En un aviso publicado en su portal web, la institución dio a conocer el listado de las 24 personas jurídicas a las que revocó el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), de manera que no podrán hacer nuevas solicitudes de moneda extranjera, y tampoco podrán participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2), un mecanismo que permite acceder a divisas a través de los bancos y casas de bolsa.
Los directivos de estas empresas también se exponen a sanciones penales, pues sus expedientes serán remitidos al Ministerio Público (MP) «ante la presunción de un ilícito cambiario». También pueden ser sometidas a sanciones pecuniarias.
La Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, vigente desde febrero y elaborada por la Presidencia de la República, establece penas de tres a siete años de prisión por delitos como adquisición de divisas mediante engaño o violando normas y su utilización en fines diferentes a los que motivaron su solicitud. Además, se plantean multas del doble de la operación, equivalente en bolívares.
El 20 de julio pasado, el Cencoex informó la activación de un plan especial para verificar el uso correcto de divisas autorizadas a 1.059 empresas. Durante la duodécima semana del operativo, del 13 al 17 de octubre, convocaron a 76 personas jurídicas, de las cuales 24 no asistieron al organismo estatal. Cada semana, el Centro informa sanciones a empresas que no se presentaron al operativo.
De igual modo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha informado los nombres de al menos 166 empresas señaladas en investigaciones penales que desarrolla el MP por el uso irregular de recursos en moneda extranjera otorgados por la desaparecida Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Cencoex.
Este proceso de investigación sobre el uso de las divisas otorgadas por el Estado a empresas que importan bienes fue ordenada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien nombró el año pasado una comisión especial para precisar la utilización de divisas otorgadas por Cadivi en 2011, 2012 y 2013.
En Venezuela rige un control cambiario desde 2003 para la protección de las Reservas Internacionales y garantizar el uso de las divisas del país, provenientes casi totalmente de la exportación petrolera, para los sectores prioritarios, como salud, alimentos y producción.
(AVN)