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jueves, 20 / 06 / 2024

LUEGO DE PRUEBAS PRESENTADAS SEPA LO QUE LE ESPERA AL DIPUTADO CALDERA

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó este jueves ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la solicitud de declaratoria de haber méritos para el procedimiento penal ordinario contra el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Miranda, Juan Carlos Caldera López (40), por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales.

En el caso del primer delito que está tipificado en el artículo 79 de la Ley Contra la Corrupción, establece lo siguiente: “La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, será penado con prisión de dos (2) a siete (7) años; y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, a quien dé o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación del correspondiente proceso judicial.”

Con relación a la legitimación de capitales, acción prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, se prevé lo siguiente: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será castigado con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.”

Durante su exposición ante los 32 magistrados del TSJ, la Fiscal General enfatizó que se presume que el parlamentario incurrió en los mencionados delitos cuando Caldera López recibió de manos de una persona desconocida una suma de dinero, de acuerdo con la denuncia que formularon tres ciudadanos del estado Miranda el 17 de septiembre de 2012, quienes consignaron un video, al cual se le practicó una experticia para corroborar su autenticidad.

“En dicho video el diputado Caldera aparece con una persona que le entrega un sobre con una suma de dinero, presuntamente, para el entonces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski”, afirmó Ortega Díaz que además puntualizó que del estudio realizado por el Ministerio Público, se llegó a la conclusión de que se pudiera estar en presencia de los referidos delitos.

Resaltó ante la Sala Plena del TSJ, que también se tomó en cuenta la rueda de prensa que ofreció el 13 de septiembre de 2012 el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien luego de la transmisión del video por los medios de comunicación señaló: “El diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. Él se puso al margen de este proyecto. Él no tiene el derecho de utilizar mi nombre, ni ninguna otra persona tiene el derecho de utilizar mi nombre para obtener beneficios personales”.

Advirtió que fueron tan verosímiles los hechos expuestos, que el propio gobernador Capriles Radonski, en esa oportunidad, en plena rueda de prensa excluyó al diputado Caldera de su proyecto político

La Fiscal General reiteró la solicitud de declaratoria de méritos con base en el video del 13 de septiembre de 2012, donde en una conferencia de prensa ofrecida por el parlamentario, reconoce haber recibido el dinero.

Ortega Díaz consideró que es necesario que el Máximo Tribunal acuerde tal solicitud, porque se hace pertinente investigar al diputado para determinar la procedencia del dinero, qué se hizo con él, su validez o ilicitud, la identidad de las personas que aparecen en el video, entre otras interrogantes que solo pueden despejarse si se investiga.

En cuanto al delito de legitimación de capitales, también conocido como lavado de dinero o blanqueo de capitales, dijo que uno de los principales argumentos del diputado era que el dinero sería utilizado para su campaña como candidato a Alcalde, cuando lo que estaba más próximo eran las elecciones presidenciales.

“Para ese momento no había ninguna campaña, solo para elegir al Presidente de la República. ¿Para qué era ese dinero? Es más, él (Juan Carlos Caldera) nunca fue candidato a Alcalde”, precisó.

En su intervención, advirtió que si no hay la declaratoria de méritos, si el hecho no se investiga, “cualquier ciudadano, cualquier funcionario público recibirá dinero y alegará que es para su campaña política”.

Declaratoria urgente


En su derecho a réplica, Ortega Díaz manifestó que se hace urgente que los magistrados declaren que sí hay méritos para que el diputado Caldera responda a dónde fue a dar el dinero, revele la identidad del supuesto empresario que se lo entregó y quiénes estaban con él ese día.

Aclaró que el Ministerio Público nunca ha violado el debido proceso ni el derecho a la defensa del parlamentario, quien decidió ser su propio defensor, razón por la cual Ortega Díaz solicitó a la secretaria de la Sala Plena del TSJ, que dejara constancia en actas de la decisión de Caldera.

“Sostiene (Juan Carlos Caldera) que de declararse méritos para ser investigado los habitantes de Petare quedarán sin voz en la Asamblea Nacional, pero esos mismos ciudadanos fueron quienes consignaron un video en el Ministerio Público solicitando la investigación”.

Ante el argumento del diputado de que se le había “montado una olla” con los videos, la Fiscal General lo refutó diciendo que lo que no desmiente Caldera es que cobró el dinero tal y como se refleja en las imágenes.

“No es por lo que aparece en el video o la experticia de coherencia que se le haya practicado para determinar su autenticidad, sino que es él mismo quien ha venido reconociendo que estuvo en esa reunión donde recibió el dinero”, manifestó.

Reiteró que con fundamento en la conferencia de prensa de Caldera y del Gobernador de Miranda, es que el Ministerio Público solicita que se declare con lugar el antejuicio, pues “existen fundados elementos que comprometen su responsabilidad en los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales”.

(Nota de Prensa)

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