Antonio Molina fue uno de los abogados de las víctimas de los sucesos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril de 2002. Como tal, su papel fue crucial para que fuesen condenados los jefes de la Policía Metropolitana que participaron en estos hechos, Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como varios funcionarios de menor rango.

 

El jurista estuvo en primer plano hasta que finalizó el juicio, en 2009, con la sentencia condenatoria. Luego se ha mantenido en el ejercicio privado del Derecho. Tras la fuga de Simonovis, en mayo pasado, ofreció declaraciones en las que descalificó la versión según la cual Juan Guaidó, usando atribuciones presidenciales, lo había indultado. Explicó que ni siquiera el presidente legítimo, Nicolás Maduro, podría hacerlo, pues los delitos por los que fue condenado el excomisario son de lesa humanidad y la Constitución Nacional prohíbe otorgar ese tipo de medidas de gracia a los penados por tales hechos punibles.

 

Molina volvió a ser tema de conversación recientemente, esta vez por iniciativa del propio fugado, quien lo abordó en una calle de Miami y luego se dedicó a difundir el encuentro a través de sus redes sociales. Al regresar al país, el penalista quiso dar su versión de los hechos y de su amplio contexto.

 

A continuación, una versión del diálogo que sostuvo con el periodista Clodovaldo Hernández, para LaIguana.TV:

 

-¿Cómo fue que te topaste con Simonovis en Miami?

 

-No creo que mi encuentro con él haya sido una cuestión fortuita. Seguramente tenía información desde el mismo momento en que entré a Estados Unidos. Ahora ha dejado entrever que estoy viviendo en Miami porque salté la talanquera, que me fui a negociar con las autoridades norteamericanas o que me estoy dando la gran vida, como los exfuncionarios corruptos. Nada más alejado de la realidad. Se trató de una cuestión de tipo familiar. Fui a visitar  una sobrina que vive allá hace unos quince años y es la madrina de mi nieta. Tengo la visa porque en los tiempos del juicio del 11 de abril se planteó que viajara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que al final no sucedió. Regresé el día que me correspondía por el boleto aéreo. No vivo en Miami ni quiero irme para allá.

 

-Parece que este señor se encuentra allá en muy buen estado de salud, ¿cierto?

 

-Hay que señalar que estas personas fueron sometidas a un proceso penal, dicho sea de paso con todas las garantías constitucionales y legales. Aquí se demuestra que el preso que le dolía a Estados Unidos de todos los que fueron sentenciados en ese juicio, era Simonovis. Antes, durante y después de la sentencia condenatoria, la embajada de EEUU en Venezuela estuvo en campaña constante por Iván Simonovis, no así por el resto de los funcionarios, por los negritos, dicho con las disculpas para los negros porque, de paso, tengo familia negra. Lo que quiero evidenciar es cómo se empeñaron en que le dieran una medida cautelar a este señor.

 

-La pregunta sobre su estado de salud es porque el argumento para darle casa por cárcel fue que sufría 39 enfermedades, incluyendo el riesgo de fractura espontánea de la columna. No obstante, se dice que para fugarse bajó a rapel desde su apartamento…

 

-Recuerdo que esa solicitud para que le dieran la medida cautelar, que prácticamente se la gestionó la embajada americana a través de una campaña mediática, la enfermedad que se dijo que supuestamente tenía este señor era osteoporosis. Por cierto, esa es una enfermedad que si tú chequeas a diez personas, nueve la padecen. El tribunal no debió concederle esa media humanitaria porque no se trataba de una enfermedad terminal, sino de una enfermedad controlable. Él siguió en su hogar, conspirando contra el hilo constitucional. Eso quedó demostrado porque aprovechó las escaramuzas de los señores Guaidó y López, el 30 de abril, para fugarse. Lo que no podemos entender los ciudadanos comunes y corrientes es cómo alguien con osteoporosis  baje a rapel desde un quinto piso y luego dizque manejó un avión, algo digno de una especie de Capitán América. Ahora está radicado en EEUU supuestamente persiguiendo corruptos. Parece que en esa lista me incluyó a mí porque me tiene una persecución, una campaña de descrédito. Por eso, cuando nos encontramos en las inmediaciones del lugar donde estaba alojado en esos días del viaje, tuvimos un altercado fuerte.

