Las labores de inteligencia del Estado venezolano, en relación con los planes para derrocar al presidente Maduro, han sido tan eficientes y las acciones derivadas tan certeras que, para este sábado, ya están claras las responsabilidades del supuesto gobierno de Juan Guaidó y los grupos extremistas en la frustrada incursión armada del pasado 3 de mayo.
El cúmulo de evidencias presentado por medios de comunicación y actores aliados a Estados Unidos y a los grupos extremistas, que corroboran la trama develada por los cuerpos de inteligencia, es tan claro que las órdenes de captura contra colaboradores cercanos de Guaidó, anunciadas el viernes por el Ministerio Público, fueron criticadas duramente por sectores del chavismo que se preguntan por qué no se aplica una medida similar contra el líder del ilegal “gobierno interino”.
Lo que parece mostrar la dinámica mediática de los últimos días es que una eventual detención del autoproclamado “presidente interino” sería la solución al dilema que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados locales parecieran enfrentar sobre cómo salir de Guaidó, cuyo entramado de corrupción e ineptitud ya venía haciendo fracasar la tarea de acabar con el Estado bolivariano, rasgando a menudo el velo que encubre la participación estadounidense.
De allí que la tarea de actores mediáticos y políticos, en la última semana, esté dirigida a establecer la participación y protagonismo de este “presidente” en el fracaso de una aventura desesperada e inexperta, así como exculpar a la administración de Trump de tal desmán, liberándolo de los costos políticos y legales que podría enfrentar en su país, especialmente cuando se encuentra en plena campaña electoral.
El comunicado emitido el viernes pasado por el partido Primero Justicia es la primera de las acciones comunicacionales en la que se deja entrever la posibilidad de salir de Guaidó. En términos simples, el partido amarillo le advierte que sin la Asamblea Nacional “no existe la legitimidad de la Presidencia encargada de la República”; le acusa de haber perdido el objetivo de su tarea y de gastar energías en la “creación de una casta burocrática”; rechaza las acciones acontecidas el pasado 3 de mayo porque “frustra al pueblo” y “destroza” la confianza entre los aliados y le exige la destitución inmediata de quienes “se vincularon con estos actores de grupos ilegales”. Más importante aun, solicita el inicio de una investigación “independiente” por parte del órgano legislativo para establecer responsabilidades, pues “no es suficiente señalar que la operación de grupos ilegales estaba infiltrada por los servicios de inteligencia del régimen de Maduro”.
Primero Justicia es crucial para la vida de la “presidencia interina”, ya que hace parte del “gobierno encargado”, en el que su fundador y coordinador nacional, Julio Borges, funge como “canciller” desde Colombia, a donde huyó hace un tiempo. Hasta este sábado en la noche, Borges no se había pronunciado sobre la fallida incursión armada ni sobre la posición de su organización.
Este partido fue aliado fundamental de Estados Unidos para la creación en Venezuela del “Estado paralelo” con el que se ha pretendido sustituir a los poderes públicos constituidos legítima y legalmente. Una estrategia del país norteamericano, ya usada en medio oriente, que consistió en construir una falsa imagen según la cual en Venezuela existía un Estado fallido y forajido que obligaba a las fuerzas “democráticas” a la restitución del orden constitucional, a través del único poder público que controlaba como lo es la Asamblea Nacional, desde donde se ha construido un andamiaje pseudo jurídico para justificar el “gobierno encargado”.
Pero las cosas no fueron fáciles y las rencillas entre diputados de este partido y Guaidó, provocaron la rebelión de los primeros, con lo que se rompió la mayoría calificada parlamentaria que se tenía hasta el momento. En enero pasado, y a falta de los votos necesarios para reelegirse, Guaidó montó una Asamblea paralela que ni siquiera ha podido sesionar en la sede legislativa y cuya legalidad fue cuestionada incluso por otros sectores de la oposición. En este contexto, Primero Justicia estaría intentado construir un escenario en el marco de su pseudo legalidad que permitiese un cambio que sea reconocido por sus aliados internacionales.
