Este jueves, el filósofo y experto en comunicación política, Miguel Ángel Pérez Pirela, disertó este jueves 02 de julio en Desde Donde Sea acerca de los mecanismos implementados por naciones del Norte del mundo para expoliar los recursos de Venezuela en el extranjero, en una reedición del colonialismo para la cual, actores locales como Juan Guaidó, son apenas la excusa para judicializar la política de los Estados.
 
El tema cobra nuevamente relevancia, después de que un juez británico dictaminara que 31 toneladas de oro pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés), debían ser entregados a Juan Guaidó, a quien el gobierno de Boris Johnson reconoce como gobernante «legítimo» del país. 
 
Al respecto, refirió que nos encontramos frente a una especie de legalización del despojo, de la piratería, del robo, pues en varias partes del mundo se está dando ese mismo fenómeno en contra de los activos del Estado venezolano. 
 
En su opinión, estas acciones revisten gravedad, toda vez que se pretende robar a un país a partir de la decisión de un juez o un fiscal y de allí que quepa el término «judicialización», una práctica que supone una superación de la lógica que regía el expolio surgido en las guerras, en las que el ejército vencedor podía hacerse del control y saquear las riquezas de una nación, después de haber conquistado el terreno. En contraste, explicó, hoy en día se le da a un juez la potestad de estar por encima de las leyes de un país. 
 
Por ello, impera denunciar a «estos saqueadores –ingleses, europeos–» de las riquezas de los venezolanos y las venezolanas, puesto que, aunque varíen las formas, no se trata en modo alguno de una práctica actual, sino que sus orígenes se remontan al siglo XVI. Para muestra, ilustró, basta con preguntarse lo que hicieron ingleses, franceses y alemanes en África o lo que han hecho los Estados Unidos a lo largo de toda su historia, en lo que llaman su «patio trasero», es decir, en América Latina.
 
La respuesta, para Pérez Pirela, es clara: «expoliar, robar» y si bien antes se hacía a través de las armas y los pueblos tenían la oportunidad de ofrecer alguna resistencia, ahora, las potencias colonialistas ni siquiera tienen el valor de venir al territorio a expoliarnos y prefieren esconderse detrás de leyes inglesas y tribunales estadounidenses.
 
En este último caso, comentó, se trata de las mismas instancias que fraudulentamente valoraron la empresa Citgo en 1.200 millones de dólares, cuando en realidad vale 34.000, pudiendo apropiarse, sin problemas, de la diferencia.
 
Paralelamente a la expoliación del oro venezolano, el experto mencionó que durante la noche de este miércoles 1 de julio, se presentó ante una Corte Federal del Distrito de Columbia, un recurso a partir del que se pretende confiscar cuatro tanqueros iraníes que navegan rumbo a Venezuela con combustible. 
 
Citando una nota publicada por The Wall Street Journal, el fiscal a cargo adujo que los navíos son propiedad de un empresario ligado a la Guardia Revolucionaria Iraní  –organización catalogada como terrorista por Washington– usaría esas ganancias para financiar la construcción de armas de destrucción masiva y otras acciones terroristas. 
 
El diario no tuvo reparo en admitir que «se trata de una medida de presión para que Irán y Venezuela cumplan con las demandas estadounidenses», declarando, con ello, que jueces estadounidenses pueden pasar por encima de lo estipulado por el Derecho Internacional y pueden condicionar y torpedear el derecho al libre comercio entre dos naciones soberanas.
 
Así, invocando al filósofo alemán Immanuel Kant, se pregunto si acaso ello daba pie para pensar que lo que dijera un fiscal en los Estados Unidos o el fallo que emitiera un juez en el Reino Unido, equivalían a leyes universales, capaces de pasarle por encima a la soberanía de los países. 
 
A su parecer, se trata de «neocolonialismo del más palurdo y del más cobarde», pues hoy en día, en lugar de emprender acciones que requerirían cierto grado de compromiso y valentía, como las que operan en el terreno bélico, «desde los aires acondicionados y los testículos entalcados» de las oficinas de burócratas en Washington y Londres, se decide que el oro no es de los venezolanos sino de un diputado que se autoproclamó presidente. 
 