 

-¿Cómo fue el juicio contra Simonovis, cuánto tiempo duró y hasta qué instancias de la pirámide judicial venezolana llegó?

 

-Está considerado dentro de los anales de la historia judicial del país como el juicio más largo que se ha dado en materia penal. Duró casi tres años. Empezó en abril de 2006 y terminó faltando como dos días para cumplirse los tres años con una sentencia condenatoria. Este señor ha tratado de imponer la matriz de que yo fui un violador de sus derechos humanos, y nada más incierto porque, por ejemplo, en lo que respecta al derecho a la defensa, este señor tenía tantos abogados que faltaban sillas para ubicarlos. Ellos tuvieron todas las posibilidades para desplegar su defensa en un proceso con todas las garantías, pero no pudieron rebatir los cargos de homicidios consumados, homicidios frustrados y lesiones de todo tipo que sufrieron una serie de ciudadanos allí en Puente Llaguno. Debemos recordar para las nuevas generaciones, porque de esos sucesos ya han pasado 17 años, que Simonovis ostentaba el cargo de jefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (bajo el mandato de Alfredo Peña) y, por lo tanto, jefe y jerarca superior de la Policía Metropolitana que fue la que accionó criminalmente contra los concentrados en Puente Llaguno ese día, provocando muertes y lesiones. Es decir, que por el contrario a lo que él dice de mi persona, si aquí hay alguien que violó los derechos humanos es él precisamente porque era un funcionario en ese momento y es doctrina universal desde el punto de vista penal y constitucional que no puede haber violaciones de derechos humanos por parte de un particular. Yo  soy un abogado en ejercicio, ¿cómo puedo violarle los derechos humanos a nadie?  En ese juicio, yo fui un abogado contratado por las víctimas. Es más, ni siquiera puede decirse que fui contratado. Lo que ocurrió es que un grupo de abogados nos unimos para representar a esas personas. Allí estuvieron la doctora Merly Morales, la doctora Aramita Padrino, la doctora Milagros Acevedo y la doctora Laura Franco. Lo hicimos sin que nadie nos estuviera llamando, porque somos personas con una formación revolucionaria y entendimos que existía la necesidad de hacer oír la voz de esas personas humildes que estaban allí ese día. El único “delito” que esas personas cometieron ese día fue estar en ese lugar, defendiendo la Constitución, tratando de impedir que se rompiera el hilo constitucional. No lo logaron, pero su trabajo fue determinante, aún a costa de su propia vida, para que se restituyera a los dos días.

 

-Con la experiencia de ese juicio y de episodios similares ocurridos después, ¿cómo evalúas el problema de la impunidad en el sistema judicial venezolano?

 

-Pareciera que la impunidad es parte de nuestra cultura judicial. Se producen hechos vergonzosos que no son castigados. En la Cuarta República hubo numerosas masacres, como la de Yumare, sobre la que tengo pleno conocimiento porque trabajé en ese caso también; o el Caracazo, en el que fueron masacradas más de 3 mil personas, cuando era presidente Carlos Andrés Pérez;  la de Cantaura y otras que quedaron impunes. Sin ánimo de ser jactanciosos, el grupo de abogados que se formó para el caso del 11 de abril tiene el mérito de haber conseguido justicia a pesar de todos los obstáculos. Porque es necesario decir que, aunque estuviera el comandante Chávez en la presidencia, en todas las instituciones del proceso judicial existía reticencia a investigar ese tipo de masacres.  El trabajo de nosotros fue duro, bien duro porque el Ministerio Público, aunque en apariencia estaba en sintonía con la Revolución y con otra óptica desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, había sectores dentro que saboteaban. Lo mismo pasaba en el CICPC con las investigaciones. Fue nuestro trabajo constante lo que derribó esos obstáculos. Por eso se logró hacer justicia en ese caso en particular.

