El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco “Pacho” Santos, acusado el pasado miércoles por el presidente Nicolás Maduro de estar involucrado, junto al expresidente Álvaro Uribe, en un plan criminal para asesinarlo, siempre ha mostrado una actitud favorable a la intervención militar estadounidense en Venezuela.

 

“Pacho”, quien fue vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe 2002–2010 y es primo del expresidente Juan Manuel Santos, tiene relaciones con el multimillonario estadounidense Howard Buffett, heredero de la tercera mayor fortuna mundial.

 

Santos ha expresado el interés de Buffett de invertir en Cúcuta y en territorio venezolano a partir del hipotético derrocamiento de Nicolàs Maduro.

 

Por tanto el propio millonario gringo podría estar comprometido con algún mecanismo para liquidar físicamente al mandatario venezolano.

 

Eso pudiera contemplar el financiamiento del ingreso a Venezuela de 32 mercenarios que tendrían la misión de asesinar al presidente venezolano, así como a varios dirigentes políticos de Venezuela.

 

Howard Buffett estuvo en Colombia en julio de 2017 y concedió una donación de 32 millones de dólares “para proyectos productivos y de desminado, en contribución al proceso de paz en el país tras más de medio siglo de conflicto armado, según reseñó el diario El Tiempo.

 

En enero de este año Howard Buffett estuvo en el puente internacional Simón Bolívar, junto a Pacho Santos y Caroline Kennedy, hija del expresidente, “para conocer más de cerca el fenómeno migratorio que afecta de manera directa a Norte de Santander”.

 

En esa ocasión Pacho Santos declaró “Vinimos con altos mandos y con una importante fundación americana, para vivenciar esta crisis (…) La idea es buscar más recursos para atender a la comunidad venezolana que está de paso o asentada en esta zona”.

 

Según recogió el diario El Espectador en septiembre de 2018, Pacho Santos participó en un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) en Washington en el que dijo que, para lograr una salida a la crisis de Venezuela, deben considerarse todas las opciones, incluso las operaciones militares.

 

Y en enero de este año, a raíz de unas declaraciones del asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, sobre el supuesto envío de «5.000 tropas a Colombia», declaró a La W Radio que “es una advertencia a Nicolás Maduro para que acepte una salida negociada del poder y agregó que “Estados Unidos podría realizar una acción parecida a la que ejecutó en diciembre de 1989 para deponer al dictador Panameño Manuel Antonio Noriega”.

 

El presidente venezolano dijo que en la nueva componenda para asesinarlo también está metido, aparte de Uribe y Pacho Santos, el dirigente de Voluntad Popular Lestor Toledo, quien se encuentra en el exilio desde 2016, después de que se iniciara una investigación en su contra por terrorismo y otros delitos.

 

Toledo se mueve fundamentalmente en Colombia y Miami, bajo la fachada de coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela, que utiliza también para organizar eventos y recaudar fondos, cuyo destino nunca han quedado nada claros.

 

En Miami está vinculado con los grupos anticastristas, incluso aparece con el cargo de secretario en una empresa (Conyedo Enterprises Corp.), propiedad de los cubanos exiliados por Evelio Ariel Conyedo e Ismary González Márquez.

 

No es la primera vez que Colombia, y sus autoridades aparecen mencionados en actividades ilegales de carácter conspirativo en contra del presidente Maduro y del país.

 

Fue en Colombia donde se confeccionaron los explosivos con drones, con los que en agosto de 2018 intentaron asesinar al mandatario venezolano en la avenida Bolívar de la ciudad capital, de acuerdo con varios testimonios y pruebas (audios y videos hallados en poder de varios de los detenidos).

 

En Colombia se entrenó militarmente Lorent Saleh, quien pretendía ejecutar varias acciones criminales en el país y fueron tan contundentes las pruebas presentadas por Venezuela ante Colombia, que no tuvieron más alternativa que detenerlo y deportarlo a nuestro territorio.

 

Además, fue en Colombia donde, a comienzos de este año se planificó toda una conjura, bajo la fachada  de ayuda humanitaria.

 

(La Tabla)