“Llegó para apropiarse de fondos públicos”: Periodista investigador Víctor Hugo Majano sobre el “gobierno” de Guaidó

La velocidad demostrada por el equipo del autojuramentado Juan Guaidó para apoderarse de recursos del Estado es la característica más notable de estos casi seis meses de la aventura del gobierno paralelo, según el comunicador Víctor Hugo Majano, especializado en periodismo de investigación y  de datos.

Majano pasó revista al caso de Cúcuta y lo puso en el contexto de otros significativamente mayores, como la virtual confiscación de Citgo en Estados Unidos, de Monómeros en Colombia, y la creación de una estructura financiera y legal para trasegar recursos de los activos estatales congelados en Europa.

En su conversación con el periodista Clodovaldo Hernández, de LaIguana.TV, Majano también abordó el tema de las camarillas de la corrupción que aparecen por igual en relaciones con el gobierno revolucionario y en estas nuevas fórmulas.

La situación de las luchas campesinas y del periodismo de investigación fueron otros temas tocados en esta entrevista. A continuación, una versión de dicho diálogo:

-¿Cómo se ubica el caso de Cúcuta en el contexto de la corrupción que ha generado en cinco meses el llamado “gobierno encargado” del diputado Juan Guaidó?

-Creo que Cúcuta es simplemente el derivado concreto de más bajo nivel de todo ese proceso. Este fue un “gobierno”, si se le puede llamar así, destinado a apropiarse de los recursos del Estado, tal como lo hace cualquier sector de la burguesía en cualquier país. Lo que les permitió este remedo de gobierno es al menos tener acceso a un mínimo de recursos, que en términos absolutos son de un orden muy importante. Estamos hablando de empresas que generan permanentes movimientos de dinero, tanto en Estados Unidos como en Colombia; estamos hablando de fondos que están congelados, algunos de los cuales ni siquiera conocemos; estamos hablando de activos petroleros, en el caso del Caribe, a los que también están buscando la manera de ponerles la mano… Obviamente, entonces, lo que ocurrió en Cúcuta es apenas el episodio más concreto, más práctico, de una gran operación de apropiación de fondos por parte de esos administradores circunstanciales.

-¿Es un caso de daño al patrimonio público? La pregunta surge porque la defensa que está intentando el sector de la derecha es que fue una especie de robo entre privados.

-Claro, lo que habría que preguntarse es a cuenta de qué se entregó esa supuesta ayuda humanitaria. Esos fondos, obviamente no eran a título gratuito, sino que en algún momento van a ser devueltos o compensados, en agradecimiento al donante. Entonces, terminará siendo un elemento que afecta al patrimonio público porque bien sea que se mantenga el gobierno del presidente Maduro o bien sea que haya una modificación en la estructura del gobierno, el uso de esos fondos estará impactando en la dinámica fiscal de la nación. Además, si no se pagan directamente a los donantes, se sabe que habrá algún mecanismo de apropiación como compensación del aporte.

-Pareciera que el caso Cúcuta es una distracción frente a situaciones mucho más trascendentes, como la virtual confiscación de Citgo, en Estados Unidos, la situación de Monómeros, en Colombia, la congelación de activos bancarios y oro, en Europa. ¿Es así?

-Claro. Probablemente fue diseñado como una distracción porque inclusive el alerta viene de los mismos sectores de oposición. El posicionamiento público que se le dio a esto fue gracias a un tuit de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Pareciera ser algo diseñado, por una parte, para desprenderse en forma ineludible de Guaidó, dejar claro que ya no les interesa y que lo sentencian a una muerte política por corrupto, mientras tratan de hacer control de daños, como se dice en términos bélicos. Adicionalmente, desplazan el foco de atención a Cúcuta, a un tema anecdótico, de consumo de licor, hoteles y prostitutas, para que la gente se olvide de los grandes negocios que se están dando en torno a Citgo; a Monómenos; a las operaciones asociadas a los activos de PDV-Caribe en el marco del programa de venta de combustible a mejor precio a los países de la región que puso en marcha el gobierno del presidente Chávez en su momento. Eso les permite, además, ir posicionando sus estructuras financieras y legales en Europa que les garanticen recibir transferencias de comisiones, intereses o dividendos sobre activos que están congelados allá, como los depósitos que se encuentran en Euroclear. Ese tipo de estructuras ya fueron utilizados en el caso de Libia, cuando a ese país también se le congelaron fondos en 2011. No es algo que está inventando el equipo de Guaidó, sino que ya estaba prediseñado y ya hay una experiencia concretamente de cómo hacerlo.