 

-Vistas todas estas fugas de presos importantes, ¿qué dirías que ocurre allí: son muy hábiles estas personas o hay complicidad?

 

-Yo vengo de una militancia de izquierda, pues pertenecí a organizaciones subversivas como el PRV-FALN. Era casi un niño y la lucha armada había decaído bastante para ese tiempo, sin embargo había numerosos focos de enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado. En ese tiempo, para que una persona de la nuestras se fugara de una cárcel, era algo casi imposible, casos extraordinarios. Por ejemplo, la fuga del cuartel San Carlos, el 18 de enero de 1975.  En esa ocasión, 23 camaradas que pertenecían a Bandera Roja, “la buena”, y al PRV-FALN, se fugaron gracias a un mecanismo y una actitud de audacia. Se construyó un túnel por el que se escaparon. Ahora, en estos últimos tiempos, el señor Carmona Estanga, el señor Eligio Cedeño y ahora el señor Simonovis se fugaron de una manera sospechosa: salieron por la puerta de su casa. ¿Quién le puede creer al señor Simonovis que él se fugó, si la fuga es un acto de heroísmo, de valentía y él es un cobarde? Ese señor se la pasaba llorando en el juicio. Le tenían que dar agüita y secarle las lágrimas y los mocos para que pudiera declarar. Casi no declaró porque cuando le tocaba hablar se iba en llanto. Ahora, valiéndose de las circunstancias de un golpe de Estado en el que participaron connotadas figuras de la oposición, se fugó porque fueron y le abrieron la puerta, y luego quisieron camuflarlo con un supuesto indulto que ni siquiera un presidente legítimo podría otorgar porque el tipo de delitos por el que fue sentenciado no admite ese tipo de medidas, según lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional. La gente nuestra, los que escaparon del San Carlos y los de La Pica, se fugaban, con todos los riesgos que eso significaba, y salían a pelear de nuevo. Recuerdo que los 23 fugados del San Carlos, 18 murieron acribillados en la calles. No se fueron para Miami a pelear vía Twitter sino que se quedaron aquí peleando y fueron asesinados. Estos señores dizque luchadores, que quieren tumbar al gobierno, salen corriendo para Miami. No quiero hacer apología del delito, pero deberían agarrar un fusil, en lugar de utilizar el Twitter como mecanismo de lucha.

 

Altercado fabricado

 

Reconstruyendo el incidente con Simonovis en Miami, Molina explicó que lo más probable es que haya sido una situación planificada, tratando de provocarlo para que incurriera en una agresión física que lo hiciera susceptible de ser detenido y procesado por las autoridades policiales y judiciales de EEUU.

 

“Tal vez habló con ellos y le dijeron que era necesario fabricar un altercado para meterme preso. Por eso estuve el resto del tiempo un poco nervioso, ya que sé de qué son capaces estos señores y el gobierno norteamericano”.

 

También comentó que parte de la campaña desplegada por Simonovis en las redes sociales es relacionarlo con los Círculos Bolivarianos. “Yo no tengo por qué deslindarme de ellos. Fueron una plataforma de lucha creada por el presidente Chávez que los medios de comunicación golpistas se encargaron de satanizarlos, igual como lo han hecho ahora con los colectivos. Pero decir que yo azuzaba en Maracay a los Círculos Bolivarianos para que agredieran a sus abogados, es una total mentira. Lo que pasaba es que en esos tiempos había un estado de confrontación muy intenso y alguna gente expresaba lo que sentía públicamente, pero eso no era una amenaza a la vida de nadie”, explicó.

 

Finalmente, rechazó los dichos de Simonovis acerca de que el entonces vicepresidente José Vicente Rangel hubiese pagado sus honorarios de abogado. “Él sabe que eso no fue así, no puede mostrar ninguna prueba de eso porque es falso –enfatizó-.  Ese trabajo lo hicimos con nuestro corazón y con la formación política que traemos desde niño”.

 

 (Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)