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Una avalancha anunciada desde 2014 transportó 11 millones de metros cúbicos de lodo, rocas y sedimentos y arrasó con 17 barrios, las vidas de más de 250 personas y un número no definido de desaparecidos.

 

Entre las causas de este evento no sólo están las precipitaciones que en tres horas igualaron a la cantidad usual en 10 días, también se combinan factores como la deforestación, la siembra de cultivos ilícitos y la ganadería extensiva que acabaron con los bosques y suelos que debían retener las aguas pluviales. Sin embargo la importancia geoestratégica de esta región en el diseño extractivo global es clave para comprender lo que subyace a tales factores.

 

La devastación antes del desastre

 

El departamento de Putumayo, zona amazónica al suroeste colombiano, poseíael 7,4% del total deforestado en el país en 2015, lo que lo colocaba en el cuartolugar. Entre 2014 y 2016 se perdieron 25 mil 977 hectáreas de bosque y se sabanizaron 71 mil 617 hectáreas, sólo en 2016 en el municipio de Mocoa se perdieron 151 hectáreas de bosque y sabanizaron 1 mil 489. En ese año hubo 3 mil 331 hectáreas de bosques degradados o fragmentados en el departamento y en Mocoa 26. Además, la frontera agropecuaria en Putumayo aumentó en 33% entre 2002 y 2016.

 

Reportan informes que la deforestación es causada principalmente por apertura de vías para proyectos petroleros y mineros, cultivos con fines ilícitos (aumento de 284% entre 2010 y 2014), ganadería (192  mil 706 cabezas y 163 mil 808 hectáreas en 2014), minería ilegal de oro, comercio de maderas (45% sale ilegalmente) y una incipiente agricultura en menor proporción.

 

Consta su historia de esclavismo y exclusión, desde que se extraía quina y luego caucho durante el siglo 19 hasta bien entrado el siglo 20. Los pueblos indígenas fueron víctimas de «correrías» (cacerías de humanos), comercializados y transportados de a miles a zonas de explotación donde murieron por las condiciones de trabajo, subordinación y enfermedades, desconocidas para ellos, que exterminaron comunidades enteras.

 

En 2016 la incidencia de pobreza multidimensional (IPM) rural era superior al 85% en 8 de los 13 municipios del departamento. Décadas de fumigaciones a cultivos de hoja de coca, movilizaciones campesinas y persistencia del conflicto social armado atizan su compleja realidad.

Región medular en el diseño extractivo

 

El control de los llamados «recursos naturales» es la principal disputa entre algunos gobiernos de la región latinoamericana y la élite mundial (G20 + corporaciones). Los corredores son figuras muy eficaces para la ocupación territorial (u ordenamiento) por ser rutas de desarrollo estratégicas en las que se enclavan zonas de producción intensiva, de extracción de recursos naturales, de medios de comunicación, de emplazamientos urbanos y otros.

 

Con el 56% de la extensión de bosques tropicales del planeta y una gran variedad biológica de ecosistemas, especies y recursos genéticos, por los más de 7 mil tributarios de la cuenca amazónica corren 6 mil billones de metros cúbicos de agua por segundo. Es la zona que aporta el 40% del oxígeno del mundo y la mayor cantidad de carbono.

 

La carretera Pasto-Mocoa, en construcción desde 2012, unida a la hidrovía del Putumayo, es parte del Eje Multimodal del Amazonas que busca atravesar los ríos Putumayo y Amazonas para comunicar el Océano Pacífico desde el puerto de Tumaco, en Colombia, hasta el Atlántico, específicamente en Belem do Pará al nordeste de Brasil. Este diseño fue concebido a partir de la Iirsa (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), eje primordial en la extracción de recursos mineros basada en la inversión en infraestructura (mejoramiento de vías de acceso, energía y telecomunicaciones) para crear las vías de acceso que faciliten el traslado de los recursos a los centros industriales de los países ricos.

 

Esta prometeica conexión entre dos océanos impacta el espacio de comunidades negras, pueblos indígenas y sus territorios colectivos acosados por el conflicto armado, la entrada de empresas extractivistas y la militarización de la zona en el marco del Plan Colombia. El costo inicial de dicho plan fue de 7 mil 500 millones de dólares, 1 mil 500 aportados por EEUU, 1 mil 500 la Unión Europea y 4 mil 500 en préstamos de la banca mundial. Antes que mitigar los efectos de la intervención militar, dicho plan ha catalizado la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares y sus fondos, mal monitoreados, han generado divisiones y conflictos dentro de las comunidades y las diferentes organizaciones que las representan.

 

En la zona donde ocurrió esta tragedia existe un megaproyecto de extracción de oro, cobre y molibdeno por parte de la multinacional de origen sudafricano Anglogold Ashanti junto con la canadiense B2Gold desde 2008, lo que ha contribuido con las masivas deforestaciones. 

 

Mientras la minería a baja escala es atacada por la prensa, los megaproyectos mineros como los encabezados por la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti y la canadiense B2Gold extraen oro, cobre y molibdeno en 13 mil 654 hectáreas de Mocoa y alrededores, sus camiones deterioraron las vías por donde accedería la ayuda a los afectados. Empresas como estas suelen apoyarse en grupos paramilitares para garantizar su ingreso y desplazar a comunidades que opongan resistencia mediante una violencia intensa.

 

Sin embargo, para los grupos que apoyan a Luis Almagro el problema está en Venezuela, y los medios colombianos y peruanos ponen la atención en el clima en vez de relatar sobre las condiciones creadas por la devastación ganadera y el saqueo de grandes mineras. Porque Colombia es su territorio, su propiedad, y hacen y deshacen a placer. Su mina.

 

(misionverdad.com)