La operación de posicionamiento mediático
El posicionamiento de una matriz de opinión que excluya a Estados Unidos de haber participado en una incursión armada y establezca como responsable a Guaidó comenzó dos días antes de los sucesos, cuando la agencia estadounidense de noticias AP publicó un reportaje del periodista Joshua Goodman sobre “un fallido intento de expulsar a Maduro del poder”, en el que se relatan los esfuerzos del ex oficial desertor Cliver Alcalá Cordones por organizar una conspiración armada que ya había sido alertada por el gobierno venezolano.
Allí aparece por primera vez el nombre del contratista en asuntos de seguridad Jordan Goudreau, y su empresa Silver Corp, como el responsable de armar y adiestrar a 300 hombres reunidos por Alcalá Cordones. Lo inusual de este relato llevó al propio Goodman –corresponsal de la AP en América Latina, donde ha hecho cobertura por más de 20 años y quien reside en Miami- a calificarlo como una “extraña e inédita historia”.
La intencionalidad del periodista fue clara al afirmar, en siete oportunidades, que el gobierno de Trump desconocía los planes, pues no se encontró evidencia de lo contrario. Pero los extremistas sí que conocían, dijo Goodman. “…los líderes de la oposición venezolana respaldados por Washington sabían de la fuerza encubierta”. Es decir, Estados Unidos no estuvo involucrado pero los dirigentes extremistas sí.
Cuando en la mañana del 3 de mayo se inició la incursión armada, el mensaje clave de Goodman tenía 48 horas rebotando por los principales medios del mundo.
De allí en adelante, una avalancha de fuentes, datos e informes en distintos medios le fueron dando forma, ya no a un complot para desalojar al Presidente Maduro, sino a una compleja madeja de intrigas para acusar o absolver a los actores.
El primero de ellos fue el propio contratista Goudreau, quien, el mismo día de la incursión frustrada, acusó del fracaso a Guaidó por haber incumplido un contrato de servicios que habían firmado en octubre. Siete páginas del convenio fueron difundidas por el ex boina verde, una actitud considerada extraña en un contratista militar. También divulgó un video en el que se oye la voz del “presidente interino” y que habría sido grabado subrepticiamente durante una videoconferencia, en medio de la cual se habría firmado el contrato. Con los días, la imagen que estaban retratando los grandes medios estadounidenses sobre este contratista –que aseguró pertenecer a los círculos de seguridad más cercanos a Trump- pasaría de ser la de un soldado condecorado y profesional al de un incapacitado mental, pendenciero y cazafortunas.
Esto no impidió que el siete de mayo, The Washington Post -uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, de corte liberal y que actualmente es propiedad de Jeff Bezos, el también dueño de Amazon- tomara como cierta la grabación difundida por Goudreau para vincular al “presidente interino” con la operación armada.
En una extensa nota, titulada De Miami a Venezuela: así falló el plan de capturar a Maduro, el diario indica que la conspiración se inició en la residencia, ubicada en Miami, de JJ Rendón, el asesor de estrategia de Guaidó y quien había sido nombrado por éste en una comisión cuyo objetivo era explorar todas las posibilidades de derrocar al presidente Maduro. Y así lo admitió Rendón, cuyo interés no era negar lo que ya todo el mundo sabía. El periódico estadounidense no fue el único para el que habló este publicista y psicólogo, conocido por sus campañas de guerra sucia en los medios.
En una apretada agenda que lo llevó a declarar a algunos de los más importantes medios del mundo, Rendón –uno de cuyos clientes fue Alvaro Uribe Vélez- puso énfasis aparente en tres puntos: el primero que Guaidó no firmó el contrato como sí lo hicieron él y Sergio Vergara, un diputado comprometido en el caso del robo del dinero que se suponía dispuesto para atender a los soldados desertores que llegaron a Colombia, y quien también formaba parte de la comisión, de la que el “presidente interino” recibió reportes y documentos de sus actividades, incluido el contenido del contrato. “El acuerdo no se firmó a espaldas del presidente, pero tampoco con su anuencia”, le dijo Rendón a W Radio de Colombia. El segundo tema se refirió a la participación del gobierno de Estados Unidos, con el que nunca compartió, dijo, los detalles de su plan. El tercero que en noviembre, Guaidó había desestimado el plan por “sentirse incómodo” con el contratista.