Refiriéndose a la «embajadora» de Juan Guaidó ante el Reino Unido, Vanessa Newman, el filósofo recordó que otrora, ella intentó intercambiar el Esequibo por el Palacio de Miraflores y ahora, además del Esequibo, entregaron el oro de la nación, para que Inglaterra le dé su venia colonial a Guaidó y él se sienta presidente. 
 
En ese orden de ideas, Pérez Pirela subrayó que el todavía parlamentario no será presidente porque aunque entregue todo el oro y todas las riquezas a gobiernos extranjeros, eso no disminuirá el rechazo que por él siente el pueblo venezolano.
 
Sus acciones delincuenciales, recapituló, hasta el momento se han traducido en que ingleses se hayan robado el oro, que los colombianos se hayan robado Monómeros y que  estadounidenses se robaran Citgo.
 
Este último expolio, en su criterio, no dejó indiferente ni siquiera a Euronews, que hoy, en tono irónico, tituló que «Inglaterra dio oro venezolano a Guaidó». A su parecer, este titular refleja «el malestar» que causó la noticia –algo que no es habitual en un medio con ese perfil–, puesto que para que manifieste tal cosa, implica que hay manera de justificar el desmán desde ningún punto de vista.
 
Más grave todavía resulta percibir que, a este ritmo, va a llegar un momento que Juan Guaidó y su grupo «no van a tener qué más robarse», en nombre de una supuesta lucha contra la supuesta dictadura de Nicolás Maduro, cuando en realidad se trata de «una banda internacional de delincuentes», que poco más de un año se ha robado billones de dólares pertenecientes al pueblo de Venezuela.
 
De ahí que la decisión del juez británico resulte absolutamente elocuente para ilustrar su modus operandi, que el comunicador calificó como un acto de «piratería pura»: se le otorga a un particular el control de 31 toneladas de oro que estaban depositados en el BoE, pues el gobierno ficticio que dice encabezar el parlamentario no posee cuentas nacionales. De esta manera, los recursos, que constituyen una parte del patrimonio venezolano, fueron a parar a sus cuentas personales o, peor todavía, a las del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
 
Así, Nigel Taere, un «burócrata aburrido y bucólico» acabó por decidir el destino de una porción la riqueza perteneciente a 30 millones de venezolanos, arguyendo que «el gobierno de Su Majestad ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente de Venezuela» y que, por lo tanto «forma parte de la junta directiva del Banco Central de Venezuela».
 
Miguel Ángel Pérez Pirela considera que el gobierno ficticio de Juan Guaidó no existe y que en su lugar, él y su círculo cercano han puesto en marcha una operación financiera para despojar a Venezuela de sus riquezas en tiempo récord.
 
Refiriéndose a las reacciones que precedieron a la decisión del juez inglés, trajo a colación las declaraciones que hiciera el abogado que representa al Gobierno Bolivariano en Londres, Sarosh Zaiwalla, quien acusó al BoE de impedir que el oro, que pertenece a todos los venezolanos, le llegara a la población, en tanto la solicitud de la junta directiva del BCV fue que los recursos derivados del oro se otorgaran a la Organización de las Naciones Unidas para atender las necesidades de la población –compra de alimentos, medicinas y equipos médicos– derivados de la pandemia de Covid-19. De este modo, el proceder de la entidad financiera se corresponde con un delito de lesa humanidad y, por tanto, no prescribe. 
 
Zaiwalla también aseguró que ninguno de los miembros de la «junta directiva ad-hoc» del BCV nombrados por Guaidó vive en Venezuela desde hace años. Unos residen en Washington y otros, en Colombia. 
 
La decisión del juez, rememoró Pérez Pirela, está precedida por las cartas que enviara Guaidó a la entonces Primera Ministra, Theresa May y al gobernador del BoF para que no entregara el oro al gobierno de Maduro, aduciendo que sería utilizado con fines corruptos. Con base en tal antecedente, Taere se lo otorgó «a un carajito, que no sabe ni hablar», y que se autoproclamó presidente en una plaza, por instrucciones de Trump en una plaza. 
 
A esa clase de personaje, insistió, le entregaron 31 toneladas de oro venezolano, que en este momento son necesarias para salvar vidas.
 
Tan deleznables procederes, deberían traducirse dentro del pueblo venezolano, más allá de las posiciones ideológicas, en una sola voz de rechazo, pues «toda esa pantomima» del gobierno ficticio, da cuenta de que él no tiene ninguna credibilidad ni dentro ni fuera del país. Incluso, subrayó, hasta el mandatario estadounidense, Donald Trump, lo ve como alguien débil, que no cumplió con nada de lo que había ofrecido, salvo en robarse los recursos de la patria.
 
