Este viernes, Fatou Bensouda, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, anunció que se han realizado «avances significativos» en la evaluación preliminar de las causas sobre Venezuela introducidas ante ese ente y que aspiran a tomar decisiones en la materia durante los próximos meses, reportó la agencia EFE.
En ese sentido, Bensouda precisó que en este momento reposan en la corte dos causas cuya admisibilidad está siendo evaluada por separado. Por una parte, está aquella en la que Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay exigen la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública en contra de manifestantes, durante las llamadas «guarimbas» de 2017 y por otro lado, la que el pasado mes de febrero introdujo el Gobierno Bolivariano en contra de Estados Unidos, relacionada con los efectos de las medidas coercitivas sobre la población.
Específicamente, Caracas demanda que las sanciones impuestas por la administración Trump le han impedido acceder a sus activos en el extranjero, comerciar petróleo y realizar intercambios con terceros países o empresas, con lo cual los ingresos nacionales se han visto muy mermados, amén de impedir la adquisición de insumos esenciales como alimentos, medicinas y piezas industriales, algo que la pandemia de Covid-19 no ha hecho sino agravar.
Expertos como Alfred De Zayas, quien ejerció como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario, ha estudiado ampliamente el efecto de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos sobre Venezuela y según sus investigaciones, al menos 100.000 venezolanos han fallecido a consecuencia de este accionar inhumano, principalmente debido a la imposibilidad de acceder oportunamente a medicamentos.
«El 13 de febrero constituye un día clave en el caso venezolano. Las medidas coercitivas unilaterales matan, lo constaté en mi informe, constituyen un crimen de lesa humanidad», dijo De Zayas en el foro «Medidas Coercitivas Unilaterales como crimen de lesa humanidad: El caso de Venezuela», celebrado en Ginebra el pasado 26 de febrero.
Respecto de las causas, la fiscal general de la CPI destacó que deben «analizar toda la información» que han recibido y si bien estas se están examinando por separado, advirtió que «esto podría cambiar más tarde, si determinamos que el alcance de ambas situaciones está suficientemente vinculado».
Finalmente, recordó que las solicitudes consignadas por los países no conducen automáticamente «a la apertura de una investigación», aunque «si su oficina concluyese que se cumplen los criterios para llevarla adelante, no tendría que requerir una autorización a una sala de cuestiones preliminares, tal y como ocurre en los casos en los que no existe la remisión de un Estado parte», sintetizó EFE.
Sin embargo, la no admisibilidad de una causa no implica necesariamente su fin. A este respecto, Bensouda indicó que los países «pueden pedir una revisión judicial a una sala de cuestiones preliminares de la CPI».
(LaIguana.TV)
