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De los ocho países latinoamericanos que recientemente firmaron un comunicado conjunto de condena a la represión contra las manifestaciones en Venezuela, solo uno, Costa Rica, tiene un expediente lo suficientemente limpio en ese aspecto. Los otros siete (Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Honduras, Guatemala y México), no solo tienen una larga historia de violación a los derechos humanos, sino que en el momento presente sus gobiernos de derecha están profundamente empantanados en ese tipo de acciones.

 

¿Se trata de mero cinismo o esta actitud hipócrita tiene otros componentes? Sin descartar lo primero (que es una actitud típica de los políticos tradicionales), la participación de los gobiernos de estas naciones en la campaña internacional contra Venezuela es una forma de distraer la atención, de evitar que la opinión pública mundial pueda fijarse en lo que ellos mismos están haciendo con respecto a movimientos disidentes, trabajadores descontentos y grupos sociales discriminados.

 

Los gobiernos de derecha de la región saben que pueden darse el lujo de ejercer su cinismo en esta materia, pues cuentan con el apoyo incondicional de la maquinaria mediática mundial y de sus respectivas naciones. Ese poder fáctico se ha arrogado la atribución de magnificar algunos sucesos, minimizar otros y silenciar aquellos que afecten a sus aliados. Gracias al sesgo ideológico del aparataje comunicacional hegemónico, lo que en Caracas es una “brutal represión”, en Colombia son “escaramuzas entre manifestantes y fuerzas del orden”. Genial.

 

Las informaciones sobre las operaciones de los escuadrones antimotines en esos países quedan restringidas a medios de comunicación alternativos, mientras la gran prensa guarda un silencio alcahuete o maquilla convenientemente los hechos.

 

Argentina

 

Uno de los más activos intrigantes contra Venezuela es el gobierno del empresario Mauricio Macri. Sus cuestionamientos a la actuación de los cuerpos de seguridad venezolanos son de una desfachatez digna de campeonato mundial.

 

 Para comprobarlo basta ver el informe presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) referido al año 2016, que muestra “un alarmante aumento en los primeros once meses de Mauricio Macri como presidente”. Según esta organización no gubernamental, la gestión de Macri cargaba con 259 muertos cuando todavía no había arribado a su primer año.

 

La información completa al respecto puede leerse ACÁ, trabajo de un portal de información alternativa, pues los grandes medios argentinos están muy ocupados con el tema de la represión… referido a Venezuela, claro.

 

La mayor parte de las víctimas a las que se refiere este informe son jóvenes de entre 15 y 25 años, asesinados por cuerpos de seguridad, muchos de ellos estando ya detenidos. Sin embargo, si quisiéramos comparar más específicamente las actuaciones de cuerpos antimotines, hay ejemplos de sobra. Uno de ellos ocurrió recientemente en un comedor popular de niños y adolescentes en Lanus (Gran Buenos Aires). La información puede verse ACÁ

 

Un poco antes, a principios de este año, Telesur, sobreponiéndose a la cortina de silencio mediático, informaba sobre las acciones de los cuerpos policiales contra manifestantes, utilizando gas pimienta y balas de goma. ACÁ puede leerlo.

 

Brasil

Otro de los que pugna por la copa del mundo en desvergüenza es el gobierno golpista de Michel Temer. Apenas unos días antes de firmar el comunicado de “preocupación” por la represión en Venezuela, la Policía Militar aplastó una manifestación de trabajadores en Río de Janeiro.

 

“Yo estaba allí, junto a millares de otros trabajadores que protestaban pacíficamente contra el brutal recorte de derechos que representan las reformas laborales y de las pensiones. Fuimos cobardemente cercados y nos convertimos en el blanco de bombas, spray de pimienta y balas de goma”, contó una manifestante a El Confidencial, otro medio que, en este caso, se salió del coro de la maquinaria mediática dominante. El trabajo completo puede verse en ACÁ

 

Paraguay

La pelea por esta especie de Copa América del Descaro es realmente competida, y Paraguay no se queda atrás. Firmar el comunicado contra el gobierno venezolano le ha venido como anillo al dedo a Horacio Cartes para tapar su oscura ejecutoria en materia de derecho a la manifestación política.

 

En enero pasado, el régimen paraguayo desarrolló una estrategia represiva contra quienes protestaban por aumentos en el transporte público en Asunción. Los procedimientos fueron de tal calaña que muchos paraguayos dijeron que solo tenían punto de comparación con la actuación de los cuerpos de seguridad en los tiempos del dictador Alfredo Stroessner. Una visión al respecto está disponible en ESTE enlace.

 

Más recientemente, a principios de abril, la policía reprimió las protestas que se dieron frente al Congreso. Utilizaron gases, balas de goma, chorros de agua y (una particularidad de ese país), efectivos a caballo. En la refriega resultó muerto un opositor. El gobierno alegó que los manifestantes se pusieron muy violentos, incendiaron cosas, rompieron vidrieras, atacaron las instalaciones públicas (en este caso, las del parlamento). ¿Suena familiar?

 

La mediática dominante ocultó lo mejor que pudo lo ocurrido, y para ello tuvo el valioso recurso de poner el foco en Venezuela. Solo los medios no dominados siguieron informando al respecto. Ver ACÁ.

