Una madre venezolana habría sido objeto de discriminación y negligencia por parte de las autoridades ecuatorianas al dirigirse a la Fiscalía para denunciar el abuso sexual que sufriera su pequeño hijo de 3 años, presuntamente en el centro educativo al que asiste, hecho del que se enteró a partir de la historia que le revelara el niño y de revisar sus partes íntimas y encontrarlas desgarradas. Según relató la afectada, la justicia ecuatoriana se negó inicialmente a registrar su denuncia porque su situación migratoria es irregular.
Pero no sólo las autoridades habrían actuado con negligencia. La compatriota habría sido ignorada en primer lugar en el jardín de infantes en el que estudia el menor. Allí le habrían dicho que su hijo nunca se había quedado solo, según informó el diario El Universo. Posteriormente, se dirigió a una Fiscalía al norte de Quito en compañía de su esposo, pero allí se negaron a tomarle la denuncia, toda vez que no poseía la visa humanitaria, requisito impuesto por el gobierno de Lenín Moreno a los venezolanos desde el pasado año para poder permanecer legalmente en Ecuador.
De acuerdo a lo que refirieron medios ecuatorianos, la ausencia de documentación legal de la madre, habría impedido que al menor se le realizaran oportunamente los exámenes forenses pertinentes para comprobar el presunto abuso sexual.
Desesperada, la madre procedió contar su historia a través de las redes sociales, con la esperanza de que alguien se solidarizara con su causa. Su clamor tuvo efecto, pues el pasado domingo la contactó personal adscrito a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y trasladó a la familia a Medicina Legal, con el propósito de que los expertos pudieran realizar la evaluación correspondiente y se pudiera denunciar el evento ante las autoridades pertinentes.
Asimismo, la Fiscalía General de Ecuador emitió este jueves un comunicado en el que se afirma que “tan pronto se conoció de la negligencia con la que habría actuado el personal de esta institución cuando la madre del menor se acercó a denunciar, se procedió a receptar la denuncia a través de la Unidad de Flagrancia y se abrió una investigación por el delito de violación”.
La instancia también se comprometió a velar por el cumplimiento del debido proceso y a identificar “a los servidores públicos que no habrían brindado atención de forma oportuna”.
(LaIguana.TV)
