Vivimos en tiempos en los que las fuerzas hegemónicas imperiales y sus derivados ya no aspiran a que las historias falsas duren para siempre. Se conforman con que sean creídas por el tiempo suficiente para que hagan su efecto, y luego pueden ser desmentidas libremente. Como dice aquel refrán, «después de ojo afuera, no vale santa Lucía».

 

Esto nos ha llevado a una actuación diferenciada de dos tipos de prensa: la «prensa libre» (pagada abiertamente por la USAID y otras «agencias» imperiales) miente sin recato alguno y no deja de mentir jamás, mientras la «prensa seria» (un puñado de medios que intenta seguir viviendo de su fama) miente por un tiempo y luego, cuando ya el daño está hecho, dicen la verdad y así le dan una capa de pulitura a su vieja reputación.

 

El fenómeno se está haciendo común: ocurre un hecho sobre el cual mienten gobiernos influyentes en el concierto mundial, organismos internacionales, ONG y gran cantidad de medios de comunicación locales y globales. Otros gobiernos, organismos y algunos medios intentan exponer la verdad, pero se impone la versión falsa, a punta de poder, recursos y técnicas de manipulación. Un tiempo prudencial después, cuando ya los efectos de la mentira son irreversibles, aparece un medio capitalista «de renombre» y emite una especie de fallo supremo, según el cual, los primeros gobiernos, organismos multilaterales, ONG y medios mintieron y, por lo tanto, tuvieron razón los segundos, los que ya fueron aplastados por el peso de la impostura.

 

La divulgación tardía de la verdad surte, entre otros efectos, el de tranquilizar algunas conciencias para que ciertos sectores políticos, sociales o intelectuales puedan dormir tranquilos.

 

El más reciente caso es el de la investigación divulgada por el diario The Washington Post en la que se dictamina que no hubo fraude en las elecciones presidenciales que Evo Morales ganó con una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales. Esa determinación confirma lo dicho por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que supervisó ese proceso, por muchos observadores que participaron en él y por muchos medios de comunicación oficiales, independientes y alternativos. Pero solo comienza a dársele rango de verdad una vez que una universidad con reputación y un medio estadounidense considerado «serio» lo dicen. Y esto ocurre -no casualmente- cuando el statu quo global ha consumado su objetivo.

 

Ya en Venezuela lo habíamos vivido. Las versiones que descalificaron el magnicidio fallido de agosto de 2018 fueron revisadas a partir de un tardío reportaje de CNN; la enorme mentira de que el gobierno venezolano había quemado los camiones cargados de ayuda humanitaria, en febrero de 2019, quedaron desvirtuadas un mes más tarde por una investigación de The New York Times

 

Por supuesto que es positivo que estas verdades salgan a la luz aunque sea extemporáneamente. Es mejor que nada. Pero, la pregunta que surge es quién se responsabiliza por los daños enormes que las mentiras ya causaron, y que en Bolivia significaron un golpe de Estado y el retroceso a etapas superadas de la represión y la segregación racial. ¿Trabajará también este punto la prestigiosa prensa seria? ¿Producirán esas epifanías periodísticas un cambio en la conducta de los medios que ayudaron a mantener en pie  la falsedad? Lo más seguro es que la respuesta a ambas preguntas sea no.

 

El caso boliviano ha dejado en evidencia el rol criminal que desempeñó la Organización de Estados Americanos, en especial, su secretario, Luis Almagro, en una operación internacional obviamente destinada a derrocar a Evo Morales. Pero también demuestra que la maquinaria mediática está al servicio de ese tipo de operaciones porque todos los medios de la derecha (los tradicionales y los de nuevo cuño) tuvieron acceso a información de fuentes confiables que generaban dudas razonables acerca de  la versión del fraude y, a pesar de ello, por razones políticas o por motivos económicos, decidieron respaldar la postura de la OEA y de la recalcitrante oposición boliviana.

 

La «prensa libre» (acogiendo la denominación del genocida en serie Elliott Abrams sobre medios financiados por el gobierno de Estados Unidos) no solo sostuvo la mentirosa tesis del fraude en el momento en que ocurrían los hechos, sino que ha seguido sosteniéndola y continuará haciéndolo, incluso después del desmentido de The Washington Post

 

Es más, esa «prensa libre» seguirá otorgándole a los organismos que mintieron el rango de autoridad en situaciones similares que se presenten en el futuro, es decir, seguirán diciendo que la pérfida OEA y su impresentable secretario deben y tienen derecho a supervisar elecciones en otros países, especialmente en aquellos cuyos gobiernos son indóciles ante el imperio.

 

Nuevamente acá son ilustrativas las experiencias de Venezuela. El reportaje de CNN que le dio categoría de verdad al intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro y a buena parte de los mandos civiles y militares no ha hecho cambiar de posición a los medios globales y locales antirrevolucionarios. Estos siguen diciendo que fue un montaje del gobierno venezolano para victimizarse y continúan refiriéndose a los dirigentes opositores detenidos por ese caso como «secuestrados de la dictadura» y a los prófugos, como «exiliados» o «perseguidos».

 

Tampoco ha cambiado el discurso de esos medios después de la publicación de The New York Times respecto a los hechos de la frontera en febrero de 2019. La inmensa mayoría nunca se ha desmentido. Un diario español lo hizo siete meses después de los hechos y seis meses después del trabajo del NYT, en una nota discreta en la sección del Defensor del lector.

 

Un aspecto significativo de todos estos casos (los de Venezuela, el de Bolivia y muchos más) es que la verdad certificada a destiempo por la «prensa seria» es la misma verdad que fue difundida en vivo y directo por numerosos medios de comunicación oficiales de los países afectados y por algunos órganos independientes y alternativos. 

 

En el caso del magnicidio frustrado, los medios del Estado venezolano, la televisora multiestatal Telesur y portales independientes como, entre otros, LaIguana.TV, ofrecieron detalladas explicaciones de lo ocurrido. El Ministerio de Comunicación e Información hasta divulgó en cadena nacional los testimonios de implicados, incluyendo la confesión del diputado opositor Juan Requesens.

 

Lo mismo pasó con la llamada batalla de los puentes. La información en tiempo real sobre cómo fueron quemados los camiones fue dada por Telesur, por LaIguana.TV, por el sistema de medios públicos y por algunos medios regionales colombianos de Norte de Santander.

 

En Bolivia, numerosos medios del Estado (hasta que fueron tomados por los golpistas), medios alternativos y comunitarios y, una vez más, Telesur, dijeron en el momento lo que ahora dice The Washington Post.  De todo esto debe quedar constancia porque cada vez resulta más claro quiénes están informando con veracidad y quiénes no; y también quiénes están informando de manera oportuna y quiénes lo hacen extemporáneamente, cuando ya el ojo está afuera.

 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

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