Pero lo que parecía un tema menor, no lo fue. En su supuesto empeño por demostrar que Guaidó no había firmado el contrato, Rendón se refirió al resto del documento que, indicó, era de 42 páginas. En alguna de sus declaraciones, ofreció la entrega de los mismos. Y todo indica que fue él quien le dio a The Washington Post la totalidad de las páginas de un convenio en el que se detallan todos los pormenores, no solo de una operación que preveía la captura o eliminación del Presidente Maduro y otros dirigentes del proyecto bolivariano, sino también lo que pasaría una vez que los extremistas tomaran el poder, lo cual habría significado el fin de la República.
Lo que no explicaron los medios es por qué Guaidó aceptó firmar un contrato de tal naturaleza. El sociólogo y articulista Leopoldo Puchi, indicó el sábado 9 en su columna del diario El Universal que “la elaboración de un contrato es un requisito del gobierno de EEUU para otorgar licencias a las empresas de servicios militares en el exterior”.
Es decir, Goudreau requería la existencia de un instrumento legal para solicitar la licencia ante la oficina del Departamento de Estado que se encarga de regular la exportación de artículos y servicios de contratistas militares privados. No hay que olvidar que en Estados Unidos este tipo de “servicios” es legal y común. Tanto que para 2014, las tareas militares de los contratistas presentes en Afganistán representaban 70% del total de las actividades bélicas estadounidenses en ese país, de acuerdo con un reportaje publicado ese año en la página web de la Cruz Roja Internacional.
No se conoce si la oficina gubernamental ya había otorgado la licencia respectiva, pues ninguno de los medios estadounidenses consultados parece haberle prestado atención al asunto. Lo que sí se reitera en las informaciones de estas corporaciones mediáticas es que eran dudosas las afirmaciones de Goudreau sobre sus relaciones con el gobierno de ese país.
Mientras los medios estadounidenses posicionaban la idea de que la administración Trump no estuvo involucrada en la incursión, Panampost -un medio digital dirigido por un venezolano y del que se ha dicho está ligado a María Corina Machado- hizo su propia versión de los hechos, a partir de lo publicado por las corporaciones norteamericanas. El detalle de la nota es que en ella se asegura que Guaidó se reunió en Miami con Alcalá Cordones, y que Rendón mantenía vínculos con Javier Nieto Quintero, ex oficial desertor, quien se atribuyó, junto con Goudreau, la comandancia de la incursión frustrada. Alcalá Cordones es repudiado por buena parte de la oposición extremista, debido a su pasado como activo militar chavista.
Para el viernes, la matriz mediática ya se había instalado: Trump está fuera de cualquiera vinculación, mientras Guaidó sería el responsable político del fracaso de la aventura que le compró a un “vendedor de misiones suicidas”, como le calificara el diario estadounidense The New York Times, otro de los medios influyentes de ese país, también de corte liberal.
Ese día, Trump tiró del gatillo verbal que le es propio e insinuó la falta de inteligencia en la planificación y ejecución del asalto. “Vi las fotos en una playa. Obviamente no fue dirigida por el general George Washington”, dijo. “Si alguna vez tuviéramos que hacer algo en Venezuela, no será de esa forma. Sería ligeramente diferente. Se llamaría invasión”.
Si el contexto mediático ya es favorable para un eventual cambio de Guaidó, aun deberá resolverse la situación planteada con la Asamblea Nacional, así como la correlación de fuerzas necesaria para la construcción de una opción que sustituya al “presidente interino”. Esta realidad política parece haber sido comprendida bastante bien por el gobierno del Presidente Maduro que ha sido cauto en no ofrecer caminos dorados a favor de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Mientras, Guaidó sigue en caída libre.
(Taynem Hernández /La IguanaTV)
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