Quién iba a decir que la detención en la vía de Barranquilla a Riohacha, Colombia, de un camión cargado de armamento militar; el inicio en Estados Unidos de un juicio por narcotráfico contra el Presidente Nicolás Maduro y el establecimiento, por parte del gobierno de ese país, de recompensas por su captura, iban a terminar relacionados con una campaña, abierta y soterrada, que esta semana empezó a llamar la atención porque parece dirigida a obstaculizar los esfuerzos del pueblo y del gobierno venezolano por mantener la cuarentena como principal arma contra la pandemia del COVID-19 que está azotando al mundo.
Pero los hechos muestran que las tres operaciones sí están relacionadas. El militar desertor Clíver Alcalá Cordones confirmó este jueves que el armamento iba destinado a una operación militar que se realizaría en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, también que el lote detenido había sido contratado y firmado entre “asesores militares” estadounidenses —así suele llamarse a las contratistas mercenarias— y Juan Guaidó, el mismo que lidera la campaña contra la gestión gubernamental de enfrentamiento al virus y quien es, de hecho, el representante del gobierno de Donald Trump en el país. Es decir, el que se autodenomina “presidente legítimo” preparaba un cruento golpe de Estado con apoyo norteamericano en medio de la situación de incertidumbre y miedo que viven los venezolanos por la pandemia que este jueves cobró su primera víctima y mantiene a otros 106 venezolanos contagiados.
La coincidencia de tiempo y personaje plantea así el escenario: cualquier operación militar para derrocar al Presidente requeriría de una “puesta en escena” de revuelta popular que legitimara dicha acción. Una posibilidad que estaba en plena construcción a principios de marzo, cuando se reiniciaron los llamados a la calle por parte de Guaidó pero que se vio interrumpido por la aparición en el país de los primeros contagios y la inmediata llamada a la cuarentena por parte del gobierno nacional.
El caso es que, contra todo principio y valor humano, pareciera que la operación no fue suspendida pero sí cambiadas las acciones para lograr la apariencia de revuelta popular que les sería tan necesaria.
“El 10 de marzo, Venezuela demostró estar decidida a cumplir su rol en la agenda de lucha que trazamos con nuestros aliados. Pero la amenaza de esta pandemia nos obliga a redefinir responsablemente la convocatoria de calle, sin suspender la lucha por la democracia”, escribió Guaidó en su cuenta Twitter el jueves 12 de marzo, el mismo día que el Presidente Maduro anunció la emergencia sanitaria nacional. Todavía ese día, todo parecía indicar que el país seguiría asistiendo al espectáculo de un autoproclamado “presidente legítimo” sin votos y sin poder.
Desde su inicio, la campaña de Guaidó y del grupo que lo compaña se mostró, en apariencia, clara con respecto a respetar las medidas de cuarentena, distanciamiento social e higiene personal. Las cosas no sonaron tan diáfanas, cuando el 14 de marzo este dirigente de Voluntad Popular anunció la conformación de una comisión de expertos de la salud, integrada por miembros de academias de medicina y otros organizaciones médicas y coordinada por un infectólogo de conocida militancia opositora, Julio Castro. Que tales eminencias se reunieran en torno a un espacio vacío de cualquier poder, excepto el del dinero, provocó suspicacias, que se acrecentaron con la activación de cuentas en redes sociales, una de las cuales había sido creada ya en enero de este año, mucho antes de la existencia de la comisión.
Pero fue el martes 24, en una reunión de su propia “asamblea nacional” como escenario, cuando los mensajes clave del grupo de Guaidó cambiaron hacia la exacerbación. Haciendo uso de su preminencia como médico, Castro dijo que las condiciones sanitarias y de nutrición en el país proyectaban muy malos presagios frente a la pandemia; que la cuarentena duraría entre dos y tres meses; que no habría recursos hospitalarios para lo que venía y que habría entre 300.000 y 350.000 personas contagiadas. La cifra del experto retumbó por lo inusual, pues equivale a decir que solo en Venezuela tendríamos tantos contagiados como 70% de los registros contabilizados en todo el planeta hasta este jueves.
