El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro solicitó que el expresidente Michel Temer (2016-2018) y otros siete acusados de presuntos delitos de corrupción vuelvan a prisión de forma preventiva, después de que el juez Ivan Athié decretara su puesta en libertad la semana pasada.
Los fiscales presentaron un recurso ante el Tribunal Regional Federal de la segunda región en la piden “la reconsideración de la decisión monocrática” del juez, informó la prensa local.
La Fiscalía cuestionó al juez Athié por haber tomado la decisión de soltar a Temer de forma unilateral, y no con el conjunto del plenario del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (segunda instancia), tal como había prometido en un principio.
Para los fiscales con esa actuación individual se produjo “una innegable violación del principio de colegialidad”. Al tiempo que recordaron que en todos los recursos relacionados con la Operación Lava Jato se respetó este principio.
En su documento los fiscales expresan que si los jueces no aceptan la petición de cárcel, que al menos ejecute una prisión domiciliar, para que Temer quede recluido en su casa y sea vigilado a través de una tobillera electrónica.
En ese sentido también piden que se le retiren “todos sus pasaportes” (el expresidente también tiene nacionalidad libanesa) y que se impida el contacto con los otros acusados.
Los otros acusados son el exministro y exgobernador de Río de Janeiro Wellington Moreira Franco y otras seis personas, entre ellos los supuestos testaferros del expresidente en la trama de corrupción, para quienes la Fiscalía también pide prisión preventiva.
Temer fue detenido el pasado 21 de marzo por orden del juez de primera instancia Marcelo Bretas, que le consideró “líder de una organización criminal” que habría actuado durante 40 años y argumentó que podía aprovechar la libertad para destruir posibles pruebas.
Sin embargo la semana pasada el exmandatario logró salir de la prisión por orden del juez Athié, que alegó que la detención no se justifica porque los delitos por los que es acusado ocurrieron hace algunos años y el expresidente ya no tendría cómo ocultar los rastros y como medida decidió congelar sus bienes.
“El alegato de que los hechos no son contemporáneos, destacado en la orden de liberación, contradice un entendimiento de la Corte Suprema según el cual el análisis de la contemporaneidad de un delito debe hacerse a la luz del contexto de la reiteración criminal. Y los desvíos investigados prosiguieron hasta el año pasado”, replicó la Fiscalía en su recurso.
(La Red/ La Radio del Sur)
