La Fiscalía General del Estado (FGE) admitió cinco denuncias contra Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), movimiento que lideró las protestas contra el ‘paquetazo’ de Lenín Moreno a principios de octubre.
Contra Vargas fueron consignadas denuncias por terrorismo, odio, promoción de grupos subversivos, secuestro e instigación a sabotaje. De las cinco acusaciones, tres están dirigidas directamente a él y las otras dos incluyen a otros dirigentes indígenas.
La denuncia por terrorismo fue presentada por el exvicepresidente Alberto Dahik (1992-1995), quien estuvo exiliado de Ecuador durante 16 años, tras ser denunciado por peculado y malversación de fondos durante su gestión.
De acuerdo a la denuncia, a la que tuvo acceso El Comercio, la acusación es por unas presuntas declaraciones de Vargas, el pasado 7 de octubre, durante las protestas antigubernamentales. Según el exfuncionario, el líder indígena declaró: «hemos dado en este momento, como amazónicos, la orden de cerrar todas las llaves del petróleo, carajo, porque con el pueblo, señor asesino Lenín, no se juega».
Dahik alega que eso ocasionó, efectivamente, el cierre de pozos petroleros, así como de un oleoducto. «Ecuador dejó de exportar más de cien millones de dólares y se destruyeron las instalaciones petroleras», se lee en el documento.
Delito de odio contra Moreno
Otra denuncia fue presentada por Carlos Coloma, de la Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, y el abogado Manuel Pérez.
Según dijeron Coloma y Pérez a la prensa, a su salida de la FGE, la denuncia es por el supuesto delito de «odio», por presuntos dichos despectivos de Vargas contra el presidente Moreno, el pasado 10 de octubre, en un acto en la Casa de la Cultura en Quito.
Según dijeron Coloma y Pérez a la prensa, a su salida de la FGE, la denuncia es por el supuesto delito de «odio», por presuntos dichos despectivos de Vargas contra el presidente Moreno, el pasado 10 de octubre, en un acto en la Casa de la Cultura en Quito.
Grupos subversivos
Por su parte, la FGE informó que inició una investigación contra Vargas luego que, en un acto público en Macas, al suroriente del país, el dirigente hablara sobre la creación de un ejército propio de los movimientos indígenas.
Al respecto, en una conferencia de prensa, Vargas mencionó que los medios de comunicación tergiversaron la información que brindó. «En ningún momento, en ninguna de mis expresiones, he dicho ejército armado, nunca dije ‘ejército subversivo'».
Detalló que el movimiento decidió «crear una guardia indígena, comunitaria» para que brindara seguridad dentro de sus territorios, que estuviera «apegada a la Constitución», y que operará en cooperación entre la justicia ordinaria y la indígena.
Secuestro de policías y sabotaje
Las denuncias que incluyen a Vargas y otros dirigentes indígenas son por los presuntos delitos de secuestro y sabotaje.
La acusación por secuestro fue presentada por el Ministerio de Gobierno, que dirige la ministra María Paula Romo, el pasado 10 de octubre, día en que una decena de policías fueron retenidos por los manifestantes en la Casa de la Cultura en Quito.
Los uniformados fueron retenidos por varias horas y entregados a representantes de la Defensoría del Pueblo. La CONAIE dijo en un comunicado que «estuvieron detenidos porque infringieron el espacio» donde se concentraban los manifestantes, pero fueron liberados «tal cual como salieron de la casa».
Mientras, la denuncia por sabotaje y rebelión fue presentada por el político Marcelo Gallo, según reseña El Universo, por las acciones de los dirigentes indígenas durante las manifestaciones.
Las protestas en Ecuador tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre. El estallido se produjo cuando el presidente Moreno anunció una serie de medidas económicas, que incluyó la eliminación del subsidio estatal a los combustibles, que se concretó con el Decreto Ejecutivo 883.
La CONAIE y organizaciones de derechos humanos del país denunciaron fuerte represión policial y militar durante los 11 días de manifestaciones en todo el país, con epicentro en Quito. Las jornadas dejaron un saldo de 11 muertos.
La protesta culminó tras entablarse un diálogo entre el Gobierno y los manifestantes, mediante el cual se estableció la derogatoria de ese decreto y se acordó que se redactaría otro documento para sustituirlo.
Actualmente, el diálogo se encuentra paralizado. La CONAIE ha denunciado «persecución» contra sus dirigentes. «No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo», dijo Vargas el pasado 23 de octubre.
Mientras, el movimiento indígena, junto a 200 organizaciones entregó una propuesta de proyecto sobre un nuevo modelo económico y social para el país a representantes de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Conferencia Episcopal y entes mediadores en el diálogo con el Gobierno.
(RT)
