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Un informe publicado recientemente por el Parlamento Europeo constata cómo las medidas de austeridad adoptadas desde el 2010, han mermado los derechos fundamentales en España.

 

El estudio, elaborado por la consultora Milieu, a petición de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Cámara, hace un recorrido por diferentes aspectos como la educación, la sanidad o la vivienda, y analiza los recortes puestos en marcha por el Gobierno bajo el mantra, tantas veces repetido, de la necesidad de recortar el gasto y fomentar la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos.

 

El análisis, citado por la web eldiario.es, alerta sobre la fractura social y recomienda medidas para combatir la desigualdad y la injusticia social, consecuente de las medidas de austeridad  tomadas por el Gobierno a cambio de los fondos que España necesitó para recapitalizar parte del sector financiero.

 

El texto dice: «Algunas medidas de austeridad han conducido a un preocupante aumento de la pobreza, lo que afecta de forma negativa al ejercicio de los derechos fundamentales».

 

Además, el informe evidencia cómo las medidas impuestas por el Gobierno español, lejos de contribuir a la recuperación económica, han aumentado el empobrecimiento de la población y la pobreza infantil (que según la Unicef se ha elevado en un 48% entre el 2008 y el 2012).

 

En España se han visto vulnerados el derecho a la sanidad y a la educación, en cuyo caso la inversión ha caído lo que se  ha traducido en un aumento del gasto medio por hogar en enseñanza del 30,3% en 2013 con respecto a 2006, cita el portal, en referencia al análisis.

 

El informe pone de manifiesto la restricción del gasto público en el sector salud, la reducción del número de personal sanitario y sus salarios, la puesta en marcha del copago farmacéutico, el aumento de las listas de espera, la merma del número de camas de hospital, y el cierre de las emergencias en algunos centros de salud.

 

También cita el llamado decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular. Los recortes, remarca el informe, «suponen graves riesgos para la población, especialmente para aquellos grupos con menores ingresos y en riesgo de exclusión».

 

El derecho al trabajo y a la pensión por jubilación, la tasa de desempleo en la que está sumido el país (23,7%), el desempleo juvenil (un 51,8% de los jóvenes de entre 16 y 24 años no tienen trabajo), el derecho digno a la vivienda, y el derecho a una tutela judicial efectiva, también son cuestiones abordadas por el estudio.

 

Igualmente, revela una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas del 0,35% en 2014, tras la reforma del sistema de pensiones, tendencia que continuará a la baja debido al hecho de que las pensiones no aumentarán más del 0,25% hasta 2019 y al mismo tiempo se prevé un aumento de los precios.

 

Además, el texto incluye críticas sobre la primera versión de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformada y aŕobada el pasado 26 de marzo: «El Gobierno eligió inicialmente presentar propuestas legislativas que ampliasen las sanciones contra los manifestantes», reza el estudio. La norma ha sido suavizada, pero no lo suficiente para que se deje de calificar como «ley mordaza».

 

(LaIguana.TV)

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