El diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado, se ha cocinado en su propio guiso estando en libertad, pero eso no significa que sea inmune a las acciones del sistema judicial. Tal es la interpretación a la que puede llegarse tras oír las densas respuestas que da el fiscal general de la República, Tarek William Saab a las preguntas sobre la aparente inmunidad total del parlamentario del partido Voluntad Popular.

 

Saab habló sobre este y otros temas durante una entrevista en la sección Cara a cara de LaIguana.TV.

 

A continuación, una versión de este diálogo:

 

-Le transmito una pregunta que se hace mucha gente: ¿Cuándo van a meter preso a Juan Guaidó?

 

-Me imaginaba esa pregunta… De entrada respondo lo que siempre digo, que el hecho de que este señor, este ciudadano diputado, no haya sido privado de libertad no implica que no esté sujeto a la jurisdicción penal ordinaria. Sí lo está. No significa que no pesen sobre él investigaciones como la que inauguró los casos inherentes a su persona. Recuerdo cuando, en representación del Ministerio Público, introdujimos en el Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de medidas que él posteriormente violentó, para su propia desgracia judicial, desacatando a los órganos de los poderes públicos nacionales que tramitamos esas diligencias…

 

-¿Se refiere a la prohibición de salida del país?

 

-Correcto. En concreto esa, que el desacató para caer en el pozo sin fondo del Cucutazo y luego la trama de los Rastrojos. Ese desacato le trajo muy malos augurios que han aumentado su expediente penal. En aquel momento había alrededor de este señor cosas sumamente peligrosas para la paz republicana. Si él no hubiese tenido el apoyo de la Administración Trump, hubiese pasado sin pena ni gloria. Si el vicepresidente de EEUU no hubiese tuiteado que lo reconocería como presidente, el día anterior a su autoproclamación, esa acción bufa, ese teatro bufo de pretender administrar un cargo (que no ha tenido ni siquiera por un minuto), sería apenas una anécdota frívola en la historia nacional. Lo grave es que una superpotencia como EEUU se haya prestado para tamaña felonía, para tamaña acción conspirativa contra el Estado venezolano de darle una investidura que nunca ha tenido ni tendrá este sujeto. Ese apoyo de EEUU era lo más peligroso cuando se inició esta trama: el apoyo de una superpotencia militar a un plan conspirativo para derrocar la democracia venezolana, a un presidente legítimamente constituido, para generar una espiral de violencia.

 

Saab argumentó su tesis de que ha sido conveniente no precipitar la detención judicial de Guaidó, pues los siguientes acontecimientos han ido revelando cuál es el verdadero plan detrás de este supuesto presidente encargado. Señaló que después de la acción de la Fiscalía solicitando la prohibición de salida del país y otras medidas cautelares, ocurrieron los gravísimos hechos del Cucutazo en los que quedó demostrado que la mal llamada ayuda humanitaria, que supuestamente iba a ingresar desde Colombia no era tal ayuda, lo que se evidenció incluso por materiales publicados por medios opositores digitales y de todo tipo. Añadió que el dinero que se recaudó fue robado por los adláteres o compinches del entorno corrupto de Guaidó, quienes compraron apartamentos con ese dinero o lo usaron para fiestas y francachelas. Indicó que en medio de ese escándalo se quedaron con los crespos hechos presidentes como el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque, entre otros, quienes quisieron darle una especie de escudo protector a este acto conspirativo inédito en la historia de América Latina, de pretender imponer a la fuerza a un títere.

