que, en verdad, no son tan necesarios para nuestra alimentación. Importamos de Canadá 72% del trigo que se requiere, pero ¿necesitamos el trigo? –se pregunta-. Creo que lo que ha habido es una modificación de los hábitos alimentarios de la población, y eso tal vez le genere a la gente una sensación de que no tiene para comer. Sin embargo, eso no es cierto. Lo que ocurre es que no tiene disponible un rubro que el país no produce”.
-En el caso de la alimentación, el gobierno ha podido responder con el programa de los CLAP…
-Sí, pero también es verdad que ese programa ha sido muy atacado. Le han puesto muchas dificultades para la comercialización y el pago de las facturas. Tanto el gobierno de Brasil como el de Colombia y, por supuesto, el de EEUU han tratado de impedir el ingreso al país y la distribución de estos alimentos.
-Eso demuestra la intencionalidad política de las medidas coercitivas.
-Claro. Lo que se persigue es presionar para un cambio de gobierno. Eso no lo decimos nosotros, como ONG, sino las Naciones Unidas a través de la Relatoría Especial creada para medir los impactos negativos de las medidas coercitivas en los derechos humanos. Esta relatoría tiene pocos años, pero el relator ha venido denunciando cómo estas medidas coercitivas impactan fundamentalmente en las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad, como niños y mujeres. También ha planteado que temas como los alimentos y el agua potable debería quedar siempre fuera de cualquier medida coercitiva.
-Venezuela viene de lograr un éxito en esta línea en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde numerosos países reconocieron el peso de las medidas coercitivas unilaterales en la llamada “crisis humanitaria”. ¿Cierto?
-Sí, el último día de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se aprobó una resolución impulsada por Venezuela a través del Movimiento de Países No Alineados, en la que se solicita a todos los Estados que dejen de aplicar medidas coercitivas porque violan directamente los derechos humanos. Se señala que las controversias entre los Estados deben resolverse por otras vías, por el diálogo, por la negociación, no a través de medidas coercitivas. Esta resolución es un hito importante dentro del Consejo de Derechos Humanos y empieza a sentar bases para crear una jurisprudencia y una doctrina en el sistema de Naciones Unidas para avanzar más allá de lo declarativo, de los principios. La idea fundamental es sentar las bases jurídicas para tener un instrumento vinculante para denunciar a los Estados que aplican medidas coercitivas.
El dinero de las ONG
-En el mundo y en Venezuela hay muchas ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Pero la mayor parte de estas organizaciones tienen posiciones muy sesgadas respecto al gobierno venezolano, y eso tiene mucho que ver con el financiamiento que reciben. ¿Cuál es la realidad de las ONG de derechos humanos?
-Muchos de los que formamos parte de Sures estuvimos en esas otras ONG en los años 90. Con la llegada del gobierno del presidente Chávez nos tuvimos que separar porque esas ONG asumieron posiciones netamente política en contra del gobierno, justamente por esa visión hegemónica que se tiene de los derechos humanos. También actuaron así porque empezaron a aceptar un financiamiento que hace difícil que después sean neutrales. Si estás financiado por organizaciones internacionales que reciben fondos del Departamento de Estado, es muy difícil que después puedas tener una opinión imparcial frente a estos temas. Pero también hay muchas ONG que reciben financiamiento de organizaciones que permiten un trabajo independiente. En el caso nuestro, no recibimos financiamiento, somos profesionales que hacemos un aporte. Yo soy abogada y con mi trabajo financio la organización. Pero en Venezuela tenemos organizaciones que más que de Derechos Humanos son entes políticos que trabajan en el tema de los Derechos Humanos, se han desvinculado de las bases, ya no representan a ningunas víctimas de violaciones a derechos humanos, sino a quienes los están financiando. Para ellos es muy difícil tener una posición independiente o de apoyo a las clases desprotegidas porque reciben financiamiento millonario de los gobiernos de EEUU o de Inglaterra.
-Un caso parecido es el de los organismos internacionales de derechos humanos, que hacen mucho énfasis en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, pero miran para otro lado ante graves violaciones que han ocurrido en el pasado en México y de manera permanente en Colombia. ¿Les pasa lo mismo que a las ONG?