En ese encuentro, también se hizo pública una encuesta sobre “impactos” del COVID-19 que en realidad está referida a las carencias en los servicios de agua, electricidad, transporte público y gasolina, así como el desabastecimiento de insumos —guantes, tapabocas y gel— en los hospitales. Desde ese día, las cifras se actualizan diariamente hacia el alza. Fedeagro también aportó lo suyo, cuando su presidente aseguró que la producción de hortalizas, raíces, tubérculos y frutas estaba comprometida por la escasez de combustible y que ya se reportaban pérdidas de cosechas en los estados andinos por las mismas circunstancias.
El mensaje estaba claro: Vamos hacia la catástrofe. Y así se encargaron de recalcarlo los políticos. Guaidó lo dijo expresamente el miércoles 25, cuando anunció que de los recursos que han sido robados al Estado venezolano, destinaría 20 millones de dólares para la compra de insumos, cuya compra y distribución corresponderá a “organismos internacionales” y la administración a los médicos, enfermeras, la iglesia y organizaciones no gubernamentales. Es decir, la generación del caos en los hospitales.
A todos estos contenidos, que se entienden como la incitación a una sensación catastrófica en la población, se sumó también la difusión, desde el mismo miércoles, de cifras paralelas de contagios, cuya metodología de recolección no es conocida. Una acción que aumenta la incertidumbre entre los venezolanos y que está destinada a la destrucción de la credibilidad de las autoridades sanitarias, factor fundamental de la comunicación de riesgo, de acuerdo con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Puestos en la opinión pública los supuestos “datos”, correspondió a los políticos apuntar contra el gobierno del Presidente Maduro y descalificarlo. “El usurpador no puede recibir recursos porque se los va a robar”; “el dictador miente”; “El dictador destruyó al país”; “el dictador distorsiona las cifras”, “Nadie les cree”; “Maduro es indolente, irresponsable”, forman parte de la lista de frases repetidas durante toda la semana por Guaidó, Julio Borges, Freddy Guevara, José Manuel Olivares, Carlos Vecchio y Miguel Pizarro, entre otros, y que pueden ser revisadas en sus cuentas de Twitter.
“Si tu familia se enferma es culpa de quien destruyó el sistema de salud”, escribió Borges este jueves 26. Dos días antes, Guevara había afirmado que “no hay acuerdo con Maduro que pueda mitigar el desastre. Las medidas reales solo pueden tomarse sin él… la ayuda que necesitamos no la podemos obtener mientras él esté. Es la dura realidad. Y nos afectará a todos”.
La campaña también tiene otras formas, dirigidas a la creación de cierta intimidad en el mensaje. En grupos de whatsapp y en redes sociales, numerosas personas —con militancia conocida o no y afines o aliados a estos grupos extremistas— escriben diariamente sobre sus pesares: Lo difícil de hacer una cuarentena si se vive del día a día, si se va la luz a cada rato, si la especulación impide tener reservas de medicinas y alimentos, si el agua impide la higiene recomendada. Y sobre el miedo: fulanito fue al hospital y le dijeron que no había atención porque están en contingencia, aquí nos vamos a morir todos, nos van a quitar el internet y los datos por órdenes del régimen, si esto dura tanto nos vamos a morir de hambre. Es decir, la instalación de los mismos mensajes a partir de realidades objetivas que ciertamente viven los venezolanos. ¿Cómo se llegó a esta situación? Eso no es importante. Se viven y ya, es la respuesta.
Así se empieza a construir la desesperanza: “Vamos a la catástrofe por culpa del dictador Maduro. Nos enfermaremos y moriremos si él continúa”. Y así saltan los resortes de los instintos básicos que nos instan a sobrevivir: Hay que actuar, movilizarse. ¿Cuál es la conducta esperada? Que se repitan hechos como los vividos esta semana en Bogotá, de protestas y desórdenes callejeros, es una posibilidad que puede estar planteada y que generaría una oportunidad inmediata para justificar una acción militar local y una intervención internacional. También, podría esperarse una ruptura de la cuarentena nacional, que ya termina su segunda semana, y con ella el inicio incontrolado del contagio, buscando con ello el auto cumplimiento de la profecía de Castro.
No es la primera vez que poblaciones han sido sometidas a operaciones psicológicas con objetivos militares, en medio de situaciones de guerra. Muchas de las realizadas por Estados Unidos han sido registradas, documentadas y hasta confirmadas por documentos desclasificados de ese país. La diferencia, esta vez, es que el operador Guaidó y su grupo actúan a la sombra de un estado de miedo instalado en todo el mundo.
(LaIguana.TV / Taynem Hernández)
