El pasado martes 26 de mayo, durante la edición 98 de Desde Donde Sea, Miguel Ángel Pérez Pirela explicó detalladamente los asientos del esquema de saqueo implementado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, Leopoldo López y Julio Borges, entre otros, quienes en contubernio con juzgados internacionales corruptos, buscan apropiarse de la riqueza del Estado venezolano a través de privatizaciones, acciones que constituyen graves delitos dentro y fuera del país. 

«De facto, concretamente, lo que está intentando hacer Juan Guaidó con José Ignacio Hernández es un acto delincuencial, es un acto delictivo, es un acto de privatización de un dinero que es público», puntualizó el analista. 

El pasado martes 26 de mayo, durante la edición 98 de Desde Donde Sea, Miguel Ángel Pérez Pirela explicó detalladamente los asientos del esquema de saqueo implementado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, Leopoldo López y Julio Borges, entre otros, quienes en contubernio con juzgados internacionales corruptos, buscan apropiarse de la riqueza del Estado venezolano a través de privatizaciones, acciones que constituyen graves delitos dentro y fuera del país. 

«De facto, concretamente, lo que está intentando hacer Juan Guaidó con José Ignacio Hernández es un acto delincuencial, es un acto delictivo, es un acto de privatización de un dinero que es público», puntualizó el analista. 

A su parecer, para alcanzar estos fines, el paso esencial fue «desconocer al Estado venezolano«, «porque desconociendo al Estado venezolano, desconocía también a funcionarios, como por ejemplo, al presidente del Banco Central de Venezuela, al contralor». De este modo, al nominar funcionarios paralelos para el ejercicio de esas labores, consiguieron que «tribunales internacionales mafiosos y pagados» los reconocieran como legítimos representantes del Estado venezolano, con los cuales negocian el remate de activos de la República en condiciones muy desventajosas para el país, pero altamente lucrativas para los bolsillos de este grupo de poder. 

Para ilustrar el punto, explicó lo sucedido con la empresa Citgo, la más importante propiedad de Venezuela en el extranjero, que a pesar de estar valorada en 34 mil millones de dólares, «un tribunal corrupto y comprado de los Estados Unidos, la está rematando por 1.200 millones de dólares». 

No obstante, el negocio fraudulento no acaba allí, pues de esos «1.200 millones de dólares, le pasan su comisión a Juan Guaidó, a José Ignacio Hernández, a Leopoldo López, a Julio Borges. Les pasan su comisión de unos cuantos cientos de millones de dólares y Donald Trump y sus amigotes empresarios, y los Estados Unidos –su Tesoro–, se quedan con una empresa de 34 mil millones de dólares», todo ello «en nombre de la democracia», precisó Pérez Pirela. 

Empero, las operaciones de este tinglado mafioso contravienen lo establecido en la legislación internacional en materia de protección de las riquezas de los Estados soberanos, entre ellas, la Ley de Inmunidad Soberana sobre las Reservas Internacionales que invocara la vicepresidenta Delcy Rodríguez a propósito del oro retenido irregularmente por el Banco de Inglaterra y por cuya repatriación lucha Venezuela desde hace algunos años. 

«Como este oro venezolano hace parte de nuestras reservas internacionales, determina el precio de nuestra moneda y la fundamenta, determina el poder adquisitivo, entre otros elementos económicos y macroeconómicos, se está cayendo en un delito internacional», destacó el filósofo.

Así, a su juicio, tras esta disputa subyacerían dos lógicas: por un lado, «una lógica republicana, donde se habla de reservas internacionales al hablar de este oro, y otra lógica, que no es la lógica de reservas internacionales sino la lógica del botín, que es la lógica de los privatizadores, que es la lógica de estos mafiosos financieros de cuello blanco«, representada por Juan Guaidó y sus colaboradores y aliados. 

De allí que ese proceso de desconocimiento de autoridades que emprendió este factor extremista, haya sido un movimiento estratégico necesario para apropiarse de las riquezas de los venezolanos y las venezolanas, pues lejos de pretender ejercer el poder en la República, querrían seguir operando este lucrativo negocio y el reconocimiento del Estado paralelo por el cual luchan, no obedece a otros fines que transar los dineros venezolanos a cambio de millonarias comisiones. 

«Se trata, pues, de un despojo, de una piratería y de un delito financiero como pocos en la historia de Latinoamérica, porque la acción fundamental aquí es quitarle a Venezuela su soberanía jurisdiccional», algo que preveía el contrato suscrito por Juan Guaidó y J.J. Rendón con la contratista mercenaria SilverCorp, concluyó el experto. 

(LaIguana.TV)

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