-Sí. Hay dos elementos allí. Uno tiene que ver con las estructuras de esas organizaciones que son poco democráticas. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el derecho a veto de las grandes potencias, se puede cancelar cualquier resolución sobre derechos humanos. Es una configuración muy poco equilibrada. Allí prevalece ese concepto de que solo los Estados son violadores de derechos humanos, pero tenemos empresas transnacionales que cometen atrocidades en el mundo y cometiendo violaciones masivas y sistemáticas. Es un tema que avanza muy lentamente dentro del sistema de Naciones Unidas. El segundo elemento que explica el comportamiento de estos organismos internacionales es que 80% de sus presupuestos vienen de EEUU. Es muy difícil, en ese ajedrez, sancionar al que paga. Por eso tenemos que EEUU no ha suscrito el acuerdo de la Corte Penal Internacional y se retiró de la Corte Internacional de Justicia luego de una sentencia adversa por financiar a la contra de Nicaragua…
-Incluso, Trump está solicitando sanciones para algunos jueces de esas instancias…
-Cierto. EEUU no ha suscrito los pactos más importantes en materia de derechos humanos. El año pasado, cuando se estaba discutiendo en el Consejo de Derechos Humanos el tema de los niños presos por ser migrantes ilegales, la delegación de EEUU se levantó y dejó el puesto vacío. Eso demuestra que dentro del sistema de Naciones Unidas existe una correlación de fuerzas que habrá que quebrar. Por fortuna, todavía hay también instancias que pueden apoyar la lucha de los pueblos. Nosotros estuvimos reunidos con distintas instancias que están trabajando el punto de las medidas coercitivas, como la Relatoría Especial, la Conferencia de la ONU para el Desarrollo del Comercio. Son niveles dentro de la ONU a las que se puede apostar para la búsqueda de un equilibrio, de un contrapeso frente a EEUU.
Enfrentar la impunidad
-¿ONG como Sures también supervisan esa parte más tradicional de las violaciones a los derechos humanos, las que cometen los Estados? ¿Cuál dirías que es actualmente la situación más grave en el caso venezolano de las violaciones cometidas por entes del Estado?
-Creo que se debe diferenciar entre las violaciones que cometen todos los Estados, incluyendo el venezolano. Nosotros no podemos decir que el Estado venezolano no viola los derechos humanos. Por ejemplo ha habido excesos policiales en los casos de violencia política. Pero creo que debe distinguirse la violación específica de la violación sistemática del derecho humano. Eso marca la diferencia entre un Estado protector de los derechos humanos y un Estado violador de los derechos humanos. El Estado venezolano tiene que mejorar, seguir fortaleciendo la labor de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado, por ejemplo en el control de manifestaciones pacíficas. Pero tenemos que distinguir que no es un Estado violador sistemático de derechos humanos porque ha creado una cantidad de políticas públicas orientadas a la protección de esos derechos. También porque, desde el seguimiento que nosotros hacemos, los casos de abusos policiales tienen causas e investigaciones abiertas, muchos han sido sancionados y los funcionarios están privados de libertad.
-Un aspecto dentro de ese campo de las violaciones que pueden atribuirse al Estado, por acción o por omisión, son los casos de los líderes campesinos, sindicales e indígenas que han sido asesinados o perseguidos. Hablamos mucho de la muerte de líderes sociales en Colombia, pero también en Venezuela ocurren estos casos. ¿Ustedes han trabajado esa temática?
-Nosotros estamos en una red de organizaciones de derechos humanos y trabajamos con una que se ocupa de la lucha contra el sicariato campesino. Tiene documentados desde la aprobación de la Ley de Tierras más de 312 casos de líderes campesino asesinados. Vemos que si bien ha habido una respuesta del Estado para la protección de los familiares de las víctimas, donde hay mayores dificultades es en el esclarecimiento de los casos y en la búsqueda de la verdad. Hay que luchar contra la impunidad, fortalecer el sistema de justicia, nombrar más fiscales, especializar a fiscales y jueces porque en la medida en que el sistema de justicia esté abarrotado, con la lentitud con la que funciona actualmente, vamos a tener una denegación de justicia que no se podrá revertir. Mi apuesta es al fortalecimiento del sistema de justicia, cuya debilidad queda demostrada con la impunidad de los casos de sicariato campesino y de los líderes de los pueblos indígenas que han sido asesinados.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