Empero, la negativa por parte del Reino Unido para devolverle el oro a Venezuela, data de antes de la aparición de Juan Guaidó en el escenario político y en ese orden de ideas, el también director de La Iguana.TV mencionó que las tentativas de repatriación más recientes las emprendió el Gobierno Bolivariano en 2018 y ya entonces no obtuvo una respuesta efectiva. 
 
Luego, continuó relatando, en 2019, con la autoproclamación, adujeron que no se lo podían dar a Maduro porque carecía de legitimidad y sostienen que no lo devolverán hasta que «no haya elecciones viables». 
 
Esto último sería otra prueba que demuestra por qué la porción de la oposición de la que Guaidó es la cara visible, no quiere ir a elecciones, puesto que su papel es fungir como «gestores en el saqueo del país» y en el interín, estadounidenses y británicos, aunque no solo, se quedan con los recursos de Venezuela. 
 
Volviendo a la relatoría de los hechos que precedieron a la decisión de la justicia inglesa, rememoró que a mediados de mayo de 2020, el BCV acudió a la corte para denunciar que el BoF no permitía vender parte del oro para otorgar los recursos al PNUD y así hacer frente a la pandemia de Covid-19.
 
En virtud del fallo de hoy, el analista precisó que el presidente del BCV, Calixto Ortega y el representante legal del gobierno del presidente Nicolás Maduro en este caso, Sarosh Zaiwalla, aseguraron que apelarán la decisión y si bien él no es optimista respecto de la posibilidad de que el fallo cambie, comentó que las partes disponían de tres semanas para presentar un recurso de apelación ante el juez, que, de ser rechazado, deberá elevarse a un tribunal de apelaciones.
 
En este punto de la disertación, se permitió recordar por qué el oro venezolano reposa en las bóvedas de un banco inglés –un tema abordado en una emisión previa de Desde Donde Sea–, precisando que el BoF es el segundo mayor tenedor de oro en todo el mundo, pues aloja 400.000 lingotes y es superado solo por el Banco de la Reserva Federal. Más todavía: un quinto del oro de los gobiernos del orbe se encuentra en Londres, puesto que la capital británica es el centro del comercio de oro en el mundo. 
 
Al corriente de esto, mencionó que en 2011, el presidente Hugo Chávez intentó revertir la situación y solicitó por primera vez la repatriación del oro venezolano depositado en el Reino Unido, aduciendo que Inglaterra no cumplió con la orden del cliente. 
 
Otra de las razones que el analista trajo a colación para justificar esta inusitada tenencia de oro por parte del BoE, es que esa institución financiera asegura que en sus más de 320 años de historia, ni un solo lingote de oro ha sido sustraído de sus instalaciones, por lo que es usado por los bancos centrales para almacenar las riquezas de las naciones. 
 
Sin embargo, frente a ese alegato de presunta seguridad, Pérez Pirela puntualizó que ya no hace falta ingresar a sus bóvedas para robar el oro de un país, pues el gobierno británico, a partir de subterfugios y maniobras leguleyas, «otorga gentilmente» el control de esos recursos a un particular. 
 
Por ello, desde su óptica, es relevante preguntarse a quién le está dando Inglaterra el oro. La respuesta, obviando las normativas y consideraciones propias del orden jurídico nacional e internacional, es simple: a Guaidó, «al campeón de la oposición en casos de corrupción», enfatizó.
 
Dados los comprobados antecedentes sobre sus manejos inadecuados de recursos financieros, es imposible, a su parecer, que el oro no acabe sirviendo para atender a los enfermos de Covid-19 que se encuentran en los hospitales, ni tampoco que se destinen para la adquisición de insumos médicos.
 
Si se contrasta con las declaraciones que emitiera la semana pasada la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Newman, la decisión del juez Nigel Taere no resulta para nada sorprendente, pues entonces ella aseguró: «»Conociendo a los británicos, será mejor que ese oro se quede ahí» y una vez revelado el dictamen, dijo, –palabras más, palabras menos– que no creía que los fondos provenientes del oro se destinarían para atender la crisis por el coronavirus, en tanto esos recursos no eran «una cuenta corriente» de la que se podía echar mano en medio de situaciones contingentes.
 
