El secretario de Salud de Argentina, Adolfo Rubinstein, presentó su dimisión ante el presidente Mauricio Macri, luego de que el mandatario derogara una resolución emitida por su cartera en la que actualizaba un protocolo para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
«Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de secretario de Gobierno de Salud», señaló Rubinstein en su misiva, dirigida al jefe de Estado argentino.
El secretario de Salud informó que su dimisión se hará efectiva a partir de este 25 de noviembre.
«Desde lo personal quiero agradecerle tanto la oportunidad que me dio honrándome con este cargo como su confianza», puntualizó.
El funcionario destacó que su intención durante su desempeño como ministro primero, y como secretario después, fue colaborar en el «objetivo de mejorar la salud pública y acercar los servicios de salud a las personas con efectividad, equidad y calidad».
Rubinstein asumió al frente del Ministerio de Salud en noviembre de 2017, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y se convirtió en el único ministro que continuó en su cargo tras el cambio de Gobierno y la llegada de Macri al Ejecutivo.
En septiembre de 2018, el Gobierno degradó el Ministerio a secretaría, por lo que la cartera que encabezaba Rubinstein pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social.
El funcionario presentó su renuncia después de que este 22 de noviembre el presidente lo desautorizara al revocar una resolución que actualizaba el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)», publicado por la Secretaría de Salud el pasado 19 de noviembre.
La modificación del protocolo respondía «a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y (a) la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación» promulgada en enero de 2016 que asentaba la relación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en base a la primera normativa, según señalaba la resolución derogada.
El protocolo también se adecuaba a «normativas internacionales» de la Organización Mundial de la Salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de todas las mujeres a partir de los 13 años y sin necesidad de que fueran acompañadas por un adulto, de acuerdo al nuevo Código Civil, que reconoce la autonomía de los adolescentes.
El documento incorporaba además el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012, que determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible.
El aborto está penalizado en Argentina desde 1921, pero el Código Penal, en el artículo 86, autoriza la interrupción del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando la gestación sea producto de una violación.
Macri se ha manifestado en contra de la legalización del aborto, pero el año pasado habilitó el debate en el Congreso de un proyecto de ley que consagraba el aborto legal, seguro y gratuito y que fue aprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en el Senado.
El presidente electo, Alberto Fernández, que asumirá el próximo 10 de diciembre, aseguró el pasado 17 de noviembre que enviará «cuanto antes» un proyecto al Congreso para legalizar el aborto.
(Sputnik)