 

Continuó el fiscal revisando los acontecimientos del año:

 

-A partir de esa derrota del 23 de febrero, ellos entraron en una situación de desesperación de tal magnitud que los llevó a un tercer momento, que fue el golpe de Estado del 30 de abril. Se ha querido minimizar, banalizar esa acción como un hecho supuestamente sin importancia, pero ¿cómo puede calificarse así una acción en la que civiles y militares, aunque fueran numéricamente pocos, se colocaron frente a una base militar para llamar a una insurrección armada que culmine con el derrocamiento del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro? Además, en medio de todo ello, liberaron en forma totalmente ilegal a una persona, en este caso Leopoldo López, que se convierte en prófugo de la justicia porque se escondió cobardemente en la embajada de España. Con esas tres derrotas, el plan se fue diluyendo y su desprestigio fue aumentando.

 

-¿Esa es la razón por la que se ha preferido mantenerlo en libertad?

 

-Es una persona que se ha ido cociendo en su propia larva, en su propio guiso. Cada acción que realiza, cada cosa que dice lo termina de desdibujar, de diluir, de convertir en polvo porque inclusive dentro del factor opositor hay una gran división, una fractura en razón de la actuación de esta persona.

 

Un plan previo a Guaidó

 

Saab añade otro elemento a su argumentación: Guaidó es la variante que se asumió a inicios de este año, pero el plan golpista viene avanzando desde mucho antes.

 

-En mi opinión, este plan es la secuela del relato golpista iniciado en 2014 por la misma élite de extrema derecha, encabezada por Voluntad Popular, que dirige Leopoldo López y ahora tiene de tarimero a Guaidó. Aquella fue su respuesta a las elecciones presidenciales municipales de 2013. Ese sector radical, deslindado de la vía del voto y del debate político, que lideraron López y Antonio Ledezma, arrancan ese plan que derivó en los embriones, en las semillas de una guerra civil. Ocasionaron más de 40 muertos, 800 heridos, en términos de una violencia paramilitar que bañó de sangre a la nación, pero que para esa élite ultrarradical, que tiene una gran conexión ahora con la Administración republicana de EEUU, fue la excusa para que Venezuela comenzase a sufrir las sanciones económicas, que se iniciaron tibiamente en 2013 y que a raíz de esta ola de violencia generada por este grupo, dio pie a la orden ejecutiva de Obama en 2015. Había un escenario explosivo, que fue alimentado por la guerra económica, fue la época de las largas colas y de tantos malestares que concluyeron con la derrota del factor progubernamental en las elecciones parlamentarias de 2015. Eso generó el escenario de 2016, en el que el primer presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, vaticinó que en seis meses, a más tardar, por la vía de facto, derrocaban al presidente Maduro. No estamos hablando de un plan que arrancó con Guaidó en 2019, sino que tiene muchísimos antecedentes que fueron concretándose en lo que ya vivimos los venezolanos en este primer semestre.

 

-La mayoría de la gente que hace la pregunta que formulé al principio, sobre cuándo será privado de libertad Guaidó, debe comprender esa idea de que mantenerlo en libertad ha permitido que se desgaste. Sin embargo, en este tiempo en el que ha estado libre han ocurrido hechos gravísimos, como el robo de Citgo y de otras empresas estatales en el exterior, los bonos 2020 de Pdvsa, el oro confiscado en Inglaterra…Haber estado en libertad pareciera que le garantizó la impunidad para estos otros delitos. ¿No es así?

 

-No. Porque los sujetos que han sido protagonistas y actores de esos eventos, todos están judicializados, incluyendo al propio Guaidó. Pero debemos entender que cada vez que él nombra a un representante o supuesto comisionado, siempre se trata de alguien que está fuera del país, ninguno vive en Venezuela. Es una manera ridícula, grosera y cobarde de actuar. Todos están viviendo en un exilio corrupto en Europa o en EEUU. Obviamente nosotros hemos judicializado esas acciones. Se han allanado lugares y bienes de estas personas, es decir, que se han puesto a derecho a las órdenes de tribunales de justicia todas estas causas con el detalle de que las personas implicadas ninguna vive en el país. En el caso de Citgo ellos mismos están naufragando en un mar, o mejor dicho, en una cloaca pública y notoria. Por un lado dicen que están actuando para defender los intereses de la República, pero lo que se está viendo es lo contrario. Vemos el caso de un abogado que supuestamente es el procurador de la tiranía de Guaidó, que antes fue representante legal de una empresa extranjera que estaba actuando en contra de los intereses de la República. Ellos mismos están quedando en evidencia como traidores a la patria, como delincuentes internacionales, como una mafia transnacional.

