Ocho de los 11 jueces del Tribunal Supremo de Brasil votaron a favor de que la discriminación contra el colectivo LGTBI sea considerada un delito.
El juez Ricardo Lewandowski, uno de los que votó a favor, destacó que la criminalización de la homofobia es algo «simbólico», y añadió que «la ley puede mucho», pero «no puede todo», en referencia a que son necesarios cambios culturales.
La deliberación de los jueces se debe a que el colectivo LGTBI brasileño, a través de asociaciones de la sociedad civil, recurrió al Supremo alegando que el poder legislativo estaba siendo omiso, por no haber producido ninguna ley en este sentido en los últimos 20 años.
Los jueces del Supremo les dieron la razón y optaron por que, de momento, la homofobia se encuadre en los supuestos que prevé la Ley de Racismo, porque sería la forma más rápida de dar una solución a las inquietudes del colectivo.
La Ley de Racismo existe en Brasil desde 1989, prácticamente desde que se recuperó la democracia, y prevé penas de uno a seis años de cárcel.
A finales de mayo, los jueces ya habían formado la mayoría suficiente para criminalizar la homofobia, y en su momento la comunidad LGTBI ya festejó el avance, pero este miércoles se ha concluido definitivamente.
La decisión de los jueces se topó con la iniciativa improvisada surgida en las últimas semanas en el Congreso para evitar que el Supremo decidiese sobre el tema.
Justo en la víspera de la primera parte de la votación, a finales de mayo, una comisión del Senado sacó adelante una propuesta de ley para criminalizar la homofobia, a pesar de que en más de dos décadas ningún texto de este tipo logró salir adelante.
Los senadores intentaban así anticiparse en el último momento a los jueces para aprobar un texto más alineado a sus intereses.
El borrador de los senadores prevé castigar los delitos de homofobia, pero abre una excepción para las iglesias, donde los pastores evangélicos más radicales podrían seguir propagando discursos de odio sin miedo a ser penalizados.
Los jueces del Supremo consideraron que la simple aprobación del proyecto en una comisión no acaba con la omisión legislativa, ya que aún faltaría el análisis por parte de la Cámara de Diputados y la sanción presidencial, lo que podría demorarse.
En Brasil, todas las conquistas de derechos de la población LGTBI (como el matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales) se deben a decisiones judiciales, y no a ninguna ley salida del Parlamento.
(Sputnik)
