Desde mediados de septiembre hasta la fecha se han registrado 16 asesinatos en la frontera colombo-venezolana, esto a raíz de la publicación de las fotografías del autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, con miembros de la banda criminal Los Rastrojos.
El director ejecutivo de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, contó en exclusiva para el diario VEA, que entre las personas asesinadas se encuentran cinco habitantes de la región, otros cinco pertenecen a la banda “Los Pelusos” y 6 que no han podido ser identificados aún.
“Lo que tenemos entendido es que todo el escándalo nacional e internacional se generó por la publicación de la fotografía y el haber hecho público el acuerdo que tenía ese sector de la oposición con los narcos Rastrojos para operar libremente en esta parte de la frontera con Colombia en el supuesto de caso de la llegada al poder de la oposición, lo que desencadenó acciones por parte de Los Rastrojos para indagar, para averiguar o saber quiénes habían publicado las fotos y por dónde se habían filtrado. Ahí ocurrieron algunos muertos, algunos asesinatos, incluso descuartizamiento de algunas personas”, declaró Cañizares al medio venezolano.
El director de la ONG colombiana fue quien dio a conocer las primeras fotografías de Guaidó con la banda criminal. Las primeras imágenes mostraban al “autoproclamado” sonriente junto a Jhon Jairo Durán Contreras, alias “Menor”, “Carlitos” o “Costeño”, quien asumió la dirección de la banda paramilitar Los Rastrojos este año. En la segunda aparece junto a Albeiro Lobo Quintero, alias “Brother”, cabecilla financiero de la organización criminal.
Luego de destapada la olla, salieron a la luz fotografías de Guaidó con Iván Posso Pedrozo, alias “Nandito”, mano derecha del jefe de la organización criminal alias el “Menor”; y junto a Argenis Vaca, alias “Vaquita”, acusado de delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y asociación para delinquir.
También apareció en un vehículo con Jhonatan Zambrano, alias “Patrón Pobre”, quien era jefe de las células encargadas de los secuestros en las poblaciones de La Fría y Boca de Grita, del estado Táchira.
En otra parte de la entrevista el activista por los derechos humanos contó sobre los peligros que él y los miembros de la Fundación Progresar corren tras la publicación de las fotografías.
“Esto ha tenido una consecuencia y estamos pagando un precio por haber puesto la voz denunciando la crisis humanitaria y el abandono del Estado colombiano de la frontera. De la complicidad de las autoridades colombianas frente al accionar narcotraficante, el gran contrabando y el narcoparamilitarismo”, aseveró.
(LaIguana.TV)
