La agrupación criminal colombiana Los Rastrojos, que organizó y ejercutó el pasado 22 de febrero el traslado del diputado Juan Guaidó hasta Colombia, controla absolutamente toda la actividad y la cotidianidad en Puerto Santander.
Es tan así, que es imposible pensar en la posibilidad de que alguien pase de un lado a otro en la frontera o ejerza alguna actividad sin el aval-autorización de la banda paramilitar.
Así lo confirmó Wilredo Cañizarez, defensor de los derechos humanos desde hace casi 30 años, en una entrevista realizada en el canal de youtube Revelados, un programa dedicado al periodismo investigativo en la web.
“Sabíamos que Guaidó iba a llegar por algún lado, pero jamá nos imaginamos que iba a ser por Puerto Santander, donde Los Rastrojos tienen mayor control. Allí toda la vida, la cotidianidad, el transporte, lo político, lo público, los negocios, la economía ilegal, todo, lo controlan ellos”.
Los Rastrojos son paramilitares que rechazaron el proceso de desmovilización el 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo de ultraderecha creado en la década de los noventa, con auspicios del gobierno colombiano, para enfrentar a la guerrilla y que terminaron convertidos en una organización de narcotraficantes.
Inicialmente, Los Rastrojos eran el grupo de choque del Clan del Norte del Valle, pero después adquirieron vida propia y mantienen un enfrentamiento con el Clan del Golfo, antes conocido como Los Urabeños y cuyos miembros también provienen de las AUC.
Cañizarez estima que el operativo de traslado de Guaidó a Colombia se coordinó con antelación con el gobierno colombiano y prueba de ello es que lo estaban esperando.
“Lo estaban esperando cinco kilómetros después. Ellos –las autoridades- sabían lo que estaban haciendo y lo que estaba pasando en la zona y quien organizó ese operativo de ingreso ilegal conocía perfectamente lo que estaba haciendo”, sentenció el defensor de los derechos humanos.
Cañizarez fue una de las personas claves en suministrar al diario El Espectador de Colombia abundante información sobre el ilegal traslado del diputado venezolano a Colombia, pese a que tenía prohibición de salida del país.
Esta información incluyó, por supuesto, las fotografías de Guaidó con los líderes de la agrupación criminal, conocidos como El Menor (Jhon Jairo Durán), El Brother (Albeiro Lobo Quintero), Nandito (Iván Posso Pedrozo), Patrón Pobre (Jonhatan Zambrano García) y Argenis Vaca.
“No es posible que todo eso se haya organizado al llegar la comitiva del señor Guiadó. Eso se coordinó con antelación, debió haber habido conversaciones antes, contactos y se llegaron a los acuerdos”.
Tanto El Brother como El Menor han sido denunciados como los responsables de las casas de pique ubicadas en Puerto Santander, a la orilla del río La Grita.
Incluso esta denuncia fue llevada por Cañizarez ante la Procuraduría colombiana. Pero nada se hizo.
El diario El Tiempo reveló el pasado mes de julio un informe sobre los decapitados que estaban apareciendo en la frontera y su nexo con la disputa de rutas de narcotráfico y las economías ilegales.
En su edición el pasado 16 de septiembre el portal La Vanguardia señaló que “Las casas de pique son más que un mito urbano. Las autoridades colombianas han confirmado la pervivencia de estos centros de tortura y descuartizamiento…”
Estima el portal que la sola existencia de estas casas es utilizada por Los Rastrojos para atemorizar a sus enemigos y a las poblaciones rurales y recordó que en su momento fueron utilizadas, cuando se inició el tráfico de cocaína, también para aterrorizar, por el cartel de Medellín de Pablo Escobar y por el cartel de Calí.
(La Tabla)