 

Dos oposiciones

 

El fiscal general abordó el tema del diálogo nacional, en el que tiene un importante rol como presidente de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.

 

-Mi percepción es que los integrantes del grupo extremista han sido lenta y progresivamente señalados y aislados por factores opositores que se han deslindado de la política de la violencia. Porque en ese 2016, cuando Ramos Allup prometía derrocar a Maduro y presidir un gobierno de transición, todavía no habíamos visto lo peor. En 2017, reaparecen con una fuerza criminal superior a la de 2014. Es el mismo factor extremista que encabeza López, y esta vez no por dos meses, sino durante cuatro, y no con 40 fallecidos, sino con más de 140 y más de 2 mil heridos ocasionados por ellos, pues son los actores intelectuales y materiales de esa situación, más allá de la judicialización que hemos logrado de agentes del Estado que violaron derechos humanos en esos momentos. Nosotros hemos dado rendición pública de esas cuentas. En estos dos años que me ha tocado dirigir el Ministerio Público, hemos presentado 109 condenas definitivamente firmes a personas que violaron derechos humanos.

 

-¿Policías y militares?

 

-Sí, entre policías y militares. Ahora, ese plan de 2017 fue derrotado por el pueblo y la Constituyente. Es una secuela en cámara lenta. Ellos no cesan en sus campañas. Cambian los nombres, los actores, los días o los lugares, pero el plan sigue siendo el mismo. En 2017, el Ministerio Público estaba bajo control de quien, en mala hora lo convirtió, junto a su esposo, en una mafia de corrupción. Nuestro trabajo fue aislar a ese Ministerio Público corrupto y golpista y vencer una manera de ejercer la política con p minúscula. En 2018 fueron creando el escenario para que, nuevamente, el factor extremista de Voluntad Popular iniciara las acciones que hemos visto cuando le tocara el turno de presidir la AN. Este plan ha sido nuevamente derrotado por el pueblo, por la Fuerza Armada, por las autoridades democráticas. Por eso tengo que valorar los acuerdos de la Casa Amarilla, donde un factor de la oposición firmó, con el gobierno nacional, varios puntos de encuentro para que la salida a esta conmoción que ha habido en los últimos años se dé por la vía política y electoral. Esa es la realidad que estamos viviendo. Tengo que destacar que se ha hecho un esfuerzo por cumplir con el punto número 3 del documento que es revisar las causas que no tengan que ver con violaciones a derechos humanos o hechos de sangre, para otorgar medidas sustitutivas de la privación de libertad. Hemos visto como en los últimos días se han otorgado varias liberaciones y vendrán otras más. Eso es importante porque genera compromiso y formalidad entre actores que se han enfrentado y buscan un acuerdo. Además, prepara un escenario electoral al que sin duda debemos ir en 2020 porque la AN vence su período. Quienes no quieran participar en ese evento electoral de 2020 se estarán negando, de manera pública y notoria, a una vía electoral pacífica. ¿Qué buscan entonces? Bueno allí vimos lo que ha ocurrido en Ecuador o en Perú, dos de los más grandes denostadores o criticones de la democracia venezolana. Nos preguntamos qué ejemplo nos pueden dar esos países. En el caso del Perú ha tenido tres presidentes en siete días, uno que disolvió el Congreso… no se sabe quién es el presidente ahí. En Ecuador vimos como en una semana prácticamente de facto quedó derrocado Lenin Moreno. Está guindando porque su credibilidad nacional e internacional está en el suelo. Un hombre que llegó a decir que a sangre y fuego mantendría su decreto en el que le entregaba el país al Fondo Monetario Internacional.

