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Orgulloso de ceder el control de Citgo: Guaidó saluda decisión de la OFAC de emitir nueva licencia
Enero 20, 2020 -

En otro intento desesperado por apropiarse de los activos del Estado venezolano en el exterior, el autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó, saludó la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) de extender la vigencia de la Licencia General 5A hasta el venidero 22 de abril, según reza en un comunicado emitido por el Centro Nacional de Comunicación, instancia a cargo de las comunicaciones oficiales del político opositor. 

 

La licencia tiene propósito real extender el plazo para que los representantes designados por Guaidó en Estados Unidos como administradores de PDVSA puedan hacer frente en una corte del estado de Nueva York a los acreedores de bonos de la estatal petrolera con vencimiento en 2020, que, según los demandantes, tienen como respaldo activos de Venezuela en el extranjero, especialmente de la empresa petrolera Citgo, el más importante de todos. 

 

A esta prórroga le antecede un bloqueo emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2019 sobre los activos de Citgo, según, con el propósito de evitar que los acreedores se hicieran con las refinerías venezolanas asentadas en territorio estadounidense. No obstante, cabe recordar que ya en enero de 2019, esa misma instancia había congelado dineros venezolanos con un valor de al menos 7 mil millones de dólares. 

 

Si lo anterior ya resulta un intento obvio y descarado de apropiación de bienes de un Estado por parte de otro, no menos cierto es que Juan Guaidó está lejos de querer proteger los intereses venezolanos en el extranjero, especialmente si de los que están en Estados Unidos se trata. 

 

Recordemos que en octubre pasado, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el expresidente de la Asamblea Nacional, en contubernio con la Administración de Donald Trump, pretende apropiarse de los activos venezolanos en Estados Unidos y para ello armó una “banda criminal” que incluyó al abogado José Ignacio Hernández, experto convocado por la empresa Cristallex en un litigio contra el Estado Venezolano en 2017 y nombrado por el autoproclamado “presidente interino” como Procurador de la República y a Carlos Vecchio, representante del “gobierno” de Guaidó ante Estados Unidos. 

 

De acuerdo con lo expuesto con Rodríguez en esa oportunidad, la fechoría habría partido de una ilegalidad diseñada por Hernández, quien “en el año 2017, siendo experto del caso Crystallex, forjo una teoría antijurídica llamada el Alter Ego, es decir, del otro yo, que quería decir igualar a la República y el patrimonio de la República con cualquiera de sus entes, violatorio, abusivamente (sic) de la constitución y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”, lo que constituye a todas luces, una práctica lesiva para los intereses de la Nación.

 

En este orden de ideas, según estimaciones difundidas por el Gobierno venezolano en agosto de 2019, el robo de activos por parte de la “banda criminal” liderada por Guaidó, ascendía a la escandalosa suma de 800 millones de dólares. A la fecha, se desconoce a cuánto asciende el monto real, pero puede suponerse, dado el interés de la administración Trump en otorgar prebendas a Guaidó y su grupo, que sería todavía mayor. 

 

Asimismo, es pertinente destacar que la Administración del presidente Nicolás Maduro no ha cumplido con los compromisos adquiridos con los tenedores de bonos desde 2018 debido a las sanciones unilaterales impuestas por el Gobierno estadounidense y que impactan todas las esferas de la vida nacional, muy especialmente la vinculada con el petróleo, principal fuente de ingresos del país. 

 

Por ello, la denuncia que la vicepresidenta Delcy Rodríguez hiciera en octubre y los antecedentes demostrados de la actuación de Guaidó en relación con los activos venezolanos en territorio estadounidense, dan cuenta de cómo ésta nueva licencia otorgada por la OFAC no pretende en modo alguno “avanzar en pro de la protección definitiva de Citgo”, ni tampoco es cierto que esa pretendida administración paralela asentada en Estados Unidos “ha hecho todos los esfuerzos para salvaguardar este activo”.

 

(LaIguana.TV)