-¿Es un modelo de saqueo?

-Sí, con la participación de importantes banqueros venezolanos, vinculados a los fraudes bancarios de 1994 y 2009-2010, cuando se produjeron las dos grandes crisis bancarias en Venezuela.

-Si se comparan las cantidades involucradas, Cúcuta termina siendo una bagatela porque allí se apropiaron de centenares de miles de dólares, tal vez unos millones, mientras en los casos de Citgo, de Monómeros, del oro retenido en Inglaterra se trata de miles de millones de dólares robados al patrimonio público. Es importante precisar esa diferencia.

-Sí, los de Cúcuta quizá eran gastos de carácter operativo. Pero, en todo caso, fueron muy ostentosos. En las conversaciones interceptadas en el celular del señor (Roberto) Marrero (principal asistente de Guaidó) se habla de montos fabulosos, de 75 mil dólares por día. Dicen “tengo los 70 mil de hoy y los de mañana”… Si alguien gasta 70 mil dólares en un día, hay que ver qué cosas está consumiendo. En el caso de Cúcuta hubo aspectos notables, como el arrendamiento de aviones para la gira suramericana, que cubrió Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, con tramos en los que se usaron dos aviones, una comitiva de 13 personas, incluyendo gente que no tiene nada que ver con la actividad política. En todo caso, fue evidentemente un despilfarro muy grande la forma como se manejó ese episodio. Es obvio que es muy grande la distancia entre las cantidades comprometidas si se le compara con los otros casos, que han requerido de mayor ingeniería financiera y legal para apropiarse de los fondos. Eso es lo que están haciendo. Tenemos varias muestras de ello. Por ejemplo, hay un personaje que fue parte de la gira suramericana, un primo del señor Guaidó llamado Juan Víctor Salcedo Márquez, que pasó de ser un guía turístico del estadio de los Medias Rojas, en Boston, a tener una empresa aparentemente gigantesca, con capitales inmensos, en Londres. Allí está contratando nada más y nada menos que a dos abogados destacadísimos vinculados al sector bancario. Uno de ellos está relacionado con el hijo de David Brillembourg, el mismo de la famosa Torre de David, esa ruina, ese despojo del fracaso bancario, gente que logró en su momento, sacar los fondos fuera del país, y mantienen operaciones en bancos en el Caribe y en Europa. Uno de sus principales ejecutivos, una especie de vicepresidente, fue incorporado a la directiva de esta empresa llamada Fivendes Ltd, que abrió el primo de Guaidó en Londres. ¿Cuál es el fin de esa empresa? No lo sabemos, pero pareciera ser una especie de posicionamiento para transferir o recibir activo de los fondos de Venezuela que están manejando en Europa y a través de Citgo.

-Tú has investigado periodísticamente casos como este, en el que aparece involucrada la oposición, pero también otros casos, del gobierno del presidente Chávez y del gobierno del presidente Maduro. Ahora se presenta una especie de competencia, sobre todo como parte del intento de defensa que hace la derecha: algo así como decir que esto que ha pasado no es nada si se le compara con los casos de corrupción de los últimos 20 años. ¿Cómo lo ves en tu condición de investigador?

-Indudablemente que son muy importantes las cantidades que se han manejado en casos de corrupción a lo largo de estos veinte años del chavismo. El impacto de esa apropiación de fondos es también muy importante, porque estamos hablando de un tiempo muy prolongado. Pero la gran diferencia en este caso es la velocidad de apropiación de los recursos. Esta gente (Guaidó y quienes le acompañan) llegó a eso. Ellos vinieron específicamente a eso. De hecho, da la impresión de que tenían armados los operadores para ubicar los activos, montados los expertos legales y financieros en cada uno de los países… Todo estaba diseñado desde hace tiempo, porque montar empresas, montar estructuras financieras para el blanqueo de activos no debe ser algo sencillo. Si a uno, en lo personal, le cuesta hacer trámites administrativos, imaginemos lo que significa montar una estructura para apropiarse de esa cantidad de fondos.