 

-En materia de diálogo ha habido intentos fallidos en los que la parte gubernamental ha dado su demostración de buena fe liberando a personas a las que la oposición califica como presos políticos. Pero pareciera que no hay ninguna compensación del lado opositor, como que no hacen su parte para conseguir la paz…

 

-Bueno, efectivamente no es la primera vez que ocurren liberaciones en medio de la búsqueda de un acuerdo. Recuerdo que cuando era defensor del Pueblo y presidente del Poder Ciudadano, participé en las liberaciones que se dieron en dos tandas. Si se suman, entre una y otra fueron aproximadamente 300 liberaciones que marcaron un punto de inflexión. Ahora bien, aquellas surgen por una acción de buena voluntad del Estado venezolano prácticamente en solitario cuando se creó la Comisión de la Justicia, la Verdad, la Paz y la Tranquilidad Pública, se invitó al factor opositor a participar y ellos al principio aceptaron, pero luego, como siempre, hubo una llamada de última hora que frenó el proceso. Lo mismo que ocurrió con los acuerdos de República Dominicana, que ya iban a firmarse y la delegación opositora recibió instrucciones de no hacerlo desde EEUU. Es lo mismo que pasó este año en Barbados. Tenemos un sector opositor sin entidad propia, sin voluntad propia, sin independencia. Le rinden culto a las imposiciones, a las órdenes que les dictan desde EEUU. Así es imposible hacer política en un país, cuando eres esclavo o estás atado de manos, cuando no puedes decir a, b o c si antes no mandas un mensaje o te reúnes con alguien que te dicta las instrucciones. Por eso es que esa oposición se fracturó. Hay un sector que sí quiere hacer política, que quiere la paz y el debate en medio de grandes críticas al Estado venezolano. Los llaman minipartidos, pero para saber quién es mini y quién es macro hay que ir al debate, a la calle, con los votos. Ese otro factor sí se sentó con el gobierno nacional y como producto de ello se da esta revisión de casos judiciales que lo ameritan, pues es necesario recalcar que no se están cometiendo exabruptos contra la justicia.

 

Sicariato campesino

 

-Otro aspecto que preocupa mucho, sobre todo a la militancia revolucionaria es la gran cantidad de casos de asesinatos de líderes campesinos. Mucha gente tiene la sensación de que esos actos de sicariato están quedando impunes.

 

-Quien pueda pensar eso está desinformado. Todos los actos que tengan que ver con el delito más atroz entre los delitos comunes, que es el homicidio, están judicializados, con imputaciones y acusaciones, sin discriminación de ningún tipo. Puedo garantizar que a quien haya cometido un asesinato contra un dirigente campesino le caerá todo el peso de la ley, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de equívoco. Igual digo para quienes sean agentes del Estado y violen derechos humanos. A veces digo que parecieran infiltrados porque esa no es a línea institucional del Estado venezolano ni es el marco que establece el título III de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, quienes cometan ese tipo de delitos deben entender que contra ellos va todo el peso de la ley.

 

-Analizando un caso concreto: la masacre de Ticoporo, que causó un gran revuelo en su momento. ¿Tiene los datos sobre su situación actual?

 

-Están judicializados todos los responsables y con ellos no habrá ningún tipo de ventaja o de medidas sustitutivas, en tanto el Código Orgánico Procesal Penal es muy severo con respecto a los homicidas. No puede haber ninguna duda, ni en ese caso ni en cualquier otro. El sector campesino merece todo mi respeto. En medio de una contingencia económica de esta magnitud, quiénes pueden merecer más nuestro apoyo institucional, en derechos humanos, en valentía, que el sector trabajador y productivo. Quienes arremetan contra ellos van a tener de seguro la sanción del Estado venezolano.

