En lo que va de año, la oposición se ha lanzado con todos los recursos disponibles para concretar su objetivo de tomar el poder. Lógicamente, el blanco principal de casi todos los ataques es el presidente Nicolás Maduro. Para justificar lo que a todas luces es el intento de derrocamiento de un jefe de Estado, los opositores han utilizado diversos argumentos: la ilegitimidad de la elección; la crisis humanitaria; la corrupción; la violación de derechos humanos. Ninguno ha tenido la fuerza necesaria, pero la dirigencia opositora, tutelada por una camarilla de funcionarios de Estados Unidos, insiste en ellos, los reciclan esperando que funcionen.
Una larga historia
Contra Nicolás Maduro se han esgrimido muchos argumentos, desde que el comandante Hugo Chávez encomendó al pueblo elegirlo como su sucesor. Se ha dicho que tiene doble nacionalidad; que abandonó el cargo; que fue destituido por casos de corrupción el Tribunal Supremo en el exilio; que fue ratificado en una farsa electoral y, por tanto, es un usurpador; y que debe ser derrocado porque es un narcodictador que viola los derechos humanos.
Este año, el principal argumento ha sido que Maduro es un usurpador del cargo. En Venezuela, tal idea solo la sostienen la Asamblea Nacional, los medios y los influencers opositores, pero en el escenario internacional, esa tesis ha tenido el apoyo de más de 50 países, empezando por Estados Unidos.
Sin embargo, el punto de la usurpación ha perdido fuerza en ese ámbito exterior, al punto que algunos de los países que habían reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, se las han ido arreglando para retomar las relaciones con el gobierno de Maduro.
Al no lograr que cristalizara velozmente la idea del presidente paralelo, el Modelo Guaidó de cambio de régimen se debilitó al punto de ser un tema de la mofa internacional. Surgieron mandatarios autoproclamados en varias naciones vecinas y hasta el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha permitido hacer chistes al respecto.
Crisis humanitaria
Otro de los argumentos recurrentes durante los últimos meses ha sido el de la existencia de una crisis humanitaria que debe ser atendida mediante la intervención foránea.
Indisolublemente ligado a este tema se presenta el de la “crisis migratoria”, pues permite plantear la idea de que Venezuela es un problema para la región, en particular para países como Colombia, Perú, Chile y otros del Grupo de Lima.
Este fue uno de los puntos de apoyo principales en las primeras semanas del experimento del gobierno transitorio.
Emblemática fue la fecha del 23 de febrero, cuando pretendieron ingresar a la fuerza unos cargamentos de supuesta ayuda humanitaria, tras la realización de un concierto en Cúcuta con gran despliegue de los poderes políticos y mediáticos globales.
El plan se derrumbó por una cadena de irregularidades y desaciertos que incluyeron la quema de los camiones sobre el puente internacional; la fallida operación de deserción masiva de militares venezolanos; el intento de invadir el país usando paramilitares y delincuentes; y las andanzas de algunos dirigentes opositores en la ciudad fronteriza.
Con el correr de las semanas, el tema de la ayuda humanitaria perdería toda su potencia, luego de que uno de los medios pro-opositores más prominentes, The New York Times, confirmara sorpresivamente que los camiones fueron quemados por agentes de la misma oposición. Más adelante, las denuncias sobre el robo de los fondos aportados por los patrocinantes del concierto, algunos artistas y otras figuras han hecho que el argumento humanitario, en boca de opositores, caiga en profundos barrancos de desprestigio.
Sobre olas migratorias
El asunto asociado a la crisis humanitaria ha sido el de la ola de migración de venezolanos, calificada en diversos escenarios diplomáticos como “la peor de la historia”.
Países como Colombia han participado en el libreto, aprovechando para victimizarse y reclamar recursos de organismos multilaterales.
El punto ha perdido fuerza no solo porque había sido obviamente sobredimensionado, sino también porque los tremendos dramas de las políticas antihumanitarias e inhumanas del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes han opacado cualquier otra crisis, a pesar de los esfuerzos de una prensa global (absolutamente subsidiaria de los intereses de Washington) por ocultar las vergüenzas de los niños enjaulados y los migrantes que mueren en el desierto o en las aguas de los ríos fronterizos.
