Los sectores radicales que integran la extrema derecha venezolana, en los que están Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, mismos que promocionan falsamente la instauración de un Estado paralelo que gira en torno a la figura de Juan Guaidó, ha ejecutado durante los últimos dos años al menos siete momentos distintos para intentar tomar el Poder y control del país por asalto a través de la violencia armada.

 

La primera ocasión que marca hito en los más recientes actos sediciosos del ala más radical de la oposición venezolana, se produjo el 4 de agosto de 2018 cuando factores extremistas, siempre apoyados, financiados y promovidos por los Gobiernos de Colombiia y Estados Unidos, en este caso de Iván Duque y Donald Trump, respectivamente, intentaron ejecutar un magnicidio masivo con el uso de drones.

 

Ese día, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se encontraba en un acto oficial con motivo del 81 aniversario de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), componente militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En la tarima donde se encontraba el jefe de Estado -como suele suceder en este tipo de actos protocolares- también estaban presentes los distintos dirigentes de los demás Poderes Públicos del Estado, el Alto Mando Militar, entro otros ministros y representantes del Gobierno.

 

Ese intento que buscaba generar una masacre y dejar al país sin control político incluyó el uso de dos drones cargados con explosivo C4 que pretendían explotar en la tarima. Finalmente la operación fracasó.

 

Para aquel momento se descubrió que Julio Borges fue uno de los principales organizadores del plan, sobre todo por el trabajo que realizó en Colombiia, cuando aún no aparecía en los medios el nombre de Juan Guaidó. De hecho, el presentador de televisión peruano residenciado en Miami, Estados Unidos, Jayme Bayly confesó que había asistido a una reunión realizada en Florida donde planificaron el atentado.

 

Desde entonces, las acciones sediciosas contra el Gobierno de Maduro no han parado, y cada cierto tiempo son ejecutadas operaciones paramilitares con el fin de derrocar a Maduro, todas abiertamente apoyadas y financiadas por el régimen supremacista de Trump y el gobierno uribista y narcoparamilitar de Duque, que presta su territorio para proteger y entrenar a mercenarios que luego son usados en los ataques armados contra Venezuela.

 

Otro momento, ya con Guaidó mediatizado y protagonizando los titulares de la mediática internacional, se da el 24 de febrero de 2019 con el llamado Cucutazo, que no fue más que el intento de invadir a Venezuela con el uso de grupos paramilitares apoyados y alentados por los Gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Argentina, Perú, entre otros, para hacer ingresar a territorio venezolano armamento de guerra e instrumentos para la generación de violencia callejera que pretendía ser pasado en camiones que supuestamente cargaban «ayuda humanitaria».

 

Otros actores que estuvieron involucrados en aquel intento de invasión fueron varios empresarios, uno de ellos el británico Richard Branson, un magnate multimillonario que financió el concierto «Venezuela Live Aid» previo a la acción sediciosa, evento que se realizó el 23 de febrero en la ciudad de Cúcuta supuestamente para recaudar fondos para los venezolanos, millones de dólares que terminaron robados y en los bolsillos de Guaidó y su entorno.

 

Para aquel momento, otro empresario también se frotaba las manos, era Jordan Goudreau, jefe de la empresa de mercenarios Silvercup, USA INC, quien ya planeaba instalar una base militar de mercenarios en la frontera con Venezuela.

 

El siguiente capítulo fue el 30 de abril de 2019, cuando los mismos factores de la extrema derecha intentaron un alzamiento militar para generar un golpe de Estado que terminó en fracaso. Ese día un grupo de militares que ya trabajaban coordinadamente para el plan creado por Estados Unidos, sacaron a Leopoldo López, jefe de Voluntad Popular, de su condición de privado de libertad cuando tenía un beneficio de casa por cárcel y se encargaron de llevarlo junto a Juan Guaidó hasta las afueras de la Base Militar La Carlota, en Caracas, para difundir un video que buscaba que otros militares se insubordinaran.

 

La acción no tuvo incidencia alguna dentro de la Fuerza Armada venezolana y los que participaron tuvieron que huir o refugiarse en las embajadas de Brasil bajo la protección del régimen de Jair Bolsonaro, de España donde se terminó hospedando el ahora prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López; de Chile a cargo de Sebastián Piñera; de Argentina entonces controlada por el expresidente Mauricio Macri; mientras otros se fugaron a la Colombia de Iván Duque.

 

Ese fracaso marcó la vertiginosa caída de la popularidad de Guaidó que luego se vio más ensombrecida por los innumerables escándalos de robo de recursos al Estado venezolano, corrupción, robos, narcotráfico, paramilitarismo, prostitución, abuso de drogas, compra de bienes de forma ilícita, entre muchos otros.

 

 

Ya en marzo 2020, cuando el propio Gobierno de los Estados Unidos comienza a promover la salida de Guaidó como falso «presidente interino» para crear un «Gobierno de transición», se descubre un plan que forma parte de las mismas acciones generadas desde el 2018 para intentar sacar a Maduro y su Gobierno del Poder.

 

La policía de transito de Colombia realiza una importante incautación de armas de guerra en la frontera con Venezuela, y la inteligencia venezolana comienza a atar cabos y descubre un complot con fines sediciosos que vincula a Guaidó con varios prófugos de la justicia venezolana, entre ellos diversos militares desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como de cuerpos policiales venezolanos, que participan en una red criminal que busca realizar magnicidios selectivos contra los distintos jefes de los Poderes Públicos, así como generar acciones terroristas.