El oscuro personaje, que además es ciudadana estadounidense y hace años vive fuera de Venezuela, pretendió intercambiar el Esequibo primero y luego eso más el oro venezolano, por la presidencia de Guaidó.
 
Para Pérez Pirela, esta rápida sucesión de eventos de despojo y expoliación de los recursos del Estado venezolano, está relacionada con el hecho de que en seis meses habrá una nueva Asamblea Nacional y Juan Guaidó perderá su condición de diputado, bajo la cual se escuda para decir que es «presidente interino». Por ello, infiere que la expoliación ha de ser muy rápida y en el tiempo que queda, acabarán por «raspar la olla». 
 
En continuación con la descripción del perfil –prontuario de actos de corrupción– de los personajes a los que Inglaterra «regaló» el oro venezolano, el experto rememoró que se trata de aquellos mismos que pretendieron invadir Venezuela a través de Cúcuta, usando como mampara un concierto en el que supuestamente se estaban recolectando fondos destinados a la ayuda humanitaria. 
 
Meses después, los protagonistas del llamado «Cucutazo» quedaron al descubierto, luego de que el medio PanAmPost publicara un trabajo de investigación en el que se acusaba directamente a Juan Guaidó de estar involucrado en la malversación de los dineros destinados a la ayuda humanitaria.
 
La magnitud del escándalo fue tal, que incluso un personaje como Luis Almagro, exigió una investigación y el representante de Guaidó en Bogotá, Humberto Calderón Berti, refrendó las acusaciones del desvío de los mentados recursos, aseverando además que las autoridades de Colombia le habían advertido que ese dinero había sido empleado para pagar fiestas con alcohol y prostitutas, entre otros fines fútiles. 
 
Adicionalmente, Calderón Berti denunció que Kevin Rojas y Rossana Barrera, militantes de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, malversaron al menos 100.000 dólares, sin contar con una deuda que ascendía a los 44.000 dólares. Entonces, el político afirmó que en Voluntad Popular estaban al tanto de estas irregularidades, pero decidieron mantenerlo en silencio. Frente al escándalo, la respuesta de Guaidó fue destituirlo, alegando modificaciones en su política exterior. 
 
Otro de los eventos de corrupción a los que estuvo vinculado el grupo de Juan Guaidó, fue el cobro de coimas a empresarios corruptos dedicados a la importación de alimentos destinados a los CLAP, con el propósito de conseguirles «cartas de buena conducta» emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
 
Aludiendo a una investigación publicada por el portal Armando.info el pasado 01 de diciembre de 2019, Pérez Pirela mencionó que en la trama estaban involucrados 11 diputados, quienes habrían prometido detener las investigaciones por actos de corrupción que se adelantaban en contra de los comerciantes, a cambio de importantes sumas de dinero. 
 
A esto se añade que, a mediados de enero de 2020, el actual presidente del parlamento, Luis Parra pidió investigar el destino de los fondos que la USAID le dio a Guaidó, así como a las personas e instituciones que recibieron esos dineros. 
 
El comunicador precisó que, según la información que aparece en el portal de la USAID, desde 2017 esa agencia le ha otorgado casi 467 millones de dólares a la oposición, por concepto de ayuda humanitaria y tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, se comprometió a otorgar 128 millones de dólares adicionales «para ayudar» a Juan Guaidó. 
 
No obstante, en su criterio, luego de semejante escalada de despojos, queda poco por expoliar y «el negocio redondo» está por fenecer. «Se robaron Monómeros, Citgo, se están robando el oro y están negociando el Esequibo, ¿qué más se pueden robar?», insistió.
 
Por último, aludió a las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien durante una intervención televisiva calificó las acciones del Reino Unido como «un crimen de exterminio» y denunció las pretensiones neocoloniales de ese país, pues «»según ellos, somos una colonia británica nuevamente».
 
Se trata de una legalización leguleya, por parte de jueces y fiscales sin jurisdicción, de una mafia de cuello blanco, que apoyada por EEUU y Europa, terminan decretando a partir de oscuras leyes, que lo que es de nosotros los venezolanos, ya no lo es más, concluyó. 
 
Libro del día
 
«El periodismo según Clark Kent», escrito por el periodista, profesor y político, Earle Herrera. 
 
(LaIguana.TV)
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