Derechos humanos
Otro de los soportes para mantener en alto el plan insurreccional ha sido el tema de las violaciones a los derechos humanos.
La oposición ha pretendido describir un escenario semejante al de las feroces dictaduras del Cono Sur, empleando para ello testimonios de víctimas de actos bárbaros de tortura y represión.
Este es uno de los temas más recurrentes de la gama disponible. En las últimas semanas, la oposición ha retornado a él, apoyándose en varios hechos: la disidencia del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, general Manuel Cristopher Figuera; la muerte del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba privado de libertad; las lesiones gravísimas sufridas por el adolescente Rufo Chacón, durante una protesta por falta de gas en Táchira; y la difusión de informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La nueva arremetida sigue en vigor, pero ha sido atenuada por las actuaciones oportunas del Ministerio Público, que tomó sin demora medidas contra los autores materiales de la muerte de Acosta y de la agresión contra Chacón.
Mientras tanto, Cristopher Figuera, presionado por la difícil situación en la que quedó luego de participar en el fallido golpe de Estado del 30 de abril, ha ido debilitándose, al punto que ya varias figuras mediáticas de la oposición lo han descalificado públicamente. Desesperado, se ha dedicado a exagerar sus ya truculentas denuncias -todas a la medida del guion estadounidense- sobre supuestas relaciones de Maduro con la guerrilla colombiana, el terrorismo islámico, el narcotráfico y la corrupción.
Lo que sí ha tenido un impacto significativo en los últimos días es el informe de Bachelet, pues proviene de una persona que goza de buena reputación internacional y a la que se considera “de izquierda”. El gobierno y las fuerzas sociales que se consideran afectadas por el documento han elevado sus voces para denunciar que es sesgado y poco riguroso. Especial contundencia ha tenido el señalamiento de las organizaciones de derechos humanos que defienden a las víctimas del terrorismo opositor, quienes han declarado que Bachelet escuchó sus planteamientos, pero no los incluyó en el informe.
Corrupción
Otro de los grandes pivotes de la campaña opositora para legitimar el derrocamiento del gobierno es la corrupción.
En realidad es un gran eje temático, que en otras naciones ha permitido allanar el camino a cambios de gobierno, adelantos de elecciones y otras jugadas por el estilo. Sin embargo, la oposición venezolana (comandada desde fuera) ha demostrado tener grandes dificultades para sostener esta bandera.
El primero de esos obstáculos es su evidente inclinación por el saqueo del patrimonio público e, incluso, de los fondos aportados por particulares. En el breve tiempo del llamado “gobierno interino”, sus principales figuras se han visto envueltas en toda clase de irregularidades, desde el robo o aprovechamiento indebido del dinero de la ayuda humanitaria y el concierto de Cúcuta hasta gigantescos entramados de corrupción como la confiscación de Citgo; el pago de los bonos petroleros 2020; la apropiación indebida de la filial colombiana de Pdvsa, Monómeros; el cobro de comisiones por el oro y el dinero retenido ilegalmente por la banca extranjera y un etcétera que dependerá de las próximas ollas que se destapen.
Otro aspecto que le resta credibilidad a las posturas anticorrupción de los opositores (incluyendo a los jefes estadounidenses) es su actitud flexible ante los funcionarios envueltos en grandes escándalos que han decidido traicionar al gobierno. El perdón automático a este tipo de personajes, entre quienes se cuentan varios de los más fabulosos corruptos de todos los tiempos en Venezuela, hace ver al ciudadano honesto que no existe un real interés en combatir ese tipo de delitos, sino únicamente en tumbar al gobierno.
Adicionalmente, desde que la Asamblea Nacional Constituyente tomó su primera medida política, la destitución de la fiscal Luisa Ortega Díaz y el nombramiento de Tarek William Saab, los casos de corrupción han comenzado a investigarse y sus responsables han sido imputados, incluyendo fichas de alto nivel como exministros y expresidentes de Pdvsa.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