 

-Usted fue durante mucho tiempo, en la IV República, un defensor de los derechos humanos, y sabe que uno de los mecanismos utilizados contra los trabajadores y campesinos era el juicio militar. Ahora hay un caso, el del dirigente sindical Rubén González, que ha sido juzgado por un tribunal militar. ¿Cuál es su posición al respecto?

 

-Es un caso que está en revisión, aunque debo destacar que él ha sido reincidente. Él fue objeto en un momento de un beneficio de parte del sistema de justicia y apareció nuevamente en un incidente en el que la calificación de su caso fue la de ultraje al centinela. Por eso es que ha sido procesado por un tribunal militar. Es bueno explicar que esa es la razón, no el ejercicio de su condición de sindicalista, que es un derecho que le corresponde. Lamentablemente ocurrió ese incidente y por ese motivo ha sido procesado. Nosotros no hemos negado, como Estado venezolano, que ese caso u otro puedan ser objeto de una revisión. Pero, insisto en aclarar esto: él no está privado de libertad por una circunstancia vinculada al ejercicio de su liderazgo sindical, sino por un lamentable hecho en el que él golpeó a un efectivo militar.

 

Corrupción afuera y adentro

 

-Hablando de los grandes casos de corrupción que ha destapado la Fiscalía desde que usted está al frente, que son básicamente en los campos petroleros y de administración de divisas., ¿hay alguna novedad?

 

-Nosotros no hemos descansado en esa materia porque lamentablemente ese fue el legado funesto de ese personaje tristemente célebre al que no vale la pena mencionar siquiera por lo mucho que ha descendido en su situación apátrida, quien es conocido por sus iniciales. Es injusto, indebido e indecente que alguien que haya tenido un cargo en el gabinete del presidente Hugo Chávez haya montado un tinglado tal que le ha servido para enriquecerse incluso después de haber dejado ese cargo. Las personas aliadas de ese individuo convirtieron las petro (empresas de la Faja y otras) en mafias o carteles para delinquir y desfalcar al Estado, favoreciendo a empresarios que no hicieron las obras contratadas. Esto nos ha llevado, finalmente, a un punto de quiebre de la economía nacional. Cuando llegué en agosto del año 2017 coloqué un acento en mi gestión en desentrañar esas mafias. La gente se sorprendió de la forma atroz como actuaban, siempre unidos gerentes que, en mala hora llegaron a esos cargos, con empresarios corruptos para desfalcar cantidades milmillonarias en dólares. No estamos hablando de millones de dólares, sino de miles de millones que se encuentran en paraísos fiscales, en EEUU, en Suiza y países de la Unión Europea. Hemos develado 25 tramas de corrupción petrolera. La más reciente de ellas es la de Sinovensa, donde sus principales gerentes y algunos empresarios han sido detenidos.

 

Saab quiso también abordar el tema de la corrupción muros adentro del Ministerio Público:

 

-Si me preguntan sobre eso digo que luego de los primeros meses en el cargo (entre agosto de 2017 y febrero de 2018) hice un balance de lo que había detectado y pensé que con ese primer balance iban a agarrar mínimo. Hablaba de 30 fiscales, entre ellos dos fiscales superiores, que habían sido judicializados y casi todos privados de libertad. La cifra era increíble, pero resulta que de marzo de 2018 a este momento, octubre de 2019, creció exponencialmente hasta 150 fiscales. Allí tenemos a gente que ha sido detenida en entregas controladas (de sobornos), esperando recibir miles de dólares en un bolso o una maleta que lo que tiene es papel periódico, para no decir otra cosa. Con esa modalidad hemos detenido a varios. Pero no solo en esa, que es la más grosera. Hay otras. Por ejemplo, hemos detectado un modus operandi en las salas de Flagrancia. Allí se lleva a las personas que han sido detenidas en el momento de la comisión del hecho punible. Hemos comprobado que actúa el fiscal en componenda con un juez y con funcionarios policiales. También hemos detectado irregularidades en el otorgamiento de medidas sustitutivas de la privación de libertad, sin ningún tipo de elevación a la superioridad. Detectamos, por ejemplo, el caso de un fiscal que en un mes solicitó revisar más de veinte medidas de privación de libertad que él mismo había solicitado en la imputación. Se puede entender que lo haga de manera eventual, pero no veinte en un mes, una diaria. ¿Qué se puede sospechar de ese fiscal si primero imputa y luego pide un sobreseimiento o una libertad condicional? Pues, que está cobrando.