-Es un modelo inédito en Venezuela en el sentido de que lo aplica un gobierno paralelo, equivalente a aquella Junta de Transición que se inventó en Libia…

-Claro, por eso es justamente que se ha aplicado este esquema transicional. Desde antes de la toma de posesión de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, que fue el 10 de enero, se habían aprobado cosas como el Estatuto de Transición, fondos para recaudar activos recuperados de la corrupción… estaban montando toda la estructura transicional que les permitiría luego manejarse en términos de que hay dos gobiernos. Eso es un poco lo que sigue pasando en Libia, donde efectivamente hay dos gobiernos: uno reconocido por las autoridades internacionales, y otro de hecho, dirigido por un general que tomó el control de las fuerzas armadas. En ese proceso de dos gobiernos, ha habido fondos que se han transferido a uno u a otro factor de poder. Lo que se pretende es aprovechar esa dualidad, esa inestabilidad para apropiarse de activos. Incluso se presentan casos en los que el argumento para la apropiación (por parte de otros gobiernos o de particulares) es decir que no saben a quién pagarle. Eso es lo que está alegando República Dominicana. La refinería que construyó Pdvsa con el gobierno dominicano, y que era operada conjuntamente con participación venezolana de 49%. Ahora dominicana está vendiendo la planta y dice que no sabe a quién pagarle. Por la misma razón tienen retenidos fondos que son parte de las utilidades obtenidas en 2017 y 2018. En estos casos del Caribe, por cierto, se observa cuál es el verdadero interés del equipo de Guaidó. Si el dinero está disponible, la actuación es inmediata. En el caso de Jamaica, hay una refinería en la misma situación que la de República Dominicana, solo que el gobierno jamaiquino decidió hacer una adquisición forzosa de las acciones de Pdvsa, para evitar las sanciones de EEUU. Pdvsa no lo objetó, sino que pidió un pago cercano a los 100 millones de dólares, al cual Jamaica accedió. Los fondos están en un banco, esperando la transferencia. Eso motivó la actuación inmediata del equipo de Guaidó, para intentar detener el proceso y evitar la expropiación porque necesitan buscar un esquema de negociación en los que ellos puedan tomar el control de esos fondos.

-Pareciera que, al final de cuentas, los factores de la corrupción son los mismos, que se encuentran independientemente del origen político que puedan haber tenido.

-Ese es un dato interesante de analizar. Pareciera que el conflicto, en el fondo, no es político, sino que está vinculado a los intereses económicos de los mismos sectores que siempre se han apoderado de los recursos del Estado o han tratado siempre de hacerlo. Por eso vemos casos como el que ocurre, por ejemplo, con la familia Troconis Calderón. Ellos fueron operadores en el complejo Criogénico de Jose, manejando los desechos del procesamiento de petróleo pesado, y ahora uno de sus integrantes, Javier Troconis Calderón, es uno de los miembros de la directiva actual de Citgo. Es decir que contratistas de la Pdvsa roja-rojita, como dicen ellos, ahora son directores de la Citgo que ha sido tomada bajo control del “gobierno” de Guaidó. Entonces, sí pareciera que son los mismos actores, quienes saben qué tecla tocar para apoderarse de los activos de la nación, de todos los venezolanos, por la vía que sea.

Avanzan los terratenientes

-Otro de los temas que has tratado a fondo como periodista de investigación es el de las luchas campesinas. ¿Cuál es la situación actual del campesinado en comparación con aquellos tiempos en los que se inició el proceso de rescate de tierras?

-Es evidente que ha habido un avance, en términos políticos, de los actores de las burguesías regionales, que son burguesías fundamentalmente de carácter agrario, vinculadas a la explotación de recursos. Esas burguesías han ido avanzando en el sentido de que se han ido perfeccionando sus alianzas con los grupos políticos de poder local. El modelo del chavismo vinculado a la apropiación de la tierra, que es el contenido en la Ley de Tierras, se ha desvirtuado y la pretensión es ahora, simplemente, darle la posesión de esas tierras a los grupos de las burguesías regionales para que, en alianza con factores de poder transnacional, puedan ofrecer una alternativa de producción de alimentos, a lo que estamos presionados por los problemas que genera el bloqueo y de lo que hemos dado en llamar la guerra económica. Obviamente, en esa misma medida, la posibilidad de fortalecer el modelo de agricultura campesina y familiar, que era la idea del presidente Chávez, se ha ido desplazando cada vez más. Evidentemente que el aparato burocrático ha tendido a favorecer los intereses de los terratenientes. En la medida en que el Estado nacional, con su principal fuente de ingreso de divisas, que es el petróleo, ha ido perdiendo la fuerza que tenía, su peso específico, se ha fortalecido la opción de que las burguesías regionales obtengan recursos, ya sea por la explotación agrícola o de los minerales no metálicos, que no son de carácter nacional. Se ha agudizado la posibilidad de que esos recursos signifiquen ingresos para la nación, pero controlados por los grupos de poder local, que pueden realizar una explotación más intensiva. Eso golpea las posibilidades de desarrollo de una agricultura de pequeños productores.