 

Uno de sus coordinadores es el prófugo Cliver Alcalá Cordones, quien trabaja para el régimen de Trump, y que tenía la responsabilidad de hacer ingresar este lote de armas para entregarlos a mercenarios que ya estaban en territorio venezolano, para así perpetrar los asesinatos a líderes del Gobierno.

 

Tras ser descubierto el plan, Alcalá Cordones ofrece una entrevista al medio colombiano WRadio en la que confirma que sí son responsables de esta plan y que Juan Guaidó había firmado un contrato para ejecutar esta maniobra paramilitar, bajo la coordinación de dos agentes del Gobierno de los Estados Unidos que calificó como asesores.

 

En esa misma entrevista, Alcalá habla también de Robert Colina Ibarra, alias «Pantera», un militar desertor que fue escolat del ex ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, y que estaba encargado de uno de los tres campamentos de entrenamientos de mercenarios ubicados en la frontera de Colombia con Venezuela, en este caso, en la localidad de Riohacha.

 

Al saberse el escándalo, el Gobierno de Estados Unidos busca salir al paso al sacar un listado de «Se Busca» al estilo del lejano Oeste, en el que ponen precio a la cabeza del presidente Maduro de 15 millones de dólares y varios de los miembros de su tren Ejecutivo por 10 millones de dólares cada uno, a los que sumaron varios ex funcionarios que ahora trabajan para ellos y que son utilizados como fuentes para justificar con falsos testimonios, la supuesta existencia de una red narcotraficante, entre ellos Alcalá Cordones.

 

De hecho, cuando Alcalá Cordones daba la entrevista, la interrumpe abruptamente porque dice que lo está llamando «un asesor» estadounidense y que luego devolvía la llamada, pero no se comunicó más.

 

El plan, ahora conocido como «Operación Gedeón», quedaba a medias, y su principal estratega, el estadounidense Jordan Goudreau, quien mantenia los entrenamientos de 60 hombres en un cementerio ubicado en Colombia, en la frontera con Venezuela, decidió proseguir la orden de la adminstración Trump de acabar con el Gobierno de Maduro.

 

El domingo 3 de mayo de 2020, efectivos de la Fuerza Armada en cooperación con la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) descubrieron la incursión de un grupo de mercenarios en las costas de Macuto, La Guaira, que pretendía entrar al país para realizar los asesinatos selectivos que había develado la inteligencia venezolana al descubrir la red coordinada por Juan Guaidó, Cliver Alcalá y otros nombres que se vinculan al plan como el de Julio Borges, Luisa Ortega Díaz, Iván Duque, entre otros.

 

Luego que las autoridades venezolanas dan con estos mercenarios, el estadounidense Goudreau da una entrevista desde Colombia, vía video llamada, a la prófuga de la justicia Patricia Poleo, quien vive en Miami, Estados Unidos.

 

En esa entrevista, Goudreau asume la incursión militar y alega que sus hombres decidieron hacerla porque Juan Guaidó los había traicionado al no financiar su estadía en Colombia, donde los tenía pasando hambre y que los utilizaba como pretexto para enriquecerse.

 

De esa forma Goudreau muestra el contrato firmado por Juan Guaidó, Juan José Rendón, Sergio Vergara y Manuel Relutera, el cual establece que le pagarán a Silvercup USA INC. la cantidad de 212 millones de dólares para ejecutar «la liberación de Venezuela». El mercenario estadounidense le dice a Poleo que tomó la decisión de develar los firmantes del contrato porque lo habían violado a todas luces, al no cancelar «ni un centavo» de lo que habían acordado.

 

El contrato establece que las garantías de pago que les dan a la empresa contratista de mercenarios es el petróleo venezolano, seguramente del mismo dinero robado a CITGO y Monómeros, filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y Colombia,

 

Posteriormente se supo que en ese grupo de asalto paramilitar que incursionó por Macuto estaba alias Pantera, quien fue falleció en la Operación Negro Primero ejecutada por las autoridades venezolanas.

 

La segunda incursión fallida fue interceptada este lunes, 4 de mayo de 2020, cuando las autoridades venezolanas junto a un grupo de pescadores, dieron con el segundo grupo de terroristas que pretendía entrar esta vez por las costas de Aragua, específicamente por Chuao.

 

Las alertas por la operación mercenaria que se sabía en marcha así como el patrullaje del pueblo y la unión cívico-militar, permitieron la captura de otros ocho mercenarios en Chuao y otros dos en Puerto Cruz. Todos capturados con vida. En este grupo se encontraban dos agentes de estadounidenses de Silvercup USA INC, a quienes los demás detenidos identificaron como miembros de la seguridad personal de Donald Trump.

 

En ese lote de capturados también estaban dos funcionarios policiales de Miranda y Baruta. El hijo del exgeneral Raúl Isaías Baduel, también vinculado a estos planes, y el capitán desertor Antonio Sequea, que participó en la intentona fallida del 30 de abril de 2019 en La Carlota, y que había estado entrenando en Colombia con los mercenarios luego de huir del fracasado golpe.

 

(LaIguana.TV)

 
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