 

-¿Observando ese cuadro de que la gente no escarmienta a pesar de las medidas tomadas, cómo se siente… No pierde la moral?

 

-No, lo contrario, elevamos la moral porque, como lo dije al principio de mi gestión, aquí vamos a un proceso de reestructuración y depuración del Ministerio Público, donde van a quedar los mejores y los que sean necesarios. Y entrará una nueva camada, como en efecto está ocurriendo, de gente dispuesta a trabajar por la justicia de una manera digna, en contra de esa herencia que nos dejó el cartel de la innombrable exfiscal, hoy prófuga de la justicia, viviendo de las francachelas allá en Bogotá. Quienes osen pasar la línea del decoro y de la dignidad se encontrarán con todo el peso de la ley. Para ponerlo en términos gráficos, más de 90% de los fiscales privadas de libertad por ese tipo de hechos de corrupción se habían formado en tiempos de la innombrable. Allí aprendieron a prevaricar y a manchar y mancillar a los demás. Pero hay que tener claro que no se trata nada más de los fiscales corruptos. También hay jueces y policías. Yo hago un llamado a la depuración del sistema de justicia de manera integral. Yo estoy dando mi aporte, pero esta es una tarea de todos porque al final el sistema de justicia es una mesa de tres patas, parecida a un piano: están el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos auxiliares de justicias, que son las policías con las que se inician las investigaciones. No solo es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), sino también la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, las policías estadales y las policías municipales.

 

Descongestionar las estaciones policiales

 

El fiscal se entusiasma con la posibilidad de lograr acuerdos para depurar el sistema de justicia, tomando como base el encuentro que el mismo día de la entrevista (martes 15 de octubre) acababa de sostener con representantes de las otras “patas de la mesa” en torno al grave problema del congestionamiento de los cuarteles de policía y GNB con personas detenidas. Saab viene preocupado por este asunto desde sus tiempos de defensor del Pueblo, cuando propició unas reuniones que luego, según explicó, fueron saboteadas por la entonces titular de la Fiscalía.

 

-Por iniciativa del Ministerio Público y como militantes de los Derechos Humanos, que siempre lo seremos, queremos luchar para descongestionar estos centros de detención preventiva. Hemos retomado aquella idea que tuvimos en la Defensoría y que fue truncada por la actitud leonina y delictiva del Ministerio Público en ese momento. Por eso hicimos una mesa de trabajo a la que asistió el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; los directores del Cicpc, Sebin, PNB, Digcim; el viceministro de Seguridad Ciudadana; el defensor del Pueblo y representantes de la Defensa Pública. Llegamos al acuerdo de iniciar el descongestionamiento de los centros preventivos. Comenzaremos en la llamada Zona 7 del Área Metropolitana de Caracas. Luego vamos a un plan nacional, comenzando con los estados más poblados para, sobre la base de la ley y la justicia, otorgar las medidas a que haya lugar y haciendo los traslados que correspondan. Hemos detectado que los tres grandes frentes donde hay congestionamiento de privados de libertad son el Cicpc, la GNB y las policías estadales y municipales. Hacia allá vamos a dirigir los esfuerzos técnicos y esperamos obtener los primeros resultados este último trimestre del año. En esos lugares las personas deberían permanecer solo unos días, pero terminando quedándose meses y hasta años.

 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)