Dificultades para investigar

-Eres uno de los pioneros del periodismo de investigación y de datos en Venezuela. Este campo ha  tenido un gran desarrollo en los últimos años, pero al parecer sigue controlado por importantes factores de poder nacionales y globales. ¿Cuál es tu opinión?

-Creo que hay  muchas situaciones que impactan la posibilidad de conocer procesos que se dan frente a nuestros ojos, pero que no nos percatamos de que están ocurriendo. Quizá se trate de una agenda absolutamente hostil, en la que la gente está ocupada más en su propia sobrevivencia que en darse cuenta de quién está desarrollando alguna actividad económica. Vemos cosas que pasan en las ciudades o en los campos y no sabemos quién está por detrás de ese negocio. Nadie lo pregunta, nadie sabe nada, y preguntar es buscarse complicaciones. Hay una tendencia a restringir el acceso a bases de datos públicos, por ejemplo, la del Registro Nacional de Contrataciones. También se limita la información vital como las estadísticas económicas y de otras ramas. Ha sido absolutamente traumático obtener ese tipo de cifras porque el Estado ha evadido incluso la posibilidad de definir una política al respecto. El gran reto es en términos cognitivos. Tenemos que luchar para no alejarnos de la posibilidad de conocer esos fenómenos que se están produciendo constantemente.

-¿Cómo consigue los datos, entonces, un periodista de investigación?

-Por supuesto que se puede hacer porque estamos hablando de transacciones  que van dejando registros: documentos públicos que avalan las operaciones, los intercambios que se dan entre los factores involucrados. Eso nos permite ubicarlos mediante información auditable y abierta, de carácter público. Allí no ha mayor amenaza porque cada vez tenemos más recursos, más experticia y más gente haciéndolo. Me preocupa más lo que ocurre en la escala de los ciudadanos porque pareciera que hay un divorcio absoluto entre lo que está pasando y la agenda de la gente. Antes decíamos “pueblo chiquito, infierno grande” porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando en cualquier lugar. Ahorita tú puedes preguntar  en cualquier pequeña ciudad qué pasó con tal crimen o tal proceso y resulta que mucha gente ni siquiera se ha enterado de lo ocurrido, no sabe quiénes son los actores. En otros países tiene gran fuerza la prensa del corazón, la que indaga en la vida íntima de las personas importantes, los artistas o los empresarios, pero en Venezuela eso casi no se ha desarrollado o dejó de desarrollarse hace muchos años. Entonces tenemos unas burguesías y unas capas de poder absolutamente mimetizadas, escondidas, que no sabemos quiénes son. Si le preguntas a funcionarios públicos o personas con capacidad de decisión, no sabe de qué le estás hablando ni quiénes son los actores que están detrás de las medidas que él mismo está tomando y que seguramente impactan favorable o desfavorablemente el curso de su gestión política o la actividad de su ámbito social, de su región, su estado o su país. Hay una debilidad muy grande en términos de cómo en nuestro rol de personas, de ciudadanos, nos involucramos y exigimos acceso a la información sobre los procesos que tienen incidencia en nuestra vida cotidiana.

-¿Qué nos dices de esos medios que proclaman estar haciendo periodismo de investigación, pero que son selectivos y solo abordan los casos que puedan afectar a la Revolución Bolivariana o a otros gobiernos de tinte progresista en América Latina? En el caso de los Papeles de Panamá, por ejemplo, cuando comenzaron a dar su verdadera información, que afectaba a grupos de poder distintos a estos, el tema comenzó a perder importancia.

-Claro, porque al final, es muy fácil intoxicar o embasurar al periodismo de datos y de investigación en términos genéricos, más amplios. Simplemente con hacer más o menos énfasis en uno u otro aspecto, vas a crear la tendencia de quién es el corrupto, de quién está involucrado. Puedes seleccionar información de manera muy precisa, casi quirúrgica, para no ver los procesos de corrupción como son, como un fenómeno sistémico, con una coherencia y unos procedimientos industriales, sino como algo anecdótico. Algo como lo que está pasando con el caso de Cúcuta.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)