 

Colombia

La oligarquía colombiana siempre ha sido sobresaliente en materia de dobleces. Además, la tiene fácil porque ella misma es la dueña de los medios fundamentales de esa nación vecina. Adicionalmente, tiene relaciones carnales no solo con los gobiernos de Estados Unidos, sino también con los poderes comunicacionales del imperio. Tiene, como se dice, buena prensa, así que puede permitirse asumir la pose de la preocupación sobre los manifestantes venezolanos, mientras ejerce todas las formas posibles de represión contra su propio pueblo.

 

Solo a manera de ejemplo reciente, veamos el caso de Tumaco, una zona del departamento de Nariño, productora de hoja de coca, criminalizada por el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre la que se desató la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido por su acrónimo ESMAD. Los campesinos, a los que la gran prensa colombiana llama “cocaleros” con obvias intenciones de descalificar su lucha, aseguran que el ESMAD empleó armas de fuego contra la población.

 

La información al respecto puede leerse ACÁ

 

Honduras

Centroamérica también tiene sus candidatos al premio del más cínico. Una de las abanderadas es Honduras, nación en la que se reprime sistemáticamente a los pueblos originarios y tiene unos cuerpos de seguridad al servicio de los grandes hacendados y de los intereses internacionales que impulsan la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre los territorios indígenas. Esos proyectos, dicho sea de paso, no son para dotar de electricidad a las ciudades de este país, sino para suministrar energía a las explotaciones mineras y madereras que están en marcha. Cosas del gran capitalismo.

 

Luego del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, ya son siete los activistas de defensa de los territorios ancestrales y del medio ambiente que también han encontrado la muerte a manos de sicarios contratados por las empresas involucradas. Desde 2010 hasta el presente, se estima que los asesinados pasan de 120. El gobierno de Juan Orlando Hernández no solo se abstiene de capturar y sancionar a los asesinos, sino que, además, persigue de manera contumaz a los militantes de los movimientos indigenistas y ambientalistas. En una ley aprobada recientemente permite que estas personas sean procesadas judicialmente y sancionadas como terroristas.

 

La información al respecto puede ampliarse ACÁ.

 

Guatemala

Una situación parecida a la de Honduras se vive en Guatemala. Allí también hay actitudes sistemáticas represivas contra comunidades indígenas que se oponen a ceder sus territorios para grandes planes de desarrollo eléctrico.

 

En enero pasado, hombres armados ocultos en matorrales dispararon armas de fuego contra una manifestación pacífica, causando varios heridos y un muerto entre indígenas de la comunidad ixquisis. La reseña puede verse ACÁ

 

La violencia de las trasnacionales contra los pueblos originarios y campesinos, y la impunidad prevaleciente, son de tal magnitud que se les considera entre los más graves sucesos de esa naturaleza ocurridos en el planeta luego de la II Guerra Mundial. Ver ACÁ.

 

México

Para cerrar la lista, pero no por ello con menos chance de triunfar en la pugna, tenemos a México, el país de las fosas comunes, de los asesinatos de activistas y periodistas, pero que tiene la cara lo suficientemente dura como para declararse preocupado por otra nación.

 

En materia de respuesta a las manifestaciones, México tiene este mismo año el cruento caso del llamado gasolinazo, una ola de protestas populares como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles.

 

La rebelión contra la medida del gobierno neoliberal fue reprimida con toda severidad por la policía, utilizando los mismos recursos que han empleado los cuerpos de seguridad de Venezuela. La gran prensa mundial miró para otro lado (¿adivinen para dónde?) porque el señor Enrique Peña Nieto es uno de los niños consentidos de la derecha o, para decirlo a la manera de Pedro Pablo Kuczynski, uno de los perros en la alfombra de Estados Unidos.

 

La información acerca de este episodio puede hallarse ACÁ

 

Estos hechos ocurrieron en febrero, pero unos meses antes, en junio de 2016, la represión de la derecha mexicana cobró una cuota mayor, cuando las fuerzas policiales arremetieron contra una manifestación de maestros y estudiantes, causando la muerte de seis personas y dejando más de cincuenta heridos. En ese momento, indignado el intelectual mexicano Fernando Buen Abad puso a circular un tuit con este mensaje: “Almagro, aplícale tu Carta Democrática a Peña Nieto por el asesinato y la represión en Oaxaca”. Esta información está disponible ACÁ.

 

La crítica selectiva

¿Y qué decir de Costa Rica? Ciertamente es un país con autoridad moral para reclamarle a cualquiera una conducta más apegada a los derechos humanos. La pregunta que surge es ¿por qué esta nación tan privilegiada en ese sentido se junta con semejantes gobiernos para suscribir un comunicado que, de entrada está descalificado por la conducta de siete de sus ocho firmantes? ¿El gobierno de Luis Guillermo Solís les habrá hecho a estos circunstanciales socios sus respectivos reclamos cuando ocurrieron los vergonzosos hechos reseñados por los medios alternativos? ¿O será que solo se le reclama a Venezuela por tratarse de un gobierno opuesto a los intereses de la derecha global?

 

(Clodovaldo Hernández / [email protected])