Este lunes el portal La Tabla, especializado en periodismo de datos e investigación, recordó los orígenes de la infundada acusación por narcotráfico de la Administración Trump en contra de altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro. 

 

Según recuerda el sitio, el “caso” judicial adelantado en Estados Unidos, se remonta a 2008 y tiene como pívot de todas las acusaciones a dos exefectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de bajo rango, capturados y procesados en Venezuela por narcotráfico. 

 

En particular, Vassily Kotosky Villaroel Ramírez, excapitán de la GNB, ha sido la pieza a partir de la cual el Departamento de Justicia ha vinculado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el tráfico de cocaína a Estados Unidos y el lavado de dólares. 

 

En 2008, recuerda LaTabla en un artículo publicado en el semanario 4F durante 2016, a Villarroel Ramírez le fue decomisado un cargamento de drogas en la finca La Chinita, ubicada en El Tigre, estado Anzoátegui. No compareció ante las autoridades, le emitieron una alerta roja de Interpol y estuvo evadido de la justicia hasta 2015, cuando fue aprehendido en Barlovento (Miranda), durante un operativo policial. 

 

Vinculado al mismo caso de la finca La Chinita estaba Rafael Villasana Fernández, sindicado de ser el financista de la banda liderada por Vassily Villarroel. Sobre él pesaba una orden de captura emitida por un tribunal de El Tigre. El Comando Nacional Antidrogas de la GNB lo capturó en Falcón en marzo de 2016.

 

Adicionalmente, las autoridades antinarcóticos de Venezuela demostraron el vínculo entre Vassily Villarroel y Rafael Villasana con “El Negro” Tello y Daniel “El Loco” Barrera, aprehendidos por las autoridades venezolanas en 2010 y 2012, respectivamente, y puestos a la orden de la justicia colombiana, que posteriormente aceptó su extradición a Estados Unidos para que fueran procesados en ese país. 

 

Los eventos que ligaban a Villarroel y a Villasana con el narcotráfico internacional, han sido el argumento esgrimido por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, para acusar primero a Néstor Reverol –quien ejerció como Jefe de la Oficina Nacional Antidrogas entre  2008 y 2010–, de facilitar el trasiego de drogas entre Venezuela y Estados Unidos, entorpeciendo labores de investigación e incluso, facilitando información a los narcotraficantes acerca de operativos y redadas planificados por los cuerpos antinarcóticos.

 

A la acusación en contra de Reverol, siguió una trama en la que se revela la supuesta existencia de un cartel de narcotráfico liderado por altos mandos del estamento militar, al que convenientemente le pusieron el mote de “Cartel de los Soles”. Pero de soles, nada hay. Ni siquiera Villarroel y Villasana pertenecían ya a la GNB en 2008, cuando se produjo la incautación de las 30 panelas de cocaína en El Tigre. 

 

Sin embargo, como apunta LaTabla, “hoy la historia es la misma y evidencia la precariedad y falta de sustento de la acción judicial”. Más allá de la palabra de las autoridades estadounidenses, no hay ninguna evidencia que permita vincular a ningún actor del alto Gobierno con el narcotráfico y mucho menos, que sustente la existencia de una organización trasnacional dedicada al tráfico de drogas dirigida desde la Administración venezolana.

 

El pasado jueves 26, la Fiscalía General de Estados Unidos publicó una especie de organigrama, en el que “se develaba” la estructura del llamado “Cartel de los Soles”, “liderado” por el presidente Nicolás Maduro y conformado por otros altos funcionarios de su Gobierno como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami –a la sazón, ministro de Interior y Justicia cuando se capturó a Tello y a Barrera–; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y otros más. 

 

En el último nivel de la estructura aparecen de nuevo los nombres de Vassily Villarroel y Rafael Villasana, lo que, en conjunto con las millonarias sumas que se ofrecen por las cabezas de los altos mandos del chavismo, “confirma que se trata de la misma trama carente de pruebas que la sustenten”, indica LaTabla.

 

Finalmente, aunque no por ello menos importante, es que nombres como los de Clíver Alcalá, Hugo Carvajal y Neris Villalobos, son presentados como parte de la estructura delincuencial del ficticio Cartel de los Soles, cuando es bien sabido que tanto Alcalá como Carvajal se desligaron del Gobierno de Nicolás Maduro hace varios años. 

 

En el caso de Alcalá Cordones, orquestó planes golpistas, magnicidas y desestabilizadores  desde Colombia y decidió entregarse a la DEA, luego de que se hiciera público que el Departamento de Justicia ofrecía 10 millones de dólares por su cabeza, no sin antes confirmar las denuncias que de sus intenciones y planes hiciera el Gobierno venezolano, que involucran al diputado Juan Guaidó, autojuramentado presidente interino desde 2019 y reconocido como gobernante “legítimo” por Estados Unidos y Colombia, entre otras pocas naciones.

 

Por su parte, Hugo Carvajal se encuentra evadido de la justicia española desde octubre pasado, cuando la Audiencia Nacional, a petición de Estados Unidos, le dictó auto de detención para extraditarlo a esa nación, en la que sería procesado por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Antes se había fugado de la justicia venezolana y había proclamado su adhesión a Juan Guaidó. 

 

También por su cabeza pide el Gobierno estadounidense 10 millones de dólares y aunque su paradero se ignora, la agencia Reuters publicó el pasado sábado 28 de marzo, que una instancia no gubernamental estaría negociando su entrega ante la justicia estadounidense. 

 

Neris Villalobos –quien se encuentra fugitivo en España por lavado de activos vinculados a la estatal petrolera, PDVSA–, fue durante largos años colaborador estrecho de Rafael Ramírez, exdirector de la compañía solicitado por las autoridades venezolanas por diversos delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su gestión, pero no está relacionado en modo alguno con esta trama, ni siquiera indirectamente. 

 

En opinión de LaTabla, fue puesto allí “de relleno”, aunque no inocente. El mensaje que pretende dar la administración Trump es claro: el gobierno de Nicolas Maduro es narcotraficante y corrupto, aunque hasta el momento, no hayan podido sustentar ni una cosa ni la otra. 

 

(LaIguana.TV)

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