Actos de corrupción, autoritarismo y usurpación de poderes por parte de la Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, son las razones por la cual se origina la renuncia irrevocable del vicerrector Administrativo de la casa de estudios universitarios, Bernardo Méndez.

 

Mediante un documento, emitido por la Oficina Ministerial de Información Estratégica, se desglosan los motivos de quien fue Vicerrector de la UCV desde el 20 de junio de 2008 y que según, produjeron el quiebre progresivo de la estructura del rectorado, el cual fue asumiendo atribuciones que corresponden al Vicerrectorado Administrativo (VRAD).

 

Estas acciones se evidencian en la destitución y nombramiento inconsulto de jefes y directores de dependencias que se adscriben al VRAD; el otorgamiento de presupuestos por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto, sin consultar previamente; además de crear una comisión denominada Contrataciones Centralizada en el Rectorado, pese a que ya existía una.

 

El documento indica que se han realizado diversas contrataciones para servicios y obras ejecutadas en la UCV canalizadas mediante el Rectorado y la Dirección de Presupuesto, pese a que ésta no es la encargada de las asignaciones.

 

«Ejemplo de esto se encuentra en el oficio AR-315/2018 donde se aprueba un Concurso Abierto para la contratación para la adecuación y puesta en valor de los vestuarios del complejo de piscinas de la UCV, con un costo inicial de Bs. 45.928.336.259,29 y luego el costo real fue cercano a los 270 millardos de Bolívares», reseña el informe.

 

Méndez, acusa a la oficina del Rectorado de manejo arbitrario de los recursos obtenidos por la liquidación y alquiler de los bienes muebles e inmuebles de la Fundación Fondo de Jubilaciones, que es de uso exclusivo para la seguridad social del Personal Docente y de investigación de la UCV.

 

De igual forma, deja en claro que el VRAD no ha participado en operaciones financieras con monedas extranjeras citando el caso de adquisición del espacio inmueble perteneciente al Centro de Diagnóstico para la Vida C.A. (CEDIVI) cuyo costo era de 934.400,00 dólares y que para su compra no se discutió ni aprobó por el Consejo Universitario.

 

También, aseveró que existe una nueva metodología de pago al Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) por causa de siniestros mediante el Sistema de Atención Medica y Hospitalaria Integral (SAMHOI), que consiste en pagar deudas antiguas estimadas en bolívares, pero que se calculan a tasa del dólar actual, disminuyendo la cantidad de pago.

 

Finalmente, expone que existe la pretensión por parte del rectorado, de establecer una nueva modalidad de contratación directa sin detallar el Pliego de Condiciones, que no permiten conocer la cobertura y la mejora de la relación actual de lo que ofrece el SAMHOI, lo que podría incurrir en una violación directa al Acta de Convenio.

 

(AVN) 

 

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